Palabras de Guillermo Fernández-Maldonado – “Retos y perspectivas a diez años del Informe de Misión a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias”

A diez años de distancia, una reflexión sobre el Informe de la misión a México nos evidencia líneas de continuidad, incluso de profundización dramática, al tiempo que nos permite identificar algunos cambios positivos. Unas y otros coexisten bajo una tensión, pero debemos reconocer que el balance resulta dolorosamente desfavorable.

Un primer acierto de la visita del Grupo de Trabajo fue el momento de su realización. En 2011, México experimentaba su principal transformación constitucional en materia de derechos humanos. En contraste, el país resentía los efectos causados por dos decisiones políticas adoptadas en 2006. Una, la decisión de un gobierno que, casi a su término, cerró las puertas apenas abiertas con la creación de la fiscalía especializada para atender las violaciones ocurridas en el contexto de la “Guerra Sucia”. La otra, un gobierno entrante que instauró un paradigma militar en temas de seguridad.

Ante dicho contexto, el Grupo de Trabajo recomendó “el establecimiento de un mecanismo efectivo para la continuidad de las investigaciones de desapariciones forzadas cometidas durante la “Guerra Sucia”, así como “el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal”. Es justo en estas recomendaciones donde podemos visualizar, diez años después, un ejemplo de esa tensión entre continuidad y transformación. Al tiempo que recientemente se instauró una Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, la participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública se ha profundizado, en un protagonismo que se ha extendido a otras materias que también son propias de las autoridades civiles.

El Informe del Grupo de Trabajo contribuyó a visibilizar el tema de la desaparición de personas en México. Las víctimas tuvieron un eco en sus reclamos y las autoridades un dique a su pretensión de ocultar. La realidad trascendió al ámbito internacional, abriendo así una nueva etapa de escrutinio que ayudó a develar un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

Una importante virtud del Informe es su carácter germinal. A partir de su emisión, temas relativos a la prevención, investigación penal, transformación legislativa e institucional, búsqueda, reparación integral, enfoque diferenciado y crisis forense se posicionaron con un marco referencial y conceptual definido, el cual contribuyó a desnudar la magnitud y complejidad del problema, así como la necesidad de abordarlo integralmente.

El Grupo de Trabajo fue enfático en su Informe de seguimiento del 2015: el combate a la impunidad constituye “el principal reto en México”. Es cierto; la impunidad persiste como un problema endémico y estructural, pese a las reformas al sistema de justicia penal, a la arquitectura de las fiscalías, al juicio de amparo y a los alcances de la jurisdicción militar. Esto demuestra un desafío persistente, no solo en materia de desaparición de personas, sino también en muchos otros ámbitos: los cambios normativos e institucionales, aunque importantes, resultan insuficientes si no van acompañados de esfuerzos sostenidos que hagan posible una ruptura -en los hechos- con las inercias y rutinas enquistadas.

A una década de distancia, lo más desgarrador es la dimensión del problema. En su informe de hace 10 años, el Grupo de Trabajo refiere la cifra que entregaron algunas organizaciones civiles, las cuales reportaron que “más de 3.000 personas habrían sido desaparecidas” de diciembre del 2006 a marzo del 2011. Hoy sabemos que la estimación más elevada que colocó un actor no gubernamental se quedó muy corta. De acuerdo con cifras oficiales ahora disponibles, el triple de personas, esto es, cerca de diez mil, habrían sido desaparecidas en dicho periodo. Si una persona desaparecida basta para rebasar el umbral de lo que nadie debe tolerar, ¿qué se puede decir cuando, al día de hoy, la cifra oficial se aproxima a las cien mil personas desaparecidas?

En su Informe, el Grupo de Trabajo recomendó que “se reconozca la dimensión del problema de la desaparición forzada como el primer paso necesario para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación.” En esta parte se puede hablar de un avance positivo. En la actualidad, existen autoridades de alto nivel que no solamente reconocen la dimensión del problema, sino que despliegan genuinos esfuerzos para erradicarlo. El mismo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, a pesar de sus limitaciones, es una aceptación de que el reto llega a proporciones desgarradoras y que la negación no contribuiría sino a exacerbarlo.

Es de destacar del Informe su compromiso con las víctimas, a quienes puso en el centro de una ambiciosa agenda trasformativa, en un año –el de la visita- en el que irrumpió un vibrante movimiento de víctimas que perdura y persevera fortalecido hasta hoy. Como sostuvo el Grupo de Trabajo, “su constante sufrimiento es viva evidencia de que la desaparición forzada es un delito continuado y una permanente violación a los derechos humanos hasta que la suerte o el paradero de la víctima no se haya esclarecido.” Diez años después de la adopción del Informe del Grupo de Trabajo, es preciso reconocer que los cambios normativos e institucionales alcanzados se deben a la tenacidad y valentía de las familias. Son ellas, las víctimas, quienes nos seguirán inspirando para poner fin al momento crítico por el que atraviesa el país. El evento de hoy da cuenta de un periodo de diez años, el sufrimiento de ellas da cuenta de algo más que un periodo de vida: da cuenta de una tragedia que les cambió radicalmente sus vidas.

Hoy nos reunimos para analizar el Informe de Misión a México del Grupo de Trabajo a diez años de su emisión. En unas semanas, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada adoptará su informe relativo a su visita a México, realizada en noviembre del año pasado, mismo que nos dará nuevas luces. La clave estará en trabajar de forma inmediata y coordinada en la implementación efectiva de todas sus recomendaciones.

Refrendo el compromiso de mi Oficina para seguir trabajando con las víctimas, autoridades, organizaciones de la sociedad civil y actores de la academia, así como con los mecanismos internacionales especializados en la materia, cuyas contribuciones del ayer y del mañana seguirán siendo fundamentales para revertir una de las violaciones más lacerantes a los derechos humanos de las personas.

¡Muchas gracias!