Declaración conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos y la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

• Reconocemos ampliamente la importante y legítima labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y, en ese sentido, manifestamos nuestro rechazo categórico a cualquier acto de amenaza o agresión que busque limitar sus derechos fundamentales, incluyendo los derechos a la vida, la integridad, de libertad de expresión, asociación o reunión, o que pretenda menoscabar su labor, directa o indirectamente.
• Recordamos que, a la luz del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la Declaración de Naciones Unidas sobre las y los defensores de derechos humanos de 1998 toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional, y que los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Destacamos, en ese sentido, que el marco del 20º aniversario de la Declaración en 2018 ofrece una oportunidad para sumar esfuerzos con los distintos actores en favor de la protección y empoderamiento de las personas defensoras de derechos humanos.
• Hacemos un llamado para que las autoridades, a todos los niveles y órdenes de gobierno, rechacen categóricamente cualquier acto de criminalización, estigmatización o intimidación de las personas defensoras de derechos humanos, y que presten especial atención a grupos en situación de riesgo específico, como las personas que defienden los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los migrantes y personas LGBTI, así como los derechos económicos, sociales y culturales, la tierra y el medio ambiente y los familiares que buscan verdad y justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos.
• Coincidimos en la importancia del Mecanismo, como una herramienta para fortalecer las acciones de protección y prevención en todo el país, a fin de facilitar la labor de los y las defensoras de derechos humanos y la libertad de expresión y asociación. En ese sentido, reconocemos que a cuatro años desde el establecimiento del Mecanismo, se ha logrado progreso importante en ciertas áreas y persisten desafíos en otras:

a) La cooperación con las autoridades entre autoridades federales y las del nivel estatal requiere ser fortalecida, tanto en lo que concierne la implementación de medidas de protección como de alertas tempranas y planes de contingencia. Hacemos un llamado a las autoridades estatales a que redoblen sus esfuerzos en la protección de las y los defensores de derechos humanos, incluyendo a través de la designación de puntos focales que se coordinen con el Mecanismo y que puedan liderar la elaboración de políticas públicas sobre personas defensoras de derechos humanos.

b) El combate a la impunidad para crímenes contra personas defensoras y periodistas representa un gran desafío para asegurar su protección, por lo que hacemos un llamado a las autoridades de procuración y de administración de justicia para que garanticen que dichos delitos sean debidamente investigados y sancionados.

• Subrayamos asimismo la importancia de continuar fortaleciendo el Mecanismo y de asegurar que cuente con los recursos financieros y humanos suficientes para este año 2017. Hacemos un llamado a las autoridades que participan en la asignación y adopción del presupuesto nacional para 2018 a garantizar la asignación de fondos adecuados al Mecanismo, particularmente para el Fideicomiso del cual se financian las medidas de prevención y protección.
• Reiteramos nuestro compromiso para fomentar campañas públicas de reconocimiento de las labores de las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas, así como medidas efectivas y conducentes para que realicen su labor en condiciones de libertad y seguridad, aspectos que fueron señalados en la Recomendación General 25 “Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”, aprobada por el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 8 de febrero de 2016.
• Coincidimos con la importancia de la cooperación internacional y expresamos nuestro compromiso para continuar trabajando en el seguimiento a las recomendaciones del Relator Especial. En ese marco, la Junta de Gobierno acepta, con gratitud, el ofrecimiento para contar con la asesoría del Relator Especial para atender de manera efectiva los retos que enfrenta el Mecanismo, particularmente en lo que corresponde a las medidas de prevención.