LA ALTA COMISIONADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS CONCLUYE SU VISITA A MÉXICO

Ciudad de México, 8 de febrero de 2008—Estoy muy agradecida al Presidente Calderón y al Gobierno de México por invitarme a visitar el país. Ha sido un placer reunirme con el Presidente, con varios de sus Secretarios de Gobierno, Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y con otros miembros de estos órganos, así como con representantes de la comunidad diplomática. En Guerrero, me reuní con el Gobernador, con el Comité de coordinación local que está elaborando un diagnóstico de derechos humanos en ese estado y con representantes de pueblos indígenas. También me reuní con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como con amplios sectores de defensores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil.

El principal propósito de mi visita fue firmar un nuevo acuerdo con el Gobierno de México para definir en lo futuro las actividades de mi Oficina a partir de ahora hasta 2012. Tanto en el entorno gubernamental como de la sociedad civil, mis interlocutores han acogido con beneplácito el trabajo que la OACNUDH ha hecho en el esfuerzo por construir una cultura de derechos humanos, y estoy muy complacida de que con la firma del nuevo Acuerdo este miércoles se podrá continuar este excelente trabajo e incluso expandirlo en el ámbito estatal.

Deseo igualmente destacar que, en la escena internacional, México es una fuerza positiva en la agenda de derechos humanos. Su muy amplia ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, con la inminente ratificación del último tratado sobre desapariciones forzadas, ubica a México a la vanguardia de la campaña que estoy liderando en el 60 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para impulsar la adhesión universal a estos tratados. Bajo el liderazgo de México, el primer año del Consejo de Derechos Humanos también sentó fundamentos sólidos para el trabajo futuro que realizará. La defensa internacional que ha hecho México de los derechos de los trabajadores migrantes y de las personas con discapacidad, así como contra la pena de muerte, refleja el compromiso que tiene ante asuntos de interés mundial.

No obstante, durante mi visita he visto y escuchado que la situación de los derechos humanos en el ámbito nacional plantea persistentes preocupaciones en varias áreas. Entre los principales temas que me presentaron estuvo el uso de los militares que toman parte en actividades destinadas a hacer cumplir la ley. Quiero enfatizar que la primera obligación del Estado es proteger y defender la vida y la seguridad física. En una situación de serios desafíos a la autoridad del Estado de parte de organizaciones

fuertemente armadas y de severas deficiencias en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, incluyendo una corrupción extendida, reconozco el dilema al que se enfrentan las autoridades en el cumplimiento de su responsabilidad por proteger. Sin embargo, utilizar a los militares continúa siendo problemático, pues es fundamentalmente inapropiado –en cuanto a la capacitación, la filosofía, el equipamiento y las perspectivas- en el desarrollo de funciones civiles para hacer cumplir la ley. La atención debe centrarse en dedicar urgentemente los recursos necesarios para fortalecer las instituciones civiles para que trabajen con integridad y profesionalismo. Mientras tanto, los tribunales civiles deben tener jurisdicción sobre los actos del personal militar que desarrolla funciones para hacer cumplir la ley, y deben estar disponibles recursos efectivos ante las violaciones de derechos humanos perpetradas por personal militar.

Un segundo tema clave para el país en este tiempo es el proceso de reforma de la Constitución y del sistema de justicia penal. Hago un llamado al Gobierno y a los legisladores y legisladoras para que aseguren que las normas de derechos humanos adoptadas y afirmadas por México en los tratados que ha ratificado reciban rango constitucional y sean aplicadas como ley suprema en los procesos ante los tribunales. Los tribunales deben también tener el poder, los medios y la voluntad para proveer reparación efectiva por las violaciones de derechos humanos. Me ha quedado muy claro durante mi visita a Guerrero que parte de esa reforma debe también dedicar los medios apropiados en un sistema federal para garantizar que los derechos humanos reciban igual protección a lo largo de todo el país, incluso en los niveles estatales. Los diagnósticos locales en los que mi Oficina está comprometida en varios estados con actores locales son un paso importante en esa dirección.

Otros temas que han sido planteados durante mi visita se refieren a las crecientes limitaciones a la libertad de expresión y de reunión. La concentración de los poderes de los medios en pocas manos sugiere intensamente la necesidad de un mayor pluralismo y una mayor protección de la diversidad de opiniones, necesaria en una saludable sociedad democrática. Los asesinatos y abusos no resueltos de periodistas contribuyen a un clima de impunidad que afecta el derecho de libre expresión. De la misma manera, hacen falta espacios genuinos para la expresión de protesta social y de los disensos de parte de la sociedad civil. Finalmente, como en toda América Latina, los elevados niveles de pobreza llaman urgentemente a un mejor uso de los notables recursos económicos que tiene el país para asegurar el pleno goce de los derechos a la salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social para todas las personas.

Gracias. Tendré mucho gusto de recibir sus preguntas.
7 de marzo de 2008, Ginebra .- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, Sr. Jorge Bustamante (Relator Especial), hará una visita oficial a México del 9 al 15 de marzo. El Sr. Bustamante de nacionalidad mexicana, es presidente y fundador del Colegio de la Frontera Norte (COLEF) en la ciudad de Tijuana y profesor de sociología en la Universidad de Notre Dame. Sus responsabilidades como Relator Especial, incluyen investigar y reportar los obstáculos que impiden la efectiva protección de los derechos humanos de las personas migrantes, incluyendo las dificultades a las que se enfrentan personas indocumentadas o en situación ilegal para su regreso. Su mandato se extiende a todos los Estados miembro de Naciones Unidas.

El Relator Especial estará en el país en respuesta a una invitación realizada por el Gobierno mexicano. Durante su misión visitará el Distrito Federal, y las ciudades de Tijuana, Baja California y Tapachula, Chiapas. En la visita a México –tomando en cuenta que es un país de origen, tránsito y destino- sostendrá reuniones con representantes del Gobierno, organizaciones de derechos humanos, investigadores e investigadoras y otros grupos de la sociedad civil. El Relator Especial también se entrevistará con personas migrantes, a través de sus visitas a los centros de detención y a los albergues.

Durante su misión el Relator Especial tomará en cuenta la visita hecha a México en el año 2002, por la anterior Relatora Especial, Sra. Gabriela Rodríguez Pizarro. Como resultado de su visita al país, el Sr. Bustamante presentará al Consejo de Derechos Humanos su informe respecto del cumplimiento del Estado mexicano de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y formulará las recomendaciones y conclusiones destinadas a promover una protección más eficaz para las personas migrantes.