Declaración a medios de Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Pregunta: La semana pasada, una investigación en la que participó Proceso reveló que el Centro de Inteligencia Militar de la Secretaría de Defensa usó Pegasus para intervenir el teléfono de un defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos, y lo hizo para entorpecer una investigación sobre una ejecución extrajudicial cometida por militares en julio de 2020. Entonces, mi pregunta es: ¿qué tan grave es que los militares estén espiando a las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y a la población civil? Muchas gracias.

Respuesta: Gracias, Gabriela. Es muy serio. Primero, permítanme comenzar diciendo que las personas defensoras de los derechos humanos son cruciales para cualquier sociedad democrática y fundamentales para el Estado de derecho de un país, así como que los servicios de inteligencia juegan un papel importante en la protección del Estado, pero cualquier acción, especialmente las acciones de vigilancia, debe servir a un propósito legítimo, ser justificadas, lícitas, necesarias y proporcionales. Todas estas intervenciones de vigilancia deben estar autorizadas por la legislación nacional y claramente no contravenir la Constitución. Respecto específicamente al caso al que te refieres, claramente es un caso preocupante y es por eso que pedimos una investigación completa, efectiva, independiente y exhaustiva a la brevedad para saber qué sucedió y sancionar efectivamente a los responsables de cualquier irregularidad. Permítanme también decir que, dado el papel cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en México, es realmente crucial y urgente que los servicios de inteligencia en México estén regulados con un mecanismo de supervisión civil, [que] debería crearse para controlar, y eventualmente tomar medidas de rendición de cuentas sobre los mismos.