Alta Comisionada para los derechos humanos pide acción urgente contra el racismo sistémico

El informe sostiene que la movilización mundial en pro de la justicia racial ha forzado un reconocimiento largamente postergado del racismo y ha recentrado los debates en la naturaleza sistémica de este fenómeno y en las instituciones que lo perpetran.

“El statu quo es insostenible”, afirmó Bachelet. “El racismo sistémico requiere una respuesta sistémica. Es preciso aplicar una estrategia de amplio espectro y no un enfoque fragmentario para desmantelar sistemas basados en siglos de violencia y discriminación. Necesitamos un enfoque transformador que aborde los ámbitos interconectados que impulsan el racismo y desembocan reiteradamente en tragedias que podrían evitarse, como la muerte de George Floyd”.

“Exhorto a los Estados a que dejen de negar y comiencen a desmantelar el racismo, a que pongan fin a la impunidad y fomenten la confianza, a que escuchen las voces de las personas afrodescendientes, a que afronten los legados del pasado y procuren una justicia reparadora”.

En virtud de la resolución 43/1 del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del ACNUDH recibió en junio de 2020 -poco después del asesinato de George Floyd en Estados Unidos- el mandato de preparar un informe exhaustivo sobre el racismo sistémico, las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos perpetradas contra los africanos y los afrodescendientes por los agentes del orden, las respuestas gubernamentales a las protestas pacíficas contra el racismo y la rendición de cuentas y las reparaciones a las víctimas.

El análisis realizado por el ACNUDH se basa en consultas en línea con más de 340 personas, la mayoría afrodescendientes, más de 110 respuestas por escrito a una detallada solicitud de aportaciones dirigida, entre otros, a los Estados, en un examen del material de dominio público y en consultas adicionales con expertos relevantes.

En el informe se examinan detalladamente las “desigualdades complejas” y la “marcada marginación política y socioeconómica” que afecta a las personas afrodescendientes en numerosos Estados. A lo largo y ancho de muchos países, en particular de América del Norte y del Sur y de Europa, es desproporcionado el número de afrodescendientes que viven en la pobreza y que se enfrentan a graves obstáculos para ejercer su derecho a la educación, la atención sanitaria, el empleo, la vivienda adecuada y el agua potable, así como para participar en la vida pública y ejercer otros derechos humanos fundamentales.

“La deshumanización de las personas afrodescendientes […] ha reforzado y fomentado la tolerancia hacia la discriminación racial, la desigualdad y la violencia”, expresa el informe.

Al examinar las muertes a manos de los agentes del orden ocurridas en diversos países con distintos sistemas jurídicos, el informe concluye que existen pautas y “similitudes sorprendentes” -entre otras, las barreras que las familias afrontan para acceder a la justicia-.

Aunque en muchos países escasean los datos desglosados y exhaustivos de carácter oficial relativos a las muertes de afrodescendientes a manos de agentes de policía, una serie de datos disponibles esboza “un cuadro alarmante de la repercusión sistémica, desproporcionada y discriminatoria que padecen las personas afrodescendientes en sus encuentros con los agentes del orden y el sistema de justicia penal en determinados Estados”, según indica el informe.

En el informe se plantean tres contextos principales en los que suelen producirse las muertes relacionadas con la acción policial: el primero es la actuación de las fuerzas del orden ante delitos leves, en controles de tráfico y en otros controles policiales; el segundo es la intervención de agentes en la  respuesta inicial ante una crisis de salud mental, y el tercero es la realización de operaciones policiales especiales, en operaciones de la “guerra contra las drogas” o relacionadas con pandillas. En muchos de los incidentes examinados, la información disponible sugiere que las víctimas no representaban una amenaza inminente de muerte o lesiones graves ni para los agentes del orden ni para el público, que justificara el grado de fuerza utilizado.

El examen de los 190 casos de muertes contenido en el informe demostró que los agentes de policía rara vez tuvieron que rendir cuentas de los crímenes y las violaciones de derechos humanos perpetradas contra las personas  afrodescendientes, en parte debido a deficiencias en la investigación de esos actos, la carencia de una supervisión sólida e independiente y de dispositivos de denuncia y rendición de cuentas, y a una “presunción de culpabilidad” generalizada que pesa sobre las personas afrodescendientes. Con raras excepciones, en las pesquisas, los procesamientos, los juicios y las decisiones de los tribunales no se tuvo en cuenta la función que la discriminación racial, los estereotipos y los prejuicios institucionales podrían haber desempeñado en los asesinatos. Siete casos representativos fueron examinados minuciosamente: los de Luana Barbosa dos Reis Santos y João Pedro Matos Pinto (Brasil); de George Floyd y Breonna Taylor (Estados Unidos); de Kevin Clarke (Reino Unido); de Janner (Hanner) García Palomino (Colombia) y de Adama Traoré (Francia).

Los familiares de las personas que fallecieron tras un encuentro con agentes del orden expresaron al personal del ACNUDH su ferviente deseo de esclarecer la verdad acerca de la muerte de sus seres queridos, y pidieron que los responsables rindieran cuentas de sus actos y que se evitara que otras personas sufrieran una suerte similar. Muchas de las familias declararon que se “sentían continuamente traicionadas por el sistema”, y expresaron “una profunda falta de confianza”, indica el informe, y añade que a menudo “las víctimas y sus familiares deben luchar para que se haga justicia, sin el apoyo debido”.

