Palabras de Guillermo Fernández-Maldonado para el conversatorio “Comisión de la Verdad. Una propuesta desde las familias”

La población de nuestra región ha sido víctima de la violencia proveniente de gobiernos autoritarios, de actores de conflictos armados internos y crecientemente de la violencia del crimen organizado y su combate desde el Estado. Varios países como México, siguen confrontándose día a día con estas violencias que se expanden por la amplia impunidad de los crímenes.

Hoy estamos convocados a dialogar sobre una de estas violencias, proveniente de actores estatales, que recurre sistemáticamente a graves violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales, como estrategia para erradicar la disidencia social. Pero también hoy tenemos la posibilidad real de hablar de las voluntades políticas que, conjugadas con las demandas de las víctimas, pueden producir mecanismos extraordinarios con el fin de cumplir con el derecho a la verdad de víctimas y familiares, como el anunciado el pasado 6 de octubre con la Comisión de Esclarecimiento Histórico para el Acceso a la Verdad en el período de 1965 a 1990.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha conocido y documentado crímenes y violaciones graves a los derechos humanos cometidos por fuerzas del Estado en distintos contextos. Se han analizado estas experiencias, con el fin de contribuir a perfilar las iniciativas de los Estados que se han propuesto revertir las inercias de violencia, bajo la consideración que las víctimas y sus derechos son el principal motor de una transformación social. En ese sentido, algunas observaciones sobre las distintas Comisiones de la Verdad surgidas en períodos y contextos distintos pueden ser de utilidad.

Un primer aspecto esencial a destacar es que toda comisión creada con el objetivo de obtener la “verdad”, surge y responde al “derecho de los particulares a conocer la verdad acerca de la suerte que han corrido las personas desaparecidas o de recibir información acerca de otros abusos cometidos en el pasado”.[1] Para su creación, es necesario conocer el por qué se permitió ese clima de agresión estatal, así como el qué sucedió. Sólo así podrá contribuir con la sociedad para “comprender y reconocer una historia que se niega o se pone en tela de juicio”[2] al tiempo que ha negado a las víctimas la manifestación de lo sucedido.

A algunas comisiones de la verdad se les ha atribuido un carácter reconciliador o solucionador de esos conflictos, pero es importante no cargar de excesivas expectativas a un mecanismo que puede ser sólo un primer paso dentro un proceso largo y lento de reconciliación, aun a décadas de distancia de los acontecimientos.

El ritmo de este proceso estará definido por la voluntad para develar lo que se ocultaba y nombrar lo que se silenciaba. Constituye un verdadero reto impulsar un ejercicio de esta magnitud en una sociedad que probablemente conserve parte de antiguas estructuras que propiciaron violencia e incluso a personas perpetradoras dentro de posiciones de poder. Pese a ello, es necesario enfrentar el pasado, emprender la difícil tarea de sanarlo, poniendo a las víctimas en el eje central de todo tipo de acción, bajo una perspectiva integral de protección y garantía de los derechos humanos.

Un segundo aspecto trascendental es que, para que una Comisión de la Verdad pueda alcanzar sus objetivos debe contar con pleno acceso a la información de la cual dispone el Estado, para lo cual se requiere una clara voluntad política al máximo nivel. Más allá de estructura, funciones y composición, el efectivo acceso a la información es lo único que podrá garantizar el derecho a la verdad. Esta voluntad política se debe traducir en la plena disponibilidad de todas las autoridades para poder obtener, trasladar, resguardar, mantener y transparentar toda la información de la que las instituciones públicas dispongan acerca de las violaciones a los derechos humanos en períodos de represión. Entendemos ese fue el sentido de un Acuerdo[3] expedido por el Ejecutivo en 2019 el cual también habrá de seguirse retomando.

No sorprende que cada país diseñe una comisión de la verdad de acuerdo con sus propios modelos, mismos que habrán de implementarse de acuerdo con los distintos contextos por los cuales transitan las sociedades. Si bien, los modelos de otros países pueden ofrecernos buenas prácticas y lecciones aprendidas, es a través de la plena participación de las víctimas y familiares como se podrá evaluar si las comisiones pueden ser una real vía de satisfacción de derechos. Por ello es de vital importancia realizar consultas con víctimas y familiares antes, durante y después de todo ejercicio de verdad; sin perjuicio de que sea una obligación del Estado, esta coordinación efectiva puede prevenir que los procesos avancen ajenos a la visión y voluntad de las víctimas.

Finalmente, dado que las Comisiones de la Verdad son entidades de carácter temporal, que obtienen testimonios, procesan datos e investigan el desempeño del Estado, deben también sentar bases hacia la atención de los derechos a la justicia, la reparación, la memoria y la no repetición. Por esta misma razón, debe existir una determinación estatal para enlazar los resultados con otros mecanismos pertinentes. Ni los Estados ni las sociedades son los mismos después de un efectivo ejercicio de indagación de la verdad, pues un proceso de esta envergadura rompe las concepciones acerca del pasado y debe guiar los esfuerzos para poner fin a las estructuras de impunidad del presente.

Para la Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos es de suma importancia alentar las medidas extraordinarias que se ponen en marcha para enfrentar un pasado que instauró la práctica de la desaparición de personas, fenómeno que persiste hasta hoy, al tiempo que estudia el papel del Estado con relación a la sociedad. En este contexto, consideramos que la Comisión de Esclarecimiento Histórico representa una oportunidad avalada por el movimiento de víctimas, quienes por décadas han buscado incansables alternativas para sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Seguiremos atentos y acompañaremos los procesos que pueden representar una redignificación para las víctimas y la satisfacción de sus derechos.