Intervención de Guillermo Fernández-Maldonado | Presentación del informe de hallazgos de la Misión de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Sur de México

El Secretario General de la ONU ha dicho que la pandemia nos ha colocado en una situación sin precedentes y ya no se aplican las reglas de siempre. Ya no podemos recurrir a las herramientas que teníamos. La creatividad de la respuesta debe estar a la altura de la naturaleza de la crisis y la magnitud de la respuesta debe estar a la altura de su escala. Este informe, realizado de forma digital, es un buen ejemplo de la creatividad con la que la sociedad civil se enfrenta a los retos de la pandemia, como el confinamiento o aislamiento físico y social y la necesidad de evitar mayores riesgos por la emergencia sanitaria en el desarrollo de su labor.

La labor de protección de los derechos humanos que realiza la sociedad civil es esencial, en especial en los tiempos que vivimos, pues la pandemia ha hecho más evidente las desigualdades y dejado a los grupos marginados en una situación de mayor vulnerabilidad. La defensa de sus derechos es el mejor escudo para reducir esta vulnerabilidad.

Obtener información verificada a través del monitoreo es fundamental para establecer o reforzar mecanismos para vigilar y anticipar la evolución de los riesgos y amenazas, fortalecer los sistemas de alerta temprana, preparar procedimientos y herramientas para la crisis, iniciar operaciones de emergencia y respaldar la recuperación posterior, brindando estrecha cooperación y apoyo a la sociedad civil. En este sentido se comprometieron los Estados en el Objetivo 2 del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

Como fue denunciado en su día, en la frontera sur de México la pandemia agudizó la crisis humanitaria de la población migrante y con necesidad de protección internacional, debido a las medidas de aislamiento social tomadas por los diferentes gobiernos de la región para la mitigar la pandemia, además de los cierres de frontera acordados por los países de la región norte de Centroamérica y Estados Unidos.

Las medidas para proteger la salud pública durante la pandemia son necesarias, pero existe el riesgo de que puedan ser excesivas o discriminatorias. También existe el riesgo de abusos durante su implementación, incluso aquellas diseñadas correctamente. En este sentido, el monitoreo es esencial para verificar las presuntas violaciones a derechos humanos durante la implementación de las mismas, documentarlas y obtener argumentos e información necesarios para desarrollar acciones correctoras.

Durante estos últimos meses ha sido fundamental la labor de las organizaciones de la sociedad civil para dar a conocer casos de graves violaciones a derechos humanos, como la muerte de una persona de nacionalidad guatemalteca y solicitante de asilo, en la estación migratoria de Tenosique, el pasado 31 de marzo, o el excesivo uso de la fuerza de Guardia Nacional y Policía Federal al responder a un motín originado en la estación migratoria de Tapachula, el pasado 23 de marzo.

Asimismo, más de 24 organizaciones de la sociedad civil y albergues, en el “Informe sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las personas migrantes y refugiadas. Violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras y albergues en México”, documentaron las necesidades y principales violaciones a derechos humanos que enfrentan las personas migrantes y sujetas de protección internacional en el contexto de la crisis sanitaria por coronavirus, contribución muy importante para evaluar en qué medida la respuesta de salud pública en México ha incorporado a las personas migrantes o solicitantes de protección internacional.

A través de la campaña “Voces de defensoras y defensores. Los derechos humanos en el corazón de la respuesta” lanzada por ONU-DH, hemos dado a conocer cómo pandemia afecta al desarrollo normal de la defensa de los derechos humanos y como las personas habían reinventado sus formas de trabajo. Por ejemplo, a través de enfocarse en lo inmediato en vez de en el cambio estructural a largo plazo o mediante la comunicación a distancia.

Durante la pandemia las voces de sociedad civil necesitan ser escuchadas. La sociedad civil puede ayudar a identificar soluciones flexibles e inteligentes que respondan a las necesidades más urgentes. Además, un espacio cívico abierto y vibrante ayuda a garantizar una retroalimentación encauzada y sincera sobre las medidas COVID-19 a fin de mejorar la respuesta a la pandemia y no dejar a nadie atrás, como marcan los compromisos de la Agenda 2030.

Por último, la pandemia no sólo ha afectado de manera desproporcionada a grupos que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad si no que ha acrecentado los riesgos específicos y ataques a personas defensoras de derechos humanos. Durante el mes de mayo de 2020, distintas redes y organizaciones defensoras de derechos humanos en México denunciaron la persistencia y el agravamiento de amenazas, hostigamientos, abusos y asesinatos de personas defensoras y periodistas en México, en medio de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. Sin ir más lejos, desde el 15 de marzo al 6 de junio se habían identificado140 agresiones a periodistas y activistas en México. En este sentido, hace falta una respuesta adecuada por parte de las autoridades para garantizar el ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos en condiciones seguras.

En síntesis, los actores de la sociedad civil trabajan para ayudar a las sociedades en conflicto, dan voz a los indefensos, investigan y monitorean la situación de los derechos humanos y ayudan a las poblaciones vulnerables a hacer valer sus derechos. La cooperación de nuestra oficina con la sociedad civil es y seguirá siendo una prioridad estratégica, pues refuerza los objetivos que compartimos, ayuda a afrontar nuestros problemas comunes y respalda la misión y las iniciativas de la Oficina en el ámbito de los derechos humanos.

¡Muchas gracias!