Intervención de Guillermo Fernández-Maldonado en la Audiencia CIDH “Protección de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana en México”

Es un honor estar con ustedes en la audiencia pública del 180° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denominada Protección de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana en México, como Representante de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Estoy aquí para compartir información de forma oral e informal, sin estar bajo juramento, sobre la situación de los derechos humanos en México de las personas en situación de movilidad. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia, expresa o implícita, de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946 sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas.”

De acuerdo con el escrito de petición de audiencia, el objetivo es identificar las distintas formas observadas en México que obstaculizan el ingreso al territorio nacional de personas en movilidad. Como ha mencionado el Relator Especial de Naciones Unidas para las Personas Migrantes, estas prácticas, conocidas como “pushbacks” o devoluciones en caliente, hacen que las personas en movilidad se vean obligadas a retornar al país desde donde intentaron cruzar o han cruzado una frontera internacional, sin tener acceso a la protección internacional.[1] Estas devoluciones suponen una expulsión sin una evaluación individualizada y pueden dar lugar a violaciones de la prohibición de las expulsiones colectivas, del derecho a solicitar asilo, del interés superior del niño y del principio de no devolución.

México, país campeón del Pacto Mundial de Migración, enfrenta numerosos retos por ser país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, con mayor razón este año, que registra un incremento sin precedentes de llegada de personas migrantes, así como de solicitudes de asilo.[2]

Permítanme destacar dos áreas sobre las que consideramos fundamental adoptar medidas para prevenir y remediar su impacto en los derechos humanos de las personas en movilidad:

El control migratorio y la participación de las fuerzas armadas en el control de fronteras. Toda medida para asegurar una migración ordenada, segura y regular debe tener un enfoque de derechos humanos y colocar a las personas migrantes en el centro. Las autoridades mexicanas han adoptado importantes acciones para aplicar este enfoque en su política migratoria, por ejemplo, fortaleciendo sus sistemas de asilo, pero todavía prevalece un enfoque que privilegia el despliegue de fuerzas armadas y otros cuerpos policiales en tareas de control migratorio. Este tipo de respuesta no contribuye a los esfuerzos para garantizar una migración segura. La ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas aumenta los riesgos de que este enfoque se traduzca en prácticas de devolución inmediata de personas en movilidad. La Oficina ha recibido información y también documentado devoluciones en caliente, tanto en frontera como en las estaciones migratorias, sin adecuadas garantías al debido proceso.

La Oficina ha recibido información sobre estas prácticas, con base en perfilamiento racial, en aeropuertos. Cuando ocurren, no se lleva a cabo una evaluación individual, imparcial e independiente de las necesidades de protección bajo el derecho internacional de los refugiados, el derecho internacional de los derechos humanos y otros criterios humanitarios, no hay acceso al control judicial efectivo ni se otorga el derecho a la representación jurídica gratuita, en violación del principio de non-refoulement y la prohibición de expulsiones colectivas.

Es esencial y un interés compartido el prevenir estas prácticas y asegurar que las personas en movilidad tengan acceso, en todo momento, a mecanismos de protección y recursos jurídicos para que las autoridades puedan determinar la legalidad de la devolución y sus implicaciones en los derechos humanos, después de un procedimiento de identificación de necesidad de protección individual. También es fundamental que puedan acceder a organizaciones de la sociedad civil y mecanismos de acceso a la justicia. La Oficina considera que siguen existiendo retos importantes para el acceso a la justicia de personas en movilidad.

Nuestra Oficina también ha conocido de casos de violencia y violaciones graves a los derechos humanos en contra de personas en movilidad; el último caso en Camargo, en enero de 2021. Se han documentado obstáculos para el acceso a la justicia de personas migrantes y sus familiares. Preocupan en especial las dificultades para el acceso a la justicia de las personas detenidas en estaciones migratorias e irregularidades respecto a la representación legal gratuita.

En conclusión, el reto es asegurar que en todos los casos se lleve a cabo un examen individualizado de las necesidades de protección internacional de las personas en movilidad. Para seguir avanzando, es importante que se incluya a la sociedad civil en la definición y revisión de la política migratoria. Esta audiencia brinda el espacio propicio para un diálogo sustantivo entre todos los actores concernidos para tomar medidas y prevenir las prácticas descritas.

Agradecemos nuevamente por la oportunidad de participar en esta importante audiencia.