Experto de la ONU detalla medidas urgentes para garantizar que los sistemas de justicia no se paralicen por el COVID-19

“La crisis COVID-19 ya afecta gravemente el funcionamiento de los sistemas judiciales y amenaza el derecho de las sociedades a contar con una justicia operativa e independiente. En este contexto, el riesgo de conductas abusivas desde el poder político es real y abre condiciones favorables a la impunidad”, dijo.

El experto señaló que, a medida que la crisis de salud mundial erosiona la estabilidad económica y social, aumenta el riesgo de la violencia y la delincuencia y en general, la estabilidad institucional.

“Es indispensable una racionalización inmediata de los servicios esenciales que prestan los sistemas de justicia en torno a asuntos que pueden considerarse prioritarios” destacó. “Podrían ponerse en segundo plano asuntos como el enjuiciamiento de delitos menores y casos civiles o económicos, por ejemplo”.

García-Sayán también dijo que el enorme riesgo que plantea la congestión penitenciaria en la mayoría de países debe llevar a impulsar medidas alternativas a la privación de libertad, detenidos políticos y detenidos por delitos menores.

“Los jueces, magistrados, fiscales y su personal auxiliar, deben recibir una atención especial de salud en la aplicación de los test de descarte, dado que tienen que participar en las audiencias, interactuar con los abogados y estar en contacto con varias autoridades y grupos”, enfatizó el experto.

“La innovación y el trabajo en línea son esenciales, especialmente por parte de tribunales y jueces que tienen que decidir asuntos relacionados con los derechos humanos o una situación de inseguridad creciente que se prevé. Las cuarentenas y el ‘distanciamiento físico’ no deberían impedir que el sistema judicial siga las garantías del debido proceso”, dijo el Relator Especial.