La ONU abre la puerta a la exigibilidad y justiciabilidad internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
24 de septiembre de 2009.- Este 24 de septiembre, en Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas abrirá a firma y ratificación el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC). El Protocolo Facultativo permite que las personas que habitan el territorio de los Estados que ratifiquen el Protocolo puedan dirigir comunicaciones individuales al Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), alegando ser víctimas de alguna violación a los derechos que protege el PIDESC, entre ellos, el derecho a la vivienda, a la alimentación, al trabajo, a la salud, al agua, a la educación, a la seguridad social y los derechos culturales.
La adopción del PF-PIDESC es el resultado de un proceso de 18 años de discusiones y negociaciones entre los Estados miembros de la ONU, organizaciones civiles de derechos humanos, instituciones académicas y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 2008 y con motivo del 60° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea General aprobó el texto final del Protocolo Facultativo. Hoy se espera que un número mayor de 10 países puedan ratificarlo para que este instrumento pueda entrar en vigor.
La adopción del Protocolo Facultativo refuerza la obligación asumida por los Estados al ratificar el PIDESC de dar el mismo grado de efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales en relación con los derechos civiles y políticos. Esto resulta fundamental para abandonar la falsa impresión de que los derechos económicos, sociales y culturales, a diferencia de los derechos civiles y políticos no son derechos exigibles y justiciables sino normas de tipo programático, es decir, buenas intenciones de parte de los Estados. El Protocolo Facultativo abona también en el fortalecimiento de los principios de universalidad e interdependencia de los derechos humanos proclamados por el Plan de Acción de Viena en 1993.
Con este Protocolo, una vez agotados los recursos jurídicos internos, las personas y comunidades podrán acudir a este mecanismo para que el Comité DESC determine si el Estado incumplió o no con las obligaciones que surgen del PIDESC.
El PF-PIDESC también permite al Comité DESC iniciar una investigación cuando reciba información fiable que indique la existencia de violaciones graves o sistemáticas de los derechos consagrados por el PIDESC, siempre que el Estado interesado haya hecho una declaración de aceptación de la competencia del Comité para realizar tales investigaciones.
El Estado mexicano participó activamente en la configuración y diseño del PF-PIDESC y ha hecho pública su voluntad de ser de los primeros países en firmarlo. Una vez dado este paso, es fundamental que el Senado de la República lo ratifique y, a su vez se inicie una labor de difusión de su contenido para que las personas en México puedan hacer uso de dicho instrumento de protección de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Fin