México ante el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas

Por primera vez México será revisado por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus sigla en inglés) el 2 y 3 de febrero. A decir de Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el cruce entre la coyuntura surgida a partir del caso Ayotzinapa y el ciclo de revisión del Comité es inédito y tal vez permita que se facilite llegar a una hoja de ruta precisa para implementar las recomendaciones en la materia.

El Comité —compuesto por 10 expertos independientes en derechos humanos de distintas nacionalidades— se reunirá 2 al 13 de febrero en Ginebra, Suiza, para monitorear la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en cada uno de los 44 Estados nación que han ratificado la Convención -como México- y por tanto están obligados a presentar un informe para la revisión.

El Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Hernández Valencia expuso a El Economista que “por primera vez tendremos un examen pautado que se cruza de manera tan evidente con la coyuntura”.

Explicó que si bien la ocasión del examen está preestablecida, “no quiere decir que la coyuntura no vaya a teñir o influenciar de manera muy marcada el examen del Comité y las ejecuciones que tendrán los expertos”.

Es así que el caso Ayotzinapa, por los hechos, un triste incidente “es también una ocasión inédita para poder llegar a un debate de mayor profundidad y ojalá de mayor posibilidad de incidencia en el sentido de proponer soluciones y vías específicas para desentrampar, no sólo a la coyuntura —en particular al caso de la desaparición de los 43 normalistas— sino a un tiempo largo”.

Para trazar una hoja ruta contra las desapariciones forzadas, en primer lugar es necesario comprender que, aunque las reformas legislativas son necesarias y —en algunos casos— bienvenidas; mucho de la agenda está definido desde hace tiempo no por la acción exclusiva del campo legislativo, sino por el área de definición de políticas públicas y su implementación.

Es decir, si bien es cierto que el poder legislativo tiene tareas y específicamente, leyes qué aprobar; hay áreas de progreso y avance que están exentas y en realidad no necesitan leyes.

El funcionario de las Naciones Unidas puso como ejemplo el tema de la búsqueda urgente y los protocolos de actuación. Aún cuando hoy en el paquete legislativo presentado el año pasado, el punto de reformular la coordinación entre los distintos órdenes municipal, estatal y federal para efectos, incluso de las competencias; la práctica concreta, el uso de recurso, la financiación, la capacitación e inclusive tecnología puesta a disposición de las coordinaciones de los Centros de Información; todo está ya en diversos grados en existencia, y en algunos casos, funcionando.

Caso semejante con las especialidades —como peritos especializados— que no requieren leyes para que se comience a invertir en ese personal y en las líneas de protocolos de actuación que los protejan y con ello evitar que trabajen a marchas forzadas, cuando se requiera, en zonas aisladas donde continúan operando grupos del crimen organizado que implica un riesgo de vida.

“La necesidad de avanzar una agenda legislativa, no debe retardar la urgencia de tener implementadas unas políticas públicas, unos fondos y una reconvención de nuestras capacidades para hacer frente a ciertos temas urgentes: primero, la búsqueda inmediata; segundo, la atención y acompañamiento digno y adecuado a las familias de las víctimas —incluido el acompañamiento psicosocial—; tercero los métodos o fórmulas de diálogos con las familias en las cuales la transparencia y la adecuada transmisión y comprensión de la información que se pone a disposición vaya contextualizada”, expuso Javier Hernández Valencia.

Asimismo la rápida incorporación de apoyos y capacidades que miren de frente las realidades dramáticas que las familias deben vivir por la falta de sus seres queridos —que va de lo social a lo laboral y lo económico— deberían poder funcionar sin que se espere a que las leyes lo habiliten.

“Visto todo en conjunto es probablemente una ocasión en la que podremos, poner fin, alinear las velocidades diferentes que en todos estos casos hemos venido constatando sin poder hacer confluir todos en una velocidad mucho más rápida y en un objetivo único y unívoco: la atención y la prevención de hechos como la desaparición forzada”, señaló Hernández Valencia.

El Comité sostendrá un diálogo con una delegación del Gobierno mexicano el 2 de febrero de las 4:30 a las 11:00 horas de la Ciudad de México y el 3 de febrero de las 03:00 a las 06:00 horas. El CED publicará sus observaciones finales sobre México y los otros dos Estados que serán revisados durante la sesión de febrero -Armenia y Serbia- el viernes 13 de febrero.

Nota original: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/01/29/mexico-ante-comite-onu-contra-las-desapariciones-forzadas