Declaración de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, junio 26 de 2014

Hay cientos de miles de víctimas de tortura, y decenas de miles de lugares donde se tortura, en países de todos los continentes del mundo, tanto en regímenes dictatoriales, países en transición, así como en numerosos Estados con tradiciones democráticas de larga data.

La tortura es un crimen innegable. La Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes la prohíbe bajo toda circunstancia, sin excepción. Ni la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo, una amenaza de guerra o cualquier emergencia pública pueden justificar su uso. Todos los Estados están obligados a investigar y perseguir las alegaciones de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes y deben asegurar por todos los medios que dichas prácticas sean prevenidas.

De hecho, la prohibición de la tortura va más allá de las fronteras nacionales: los Estados no deben devolver a una persona a un país donde dicha persona esté en peligro de ser sometida a tortura o un trato cruel o inhumano. Asimismo, todo Estado tiene la obligación de investigar, perseguir y castigar a las personas responsables de tortura cuando se encuentren en su territorio –incluso si la tortura hubiera tenido lugar años atrás y en otro país.

Más aún, la información extraída bajo tortura no debe ser utilizada en ningún tribunal. Esto incluye procedimientos cerrados como los de las cortes militares y audiencias que el gobierno haya otorgado el carácter de no públicas por miedo a que se pudiera difundir información sensible. También significa que las agencias de inteligencia no pueden hacer un uso legal de información obtenida bajo tortura. Cualquier uso de ésta no solamente debilita la absoluta prohibición de la tortura creando un mercado de información obtenida bajo esos medios, sino que también equivale a coludirse en actos de barbarie.

Cotidianamente mi Oficina y activistas de derechos humanos recibimos nuevas denuncias de tortura en Asia, África, América, Europa y Oceanía. Dichos actos van desde golpizas severas hasta humillación sexual pública y violación; el uso de maquinarias específicas para infligir dolor; ejecuciones simuladas; y el obligar a las personas a presenciar el dolor causado a niños u otros miembros de la familia. En casi todos los casos, aquellos que han ordenado y cometido estas violaciones escapan a la justicia pues están envueltos en los mantos de la protección nacional o cuentan con medidas especiales de amnistía, y sus protectores fingen ignorar el horror que ha sido cometido bajo su mando.

Los gobiernos cómplices de esta impunidad violan no solamente el derecho a la justicia de la víctima sino también los derechos humanos de todas las personas. Reconociendo esto, 154 Estados han ratificado la Convención contra la Tortura – aun y cuando muchos de ellos continúan tolerando dicha práctica. Otros 41 Estados han rechazado ratificar la Convención y muchos de ellos siguen permitiendo la tortura y el maltrato a las personas detenidas, ya sea de manera implícita o legal. Los Estados deben también asegurar que las víctimas de la tortura y malos tratos obtengan una completa y efectiva reparación; esta obligación también es sistemáticamente desatendida. Las víctimas no son atendidas y el peso de su rehabilitación recae en organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales son apoyadas por el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura.

Hoy en día se llevan a cabo actos de tortura en centros de detención montados por milicias no oficiales y otros actores no estatales en un número de países cada vez mayor. Recientemente mi Oficina ha documentado casos de tortura por parte de grupos de oposición en Ucrania y Siria – incluyendo las fuerzas del Estado Islámico en Irak y el Levante que en últimas fechas ha realizado dramáticas afectaciones en Irak.

Claramente dichos grupos sienten que son inmunes a las reglas del derecho internacional. Están equivocados. Los funcionarios públicos, parlamentarios, jueces, abogados, profesionales médicos, los oficiales militares, de las fuerzas de seguridad, del orden y de las prisiones – y sí, los líderes de los grupos de oposición, milicias y bandas criminales – deben entender claramente que son responsables de sus actos; y responsables también por sus omisiones – por sus fallas en la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en la protección de las víctimas.

Cada año, particularmente en Latinoamérica, un gran número de personas que cometieron actos de tortura hace 20 años o más es acusado y condenado. Los sistemas cambian; los regímenes cambian – pero las leyes que prohíben la tortura se mantienen inalteradas.

El 26 de junio, nosotros en la comunidad de derechos humanos honramos a las numerosas víctimas de la tortura en el mundo. Enfatizamos nuevamente nuestro compromiso por que cada víctima obtenga su derecho al reconocimiento, a la justicia y a la rehabilitación. Hablamos fuerte y claro para que autoridades en cualquier lugar del mundo escuchen este mensaje: ningún acto de tortura o información extraída bajo tortura puede ser tolerado. Luego regresamos a nuestro trabajo para asegurarnos que la tortura, donde sea que tenga lugar, sea documentada, investigada, perseguida y castigada, y que las reparaciones sean otorgadas a las víctimas – para que puedan recuperarse de la mejor manera posible del devastador trauma físico y el miedo que han padecido.

El Fondo de Contribuciones Voluntarias de la ONU para las Víctimas de la Tortura, que es administrado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, otorga apoyo financiero a organizaciones que ofrecen asistencia psicológica, médica y social, ayuda legal y asistencia económica a víctimas de tortura. http://donatenow.ohchr.org/torture/.