“Varias familias me hablaron de los sufrimientos que han padecido en su búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, y de la oprobiosa presunción de que sus seres queridos, de algún modo, ‘se lo merecían’”, dijo Bachelet. “Es desolador que el sistema no les apoye. Eso debe cambiar”.

El informe expone también las preocupaciones acerca de “la excesiva vigilancia de que son objeto las personas y las comunidades negras, que les hace sentirse amenazadas en vez de protegidas”, y menciona la criminalización de los menores afrodescendientes como uno de los problemas fundamentales.

Asimismo, se recibieron denuncias verosímiles y consistentes acerca del trato diferenciado y el uso de fuerza innecesaria y desproporcionada en el contexto de las protestas contra el racismo, en particular en Estados Unidos. En ese contexto, se produjo el arresto de un gran número de manifestantes, señala el informe, y hubo numerosos comentarios despectivos de los agentes del orden dirigidos a ellos, entre otros calificándolos de “terroristas” y “anarquistas y agitadores enfermos y degenerados”.

El informe señala que, si bien se retiraron los cargos contra la mayoría de los detenidos, “la represión de las protestas antirracistas en algunos países debe considerarse dentro de un contexto más amplio, en el que las personas que luchan contra el racismo sufren represalias, acoso, intimidación y a veces son víctimas de la violencia”.

“Debemos garantizar que se escuchen las voces de quienes luchan en pro de la justicia racial y la igualdad de las personas  afrodescendientes y que se tomen medidas al respecto”, señala el informe, y añade que el activismo de la sociedad civil es “decisivo para impulsar las ideas y los objetivos deseados en el espacio público, como método constructivo para promover el cambio”.

“El movimiento Black Lives Matter [Las vidas negras importan] y otras agrupaciones de la sociedad civil han proporcionado modelos de liderazgo que se fundan en escuchar a las comunidades”, afirmó Bachelet. “También están proporcionando a las personas el empoderamiento y las capacidades necesarias para reclamar sus derechos humanos. Esos esfuerzos deberían recibir financiación, apoyo y reconocimiento público”.

Entre las recomendaciones de la Alta Comisionada figura la de que el Consejo de Derechos Humanos establezca un mecanismo específico y con plazos definidos, o que refuerce un mecanismo existente dotándolo de capacidad adicional, con el fin de promover la justicia y la igualdad raciales en el contexto del mantenimiento del orden en todas las regiones del mundo.

El informe también identifica  una “necesidad de larga data de hacer frente a los legados de la esclavitud, la trata trasatlántica de esclavos africanos y el colonialismo, mediante la justicia y la reparación”.

Aunque en el informe se destacan algunas iniciativas promisorias de índole local, nacional y regional encaminadas a buscar la verdad y proporcionar formas limitadas de reparación, entre otras la creación de memoriales, los reconocimientos, las apologías y la litigación, “ningún Estado ha asumido su responsabilidad integral por el pasado ni por la repercusión actual del racismo sistémico”. Por el contrario, persiste una incapacidad generalizada para reconocer la existencia y la repercusión del racismo sistémico y sus vínculos con la esclavitud y el colonialismo”.

La Alta Comisionada exhortó a los Estados a que adopten reformas y respuestas que abarquen a la totalidad del gobierno y al conjunto de la sociedad, mediante planes de acción nacionales y regionales y medidas concretas debidamente financiadas y elaboradas a través de diálogos nacionales, con la participación y representación significativas de los afrodescendientes.

Bachelet insistió en la importancia de “eliminar los falsos relatos que han propiciado la persistencia de una sucesión de políticas y sistemas discriminatorios y que han permitido que muchas personas y muchos gobiernos nieguen lo que está ocurriendo actualmente y lo que ocurrió en el pasado”.

“Los Estados deben demostrar más voluntad política para acelerar la acción en pro de la justicia racial, la reparación y la igualdad, mediante compromisos específicos, con plazos definidos, que permitan obtener resultados. Esto comprenderá el replanteamiento de la actividad policial y la reforma del sistema de justicia penal, que sistemáticamente han producido resultados discriminatorios para los afrodescendientes”, declaró la Alta Comisionada. “Es esencial que pongamos manos a la obra para garantizar que estas pautas y estos ciclos problemáticos no se repitan indefinidamente. No hay excusa alguna para seguir soslayando el cambio transformador. Mi Oficina está dispuesta a asistir a los Estados en la consecución de ese cambio transformador hacia la justicia y la igualdad”.

“Tal como reconoció el Consejo de Derechos Humanos, la discriminación racial en la aplicación de la ley no pueden separarse de las cuestiones relativas al racismo sistémico”, terminó diciendo Bachelet. “Solo las estrategias capaces de abordar a la vez las deficiencias endémicas del mantenimiento del orden y el racismo sistémico -y los legados que lo fundamentan- harán justicia a la memoria de George Floyd y de tantos otros cuyas vidas se malograron o han quedado dañadas de manera irreparable”.