Expertos de Naciones Unidas publican estudio global sobre detenciones secretas relacionadas a la lucha contra el terrorismo

El informe** de 222 páginas incluye una lista de 66 países, entre los cuales figuran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela en América del Sur. La sección sobre las prácticas en América Latina es principalmente un análisis histórico de las prácticas de detención secreta antes del 11 de septiembre de 2001. Pero gran parte de este estudio se concentra en el periodo de la denominada “Guerra Global contra el Terror” en los últimos nueve años e incluye un capítulo sobre la detención en los Estados Unidos bajo la administración del Presidente Obama.

En el informe, que será presentado al Consejo de los Derechos Humanos en marzo, los expertos de Naciones Unidas concluyen que la detención secreta “es una violación irreconciliable del derecho internacional de los derechos humanos, incluso durante periodos de excepción y conflictos armados. Asimismo, es una violación del derecho internacional humanitario durante cualquier tipo de conflicto armado”.

En América Latina, el informe habla de la “Operación Cóndor” y otras iniciativas regionales. Los expertos aseveran que los Gobiernos justificaban prácticas de detención secreta y otras medidas excepcionales bajo la doctrina de la seguridad nacional, lo que permitió la creación de sistemas represivos por parte de las fuerzas armadas, bajo las cuales los derechos humanos y las libertades fundamentales fueron violadas a gran escala y el Estado de Derecho y la democracia fueron dañados.

Según el informe, la detención secreta tiene el efecto de sacar a las personas de un marco jurídico y de anular las salvaguardias contenidas en instrumentos internacionales, como el habeas corpus. También destaca que “a pesar de contar con normas inequívocas, la

detención secreta continúa siendo utilizada a través del mundo en el nombre de la lucha contra el terrorismo”.

Precedido por un año de investigación por parte de los expertos, el informe incluye una encuesta detallada a 44 Estados y los detalles de entrevistas con 30 individuos, sus familiares o representantes legales, que han sido víctimas de la detención secreta y que en muchos casos también han sido torturados. También ofrece una serie de recomendaciones legales y prácticas, con miras a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas y proporcionar reparaciones legales, recursos y rehabilitación para las víctimas o sus familias.