Jan Jarab – Inauguración Segunda Conferencia Internacional “Seguridad ciudadana: la vía civil”
¡Muy buenos días a todas y todos!
Es un honor y un placer estar hoy con Ustedes. Empiezo por agradecer a todas las personas presentes su asistencia a la Conferencia y expresar la satisfacción de mi Oficina de ser co-convocantes de este importante encuentro, junto con actores de la academia, la sociedad civil y la CNDH. Quiero también agradecer el liderazgo de Ernesto (López Portillo).
Para toda sociedad democrática es fundamental la discusión abierta sobre temas de interés público. En el caso de México, esto aplica particularmente por lo que toca al tema de seguridad, dado que las estrategias utilizadas por más de una década no sólo han empeorado (y por mucho) la seguridad, sino también han resultado en un aumento dramático -en cantidad, intensidad y gravedad- de las violaciones a los derechos humanos de la población.
Desde 2006, los mecanismos internacionales de derechos humanos han reiterado varias veces sus preocupaciones sobre la militarización de la seguridad pública, y han formulado diversas recomendaciones en clave de seguridad ciudadana que apelan al fortalecimiento de las capacidades de las corporaciones civiles y al retiro (paulatino y ordenado) de las fuerzas armadas de estas tareas. Los mecanismos internacionales han sido contundentes. El más reciente que lo ha dicho es el Comité contra la Tortura, apenas la semana pasada.
Necesitamos reflexionar sobre las causas de la falta de éxito de las estrategias anteriores. El problema de México, como lo caracteriza Ernesto, es que nunca se ha invertido en un auténtico esfuerzo para crear a una fuerza policiaca nacional de carácter verdaderamente civil; lo que resultó en un sistema disfuncional.
Estamos convencidos que, en la encrucijada actual del país, la decisión correcta – aunque sin duda difícil y tal vez menos popular – consiste en tomar medidas para fortalecer de manera decisiva a las corporaciones civiles.
Reconocemos los aspectos innovadores de la nueva Estrategia de Seguridad Pública, mencionados por el Sr. Ricardo Mejía. Entendemos que la estrategia de seguridad ciudadana es un tema que rebasa al de la Guardia Nacional – pero sin duda le incluye. Por ello para la Oficina es fundamental:
- Asegurar la naturaleza civil de la institución prevista en la Constitución.
- Observar el marco convencional de derechos humanos (consistente desde hace años y recientemente consolidado en el Caso Alvarado resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos).
- Privilegiar la responsabilidad civil y cuando se precise la intervención militar en tareas de seguridad, la misma debe ser:
- Extraordinaria.
- Justificada.
- Temporal.
- Restringida a lo estrictamente necesario.
- Subordinada y complementaria.
- Respetuosa de los alcances restrictivos y excepcionales de la jurisdicción militar.
- Debidamente regulada.
- Fiscalizada de manera estricta por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.
Y ya que se estamos aparentemente en la víspera de la adopción de las leyes secundarias que se derivan de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional quiero reiterar el llamado de la Oficina para que las mismas:
- Sean el resultado de un proceso abierto y participativo que abone a su legitimidad democrática y credibilidad social.
- Para que se observen las reglas formales de procedimiento legislativo.
- Para que recuperen los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas, algunos de los cuales ya fueron puesto al alcance del Congreso por la Oficina en materia de uso de la fuerza y registro de detenciones.
Durante la visita de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, en abril se subscribió un acuerdo sobre la asistencia técnica de nuestra Oficina para la Guardia Nacional. No es que haya cambiado nuestra posición: nuestra apuesta es por la vía civil. La Oficina entendió la solicitud del Gobierno de México de asistencia y cooperación para asegurar el respecto de los derechos humanos, como una solicitud de asistencia en el cambio de paradigma. Por eso, el Acuerdo va más allá de la capacitación – o, mejor dicho, no establece que la Oficina va a capacitar la Guardia Nacional, sino que ofrece asistencia técnica para el diseño de las capacitaciones, de los protocolos de actuación, de los mecanismos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. Se trata, por tanto, de una apuesta por una institución de corte democrático propia de un régimen democrático de derecho.
La propia Alta Comisionada dejó claro en su intervención en la ceremonia que de su perspectiva se trata de “superar el paradigma que en los últimos doce años ha desprotegido a las personas y ha sido una fuente de agravio para sus derechos.”
Ahora bien, sabemos que esto implica un desafío, dado el carácter híbrido con el que nace la corporación– y dado que los policías y los militares no son fácilmente intercambiables. Pero nuestro objetivo es claro: honrar la definición civil que hace la Constitución de la Guardia Nacional, contribuir a la progresiva desmilitarización de la seguridad, alentar la edificación de un modelo de seguridad ciudadana y asegurar el respecto de los derechos humanos.
Asimismo, quiero subrayar que la vía civil en materia de seguridad también demanda un compromiso desde lo local: urge construir policías profesionales y competentes a nivel estatal y municipal, con una cultura muy distinta a de la arbitrariedad que muchas veces impera en su actuación cotidiana.
Finalmente, sobre todo, es clave fortalecer el estado de derecho, cómo lo mencionó en su mensaje el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez – mejorar el funcionamiento de las instituciones de procuración de justicia y revertir la impunidad. Sin esto, difícilmente podemos avanzar.
Les deseo la celebración de una conferencia inspiradora y exitosa.
Muchas gracias por su atención.
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Fin