La crisis por COVID-19 destaca la urgente necesidad de transformar la economía global, dice nuevo experto de la ONU en pobreza
GINEBRA (1 de mayo de 2020) – La recesión económica causada por la pandemia de COVID-19 subraya la necesidad de invertir fuertemente en una economía más verde para crear trabajos y reducir las desigualdades, dijo Olivier De Schutter, quien hoy toma el encargo como Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.
“La crisis por COVID-19 es un urgente llamado a la acción. Si tomamos hoy las decisiones correctas, será una oportunidad para transformar nuestra sociedad en una más incluyente e igualitaria,” añadió.
Con una caída proyectada en el ingreso per cápita en más de 170 países, la gente sin protección social será la más afectada, dijo De Schutter. Alrededor del mundo, aproximadamente cuatro mil millones de personas carecen de cobertura de protección social y tienen empleos precarios, incluyendo los dos mil millones de trabajadores del sector informal, quienes a menudo son los primeros en perder sus trabajos.
“En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debemos alejarnos del paradigma de desarrollo que pone en primer lugar el crecimiento económico, y que espera más tarde borrar los daños ambientales y compensar por los impactos sociales de las crecientes desigualdades. El modelo de crecimiento mismo debería incorporar la sostenibilidad ambiental y la justicia social desde el inicio,” dijo el experto.
“En tiempos de crisis de esta magnitud, la promesa hecha al interior de la Organización Internacional del Trabajo para implementar mínimos de protección social universal es más relevante y crítica,” dijo De Schutter.
El experto de la ONU dijo que los programas de seguridad social deberían ser considerados como una inversión, no como un costo. “Hay considerables beneficios para la sociedad al invertir en la primera infancia y en esquemas de protección social que previenen que las familias con bajos ingresos caigan en la pobreza, si la recesión es superada.”
Más aún, el financiamiento de la protección social es asequible: “En promedio, el costo de financiar un conjunto completo de beneficios, incluyendo mínimos de protección social, representa 4.2% del PIB en promedio para 57 países de ingreso bajo y medio bajo. Se trata de la mejor inversión un país puede hacer para su futuro,” dijo De Schutter.
Los Estados han comprometido al menos $8 trillones para defender se de los impactos económicos de la COVID-19. Esto debería estar dirigido a construir una economía incluyente basada en los derechos al trabajo y a la seguridad social, así como los derechos a una vivienda adecuada, a la salud y a la educación.
“La pobreza extrema no se trata de falta de ingreso solamente, o de fallas de los individuos o familiares. Se trata de las opciones políticas que excluyen, discriminan y marginalizan a la gente,” dijo De Schutter.
Como Relator Especial para los próximos tres años, De Schutter explorará una serie de temas, incluyendo cómo los mínimos de protección social universal pueden ser implementados a través de los recursos domésticos y del apoyo internacional.
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