Mensaje con motivo del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Las personas con discapacidad son uno de los grupos más excluidos de nuestra sociedad. Tienen menos posibilidades de acceder a la atención sanitaria, la educación y el empleo y de participar en condiciones de igualdad en la vida comunitaria. Como ha señalado el Secretario General de la ONU, António Guterres,“la COVID-19 ha agravado aún más esta situación, al afectar de manera desproporcionada a las personas con discapacidad, tanto directa como indirectamente”[1]. La propia Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha llamado a los Estados a adoptar medidas específicas para abordar el número desproporcionado de riesgos que enfrentan las personas con discapacidad por la actual pandemia[2].

Las personas con discapacidad corren mayor riesgo de contraer el COVID-19, de desarrollar graves patologías y de perder la vida. Estos riesgos son especialmente altos cuando viven en instituciones (públicas o privadas), en las que las probabilidades de contagio y las tasas de mortalidad son más elevadas.

De igual manera, las consecuencias socioeconómicas de la pandemia y las medidas para controlarla tienen serias repercusiones en el empleo, la protección y la seguridad social, la educación y los servicios de apoyo que reciben las personas con discapacidad, lo que agrava las situaciones de desigualdad que enfrentan. A todo ello se deben sumar las situaciones de violencia y discriminación múltiple de las que son víctimas[3].

En México habitan 7.8 millones de personas con discapacidad,[4] que se relacionan con otros factores de interseccionalidad: el 47.3% es adulta mayor (60 años y más) y 34.8% tiene entre 30 y 59 años de edad.[5] Respecto del género, hay más mujeres con discapacidad (3.8 millones) que hombres (3.3 millones)[6]. No ha sido posible identificar la variante de discapacidad en los casos asociados a contagios y fallecimientos por COVID-19, debido a que este dato no aparece publicado en fuentes oficiales.

Conscientes de los retos que se enfrentan en el actual contexto, la ONU-DH llama a las autoridades a una renovada acción que coloque en el centro de la respuesta y recuperación de la pandemia a las personas con discapacidad, para lo que se sugieren los siguientes criterios:

1. Asegurar a las personas con discapacidad el acceso a sus tratamientos regulares, especialmente cuando fueron interrumpidos con motivo de la pandemia;
2. Asegurar que la atención y acceso a los servicios de salud (incluso por COVID-19) sea prioritaria para personas con discapacidad, en atención a su condición de personas en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo;
3. Tomar en cuenta las necesidades particulares de las personas con discapacidad que requieren de servicios de salud pública, así como las necesidades diferenciadas por razón de género y/o edad.
4. Adoptar medidas que garanticen que las personas con discapacidad que acudan a centros de salud de cualquier tipo puedan contar en todo momento con la asistencia de la persona que les apoya o auxilia en la manifestación de su voluntad o en sus actividades ordinarias, tomando las medidas sanitarias que se requieran;
5. Recopilar y publicar datos estadísticos que permitan identificar la condición de discapacidad en los casos de contagio y fallecimiento por COVID-19, así como el registro de las personas que adquieren alguna discapacidad derivada del contagio por COVID o que agravan su condición de discapacidad por el aislamiento impuesto;
6. Asegurar su participación activa en todas las fases de la respuesta pública a la pandemia causada por COVID-19, así como en la recuperación posterior, considerando los efectos en la salud y en otros aspectos contextuales de la vida de las personas.

Como ha señalado António Guterres, reconstruir para un mejor futuro “exige fortalecer la gobernabilidad democrática, la protección de los derechos humanos y el estado de derecho, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.”[7] La ONU-DH refrenda su disposición de seguir brindando su asesoría y cooperación al Estado mexicano en sus esfuerzos para superar este gran reto y hacer efectivo el acceso a la salud de las personas con discapacidad, con el fin que nadie se quede atrás.