Caravana de migrantes: los Estados tienen el deber de proteger los derechos humanos

Los expertos independientes de la ONU han expresado sus preocupaciones en cartas dirigidas a los gobiernos de Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos, y les han pedido que respeten el derecho internacional. Los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los derechos humanos de las personas migrantes que viajan en caravanas sean totalmente protegidos, ya que enfrentan amenazas crecientes para su vida, su libertad y su seguridad, y graves desafíos humanitarios, relacionados con una grave escasez de atención médica, de medicamentos, agua y saneamiento, alimentación, y vivienda. Las vulnerabilidades a las que están sometidos debido a su situación de tránsito incrementan el riesgo para estas personas de ser víctimas de los traficantes y de sufrir otras formas de explotación.

“Esas caravanas no serán las últimas a menos que la situación de la que huyen las personas migrantes, que para muchos incluye violaciones extremas de los derechos humanos, haya mejorado considerablemente”, han dicho los expertos. “En lugar de alimentar las tensiones con discursos de odio y amenazas, los gobiernos deberían trabajar juntos para abordar la desigualdad, la pobreza, la exclusión social, la violencia, la inseguridad, la degradación ambiental y la persecución como los principales factores de la migración en América Central. La cooperación entre estos estados se requiere de manera urgente para desarrollar canales de migración más accesibles, regulares, seguros y asequibles”.

Desde mediados de octubre, se estima que entre 12,000 y 14,000 migrantes han pasado por las fronteras de Guatemala y México buscando llegar a Estados Unidos. La mayoría de las personas en los diferentes grupos de caravanas son de Honduras, con un número creciente de migrantes de Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Un número significativo de los migrantes está compuesto por familias, incluidas muchas madres solteras con hijos menores de cinco años. Adicionalmente, se estima que hay alrededor de 100 personas LGBTI, además de un número desconocido de personas con discapacidad que viajan en las caravanas.

Odio racial y xenofobia

Los expertos de la ONU también expresaron su preocupación por el lenguaje y las prácticas racistas y xenófobas utilizadas por las autoridades estadounidenses, que vulneran las normas internacionales de derechos humanos sobre igualdad y no discriminación. La respuesta oficial en dicho país, además de violar el derecho internacional, estigmatiza a las personas migrantes y refugiadas, equiparándolas con criminales y con epidemias. Esta comparación promueve un clima de intolerancia, odio racial y xenofobia contra aquellos percibidos como ‘no blancos’, creando ambientes emocionales hostiles. “Esto tiene efectos perjudiciales sobre el derecho a la salud mental, no sólo de las personas migrantes, sino del público en general”, han advertido los expertos.

“Es especialmente preocupante que esa retórica sea expresada por autoridades de alto nivel, lo que lleva a una escalada y normalización del discurso de odio, así como a la incitación al odio y a la discriminación en la esfera política y pública”, han destacado los expertos.

Los expertos también expresaron su profunda preocupación por la decisión de enviar personal militar para asegurar la frontera de Estados Unidos. “La experiencia muestra que cuando las fuerzas armadas se utilizan para realizar tareas para las que no están capacitadas ello generalmente conduce a graves violaciones de los derechos humanos”, han dicho los expertos. En sus cartas a los gobiernos, ellos les han recordado que deben garantizar que cuando se produzca la llegada de las caravanas, las fuerzas en la frontera actuarán de acuerdo con los principios internacionalmente reconocidos de necesidad, proporcionalidad y racionalidad.

Además, los expertos independientes de la ONU dijeron que estaban seriamente preocupados por los riesgos considerables que enfrentan estas personas migrantes en su camino a los Estados Unidos, incluyendo el riesgo de ser víctimas de trata y de violencia, así como  por los obstáculos legales y de facto para solicitar asilo en los Estados Unidos, y la posibilidad de que se produzcan devoluciones en violación del principio de no devolución y sin que tenga lugar una evaluación individual. “Cuando no se llevan a cabo evaluaciones individuales y no se les da a las personas migrantes la oportunidad de presentar sus solicitudes de asilo que describen los riesgos que pueden enfrentar cuando son devueltos a sus países de origen, se produce como resultado una posible violación del principio internacional de no devolución”, han señalado los expertos.

También han agregado que “las amenazas de reducir la ayuda a los países de origen de los migrantes son contraproducentes, ya que esto sólo puede empeorar las condiciones de vida de las cuales estos migrantes huyeron en primer lugar”. Los países de origen también deben tomar las medidas necesarias para abordar las causas profundas de estas migraciones masivas, relacionadas con la precariedad socioeconómica, la violencia y la falta de oportunidades laborales.

Los expertos en derechos humanos de la ONU han abordado sus preocupaciones en cartas separadas a los cuatro gobiernos y están a la espera de respuestas.