La ONU-DH llama a investigar las alegaciones de abusos por parte del funcionariado público en el contexto de las protestas en Chiapas

“La información que hemos recibido es preocupante y es fundamental que las alegaciones por abuso no sean ignoradas, sino tomadas con toda la seriedad e investigadas de forma diligente”, afirmó Guillermo Fernández-Maldonado, Representante de la ONU-DH en México.

“Es especialmente importante garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género”, añadió el señor Fernández-Maldonado.

De acuerdo con la información recibida por la ONU-DH, el 18 de mayo 2021, en la caseta de cobro de la autopista de Tuxtla a San Cristóbal de las Casas, fueron detenidas 97 personas, 93 de ellas estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” (72 mujeres y 21 hombres) y cuatro personas parte de las familias desplazadas del ejido Puebla, Chenalhó (todos hombres, dos de ellos adolescentes). Las detenciones se dieron en el contexto de las protestas en contra de los cambios en la prueba de acceso a la escuela. Posteriormente, los dos adolescentes habrían sido puestos en libertad y las 95 personas restantes puestas a disposición del juez, quien declaró legal su detención.

La ONU-DH recibió de parte de testigos de los hechos, organizaciones acompañantes y abogados de las personas detenidas alegaciones sobre actos de posibles detenciones arbitrarias, malos tratos, violencia sexual, abusos de poder y uso excesivo de la fuerza, entre otras. Asimismo, recibió información sobre acciones que habrían dificultado el acceso de las personas detenidas a contar con representantes legales de su elección. La ONU-DH ha sido informada también sobre posibles violaciones a los derechos de las personas detenidas durante su estancia en instalaciones de la Fiscalía General de Chiapas y en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados 14, “El Amate”.

El llamado de la ONU-DH a garantizar el debido proceso a todas las personas detenidas incluye el absoluto respeto a los principios de presunción de inocencia, la individualización de las conductas que puedan ser calificadas como violatorias de la ley y el acceso al derecho a la defensa. En el caso de las personas hablantes de lenguas indígenas, se debe incorporar la perspectiva intercultural a la investigación, así como garantizar su derecho a contar con servicios de traducción e interpretación que les permitan seguir todo el proceso y participar en el mismo en su propio idioma, para garantizar su derecho de acceso a la justicia.

Las investigaciones de los posibles casos de abuso que podrían haber sido cometidos por las funcionarias públicas y los funcionarios públicos deberán ser diligentes e imparciales, desde lo ocurrido en el momento de su detención y durante todo el tiempo que las personas detenidas permanezcan bajo el control de las instituciones del estado. Esta investigación también debe garantizar la efectiva incorporación de la perspectiva de género al atender especialmente las denuncias de violencia sexual.

La ONU-DH también recuerda la responsabilidad de las autoridades de garantizar que las condiciones de las personas privadas de su libertad cumplan con lo establecido en la legislación nacional y los estándares internacionales, bajo una adecuada perspectiva de género y multiculturalidad, incluyendo la atención diferenciada a la salud, alimentación, agua, condiciones dignas de alojamiento y los elementos necesarios para mantener la higiene. Además, se deberán adoptar las medidas necesarias para prevenir contagios de COVID-19.

De acuerdo a la información recibida, las protestas se habrían producido en rechazo a la decisión de las autoridades educativas de establecer que el examen de admisión a la escuela normal rural fuese exclusivamente por internet, como parte de las medidas para contener los contagios de COVID-19, con lo cual se corre el riesgo de negar su acceso a la educación a personas que no tengan acceso a computadoras, internet y/o electricidad. La ONU-DH recuerda a las autoridades que las medidas adoptadas para contener la expansión de la pandemia por COVID-19 deben evitar en todo momento exacerbar la situación de discriminación que viven las personas y grupos tradicionalmente discriminados y excluidos.

“La pandemia ha agudizado las desigualdades. Es responsabilidad de las autoridades evitar que sus medidas profundicen esta brecha. Las medidas de respuesta a la pandemia deben poner los derechos humanos en el centro para garantizar que ninguna persona sea dejada atrás. Las jóvenes y los jóvenes indígenas, que han enfrentado la discriminación estructural y muchas veces viven en condiciones de exclusión y pobreza, tienen derecho a acceder a todos los niveles educativos sin enfrentar barreras que en la práctica constituyen discriminación”, concluyó el señor Fernández-Maldonado.