La violencia generalizada y el maltrato hacia las mujeres en el parto son violaciones de los derechos humanos que deben terminar, dice experta de la ONU

“Las mujeres que dan a luz tienen derecho a recibir una atención digna y respetuosa, libre de violencia y malos tratos, pero la realidad de millones de personas en todo el mundo que finalmente han hablado demuestra todo lo contrario”, dijo Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, al presentar un informe a la Asamblea General de la ONU.

“Las mujeres sufren violaciones que van desde el abuso verbal, el comportamiento sexista y una humillación profunda, hasta la violencia física, en donde sobresalen procedimientos médicos innecesarios, obligatorios y de rutina, los cuales son realizados sin el consentimiento pleno e informado.”

“Algunas son sometidas a tratamientos quirúrgicos invasivos sin anestesia, los cuales incluyen episiotomías innecesarias, extirpación quirúrgica de la placenta y sutura después del nacimiento. También pueden llegar a sufrir violaciones de la privacidad, acompañadas de abuso físico”.

“Las mujeres a menudo son silenciadas por temor al tabú, la vergüenza y la creencia de que el parto es un evento que requiere sufrimiento de su parte”.

“Estos eventos no son esporádicos, por el contrario, son parte de una violencia de género continua que ocurre en un contexto más amplio de desigualdad estructural, discriminación y patriarcado, y esta violencia sistemática y generalizada y el maltrato hacía las mujeres durante el parto debe terminar”.

Desde 2015, han surgido nuevos movimientos sociales que exigen los derechos de las mujeres en los servicios de salud reproductiva y durante el proceso de parto y mediante los cuales se han roto los tabúes y se ha dado a conocer sobre los patrones de maltrato y violencia que sufren las mujeres, demostrando que estos se encuentran arraigados en los sistemas de salud en todo el mundo.

“No se debe permitir que las causas estructurales de estas formas de maltrato y violencia, incluidos los sistemas de salud defectuosos, la dinámica de poder existente dentro de la relación proveedor-paciente, así como las leyes y prácticas discriminatorias, terminen afectando la salud y el bienestar de las mujeres durante el parto y deben atenderse con urgencia”, dijo Šimonović.

“Los Estados son responsables de abordar las violaciones cometidas por las instituciones de salud, independientemente de que sean cometidas por empleados del sector público o por contratistas privados que trabajan en nombre del Estado. Asimismo, los Estados tienen la obligación de cumplir con sus responsabilidades respecto a los derechos humanos, incluidas las establecidas en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, las cuales instan a perseguir por todos los medios apropiados y sin demora, una política para eliminar la discriminación y la violencia de género contra las mujeres, incluso en el campo de la salud”, afirmo la Relatora Especial.