Respuestas a la crisis del COVID-19: Experto de ONU urge mayor gasto público centrado en la desigualdad, no en las grandes empresas

En una carta dirigida a los gobiernos e instituciones financieras internacionales, el Experto Independiente en deuda y derechos humanos de la ONU afirmó que las inversiones públicas deben también procurar llegar a las pequeñas y medianas empresas, crear empleo sustentable a largo plazo, priorizando los derechos humanos y promoviendo una economía más verde.

Juan Pablo Bohoslavsky afirmó que los pagos de deuda privada deben suspenderse para las personas que se encuentran financieramente afectadas por la crisis sanitaria. Durante tal periodo esos préstamos no deberían devengar intereses.

“Medidas que incluyan la transferencia incondicionales de efectivo para mantener un adecuado nivel de vida, la provisión de refugios de emergencia y la prohibición de desalojos y cortes en los servicios de electricidad y agua deben ser considerados inmediatamente”, dijo el Experto.

“Las lecciones de la crisis financiera del 2008-9 nos ofrecen una ventaja para afrontar los desafíos actuales y futuros. Sabemos demasiado bien cómo ese período vio aumentar el hambre, el desempleo, el incremento de los desalojos, ejecuciones, las personas sin techo, la consolidación de las desigualdades y empujó a demasiadas personas a la pobreza”

Bohoslavsky llamó a una inmediata moratoria de los pagos de la deuda soberana para los países pobres y aquellos que se encuentran agobiados por la deuda. “La reestructuración y alivio de la deuda deben ser adoptados por todos los acreedores a fin de asegurar no sólo la sustentabilidad financiera de la deuda sino también su sustentabilidad sanitaria y social. El caso de estado de necesidad nunca ha sido tan fuerte”.

Los Estados deben también invertir en nutrición, vivienda, sectores educativos, y producción agropecuaria local de pequeña escala y respetuosa del medio ambiente. “Este enfoque no impide que los gobiernos operen como pagadores de última instancia para cubrir los costos de las empresas y pagar salarios durante la crisis, si fuera necesario. Esta política solo estaría justificada si se implementa para evitar el retroceso en los derechos humanos económicos y sociales”.

El Experto Independiente señaló que los Estados podrían establecer un impuesto único al patrimonio; pero también pueden emprender un programa de reforma más ambicioso.

“Este es el momento adecuado para comprometerse seriamente en reformas estructurales para una justicia redistributiva, incluidas las reformas tributarias progresivas, donde se requiera a los millonarios y multimillonarios y a los grandes conglomerados corporativos a contribuir a la sociedad en una medida proporcional a sus fortunas”, afirmó Bohoslavsky.