La acción inmediata es crucial para garantizar el derecho a un medio ambiente saludable, dice experta de la ONU

Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, hizo un llamado a la implementación y fortalecimiento de los marcos legales existentes, una mayor rendición de cuentas por el daño ambiental y un enfoque en la protección de los grupos en situaciones vulnerables.

“Para posibilitar esta implementación, debemos asegurar y fortalecer la participación pública, el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales, y transformar los modelos económicos que priorizan el crecimiento insostenible”, dijo Puentes Riaño ante la Asamblea General de la ONU al presentar su primer informe.

“El reconocimiento de este derecho por la Asamblea General de la ONU, el reconocimiento regional y el reconocimiento nacional en 164 Estados son evidencia de que este derecho ha alcanzado un consenso internacional en cuanto a sus obligaciones e importancia. Por lo tanto, la implementación efectiva del derecho a un medio ambiente saludable debe ser priorizada tanto por los Estados, los organismos internacionales y los actores privados para contribuir a las transformaciones sistémicas necesarias”, dijo la Relatora Especial.

El informe destaca el alarmante impacto de las crisis planetarias, que afectan de manera desproporcionada a las comunidades en situaciones vulnerables y marginadas. A pesar de los esfuerzos internacionales, los resultados positivos aún no se han materializado, mientras que los impactos negativos continúan aumentando de manera dramática.

Los principales desafíos para garantizar la implementación del derecho a un medio ambiente saludable incluyen los modelos económicos actuales, las consecuencias del cambio climático, los marcos legales débiles, el acceso limitado a la justicia y el impacto de la guerra y el conflicto. Los grupos marginados, como los Pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes, las comunidades campesinas y otras comunidades rurales, las mujeres, los niños y niñas y las personas con discapacidades enfrentan riesgos desproporcionados, dijo la experta.

“Para abordar estos desafíos, debemos transformar la economía global, reconocer legalmente el derecho a un medio ambiente saludable en países y regiones donde esto aún está pendiente, incluido el Consejo de Europa y la ASEAN, fortalecer el estado de derecho, actualizar las políticas y adoptar un enfoque interseccional para proteger a todos los grupos afectados”, señaló la Relatora Especial.