“Es imprescindible investigar y esclarecer las agresiones contra periodistas”: OACNUDH

13 de noviembre de 2009.- En el marco del mandato de seguimiento a la situación de derechos humanos en el país, el Representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, visitó el día de ayer el estado de Durango a fin de conocer las condiciones en que se ejerce la libertad de expresión. Para la OACNUDH, la vigencia de este derecho constituye uno de los temas de prioritarios.

Como señala el Informe sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, recientemente publicado por la Oficina, el gremio periodístico se encuentra en una situación de riesgo, principalmente quienes se dedican a investigar temas relacionados con la seguridad y/o el crimen organizado. En tal circunstancia, las agresiones son frecuentes y van desde las amenazas hasta los asesinatos, pasando por otras formas de presión indirecta que coartan la libertad de expresión.

Lo anterior coloca a las y los periodistas en una situación precaria para ejercer su derecho a la libertad de expresión, lo que ha generado que la censura y la autocensura sean las alternativas frente a un clima de agresiones e impunidad, violentando además el derecho de la sociedad a estar plenamente informada.

La impunidad es uno de los factores que inciden en el aumento del riesgo. Como lo advirtió el año pasado la entonces Alta Comisionada, la Sra. Louise Arbour, durante su visita a México: “los asesinatos y abusos no resueltos de periodistas contribuyen a un clima de impunidad que afecta el derecho a la libre expresión.”

Por lo anterior, las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia tienen la responsabilidad de esclarecer los ataques denunciados e investigar, procesar y sancionar a las personas responsables de esos actos, con apego al derecho internacional de los derechos humanos. En el mes de febrero del año en curso, el mecanismo del Examen

Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomendó a México: “garantizar que los crímenes de violaciones contra defensores de derechos humanos, periodistas y abogados sean efectivamente investigados y sancionados; que los responsables sean castigados, que las denuncias de amenazas, acoso e intimidación a los defensores de derechos humanos, periodistas y abogados reciban una pronta respuesta y se tomen las medidas adecuadas para su seguridad.”

No debe pasarse por alto que, precisamente por la relevancia del tema, la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas. Resulta indispensable fortalecer a dicha instancia ya que las agresiones continúan ocurriendo en un contexto de impunidad.

A fin de remontar la situación actual, en el Informe se delínean algunas recomendaciones. En particular una se refiere a la creación de un mecanismo nacional de protección para defensoras, defensores y periodistas en situación de riesgo. Actualmente la Oficina está prestando asistencia técnica a la Secretaría de Gobernación a fin de acordar, junto con la sociedad civil, un diseño que retome las experiencias de otros lugares del continente americano.

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