La ONU-DH saluda los cambios positivos sobre Guardia Nacional

Gracias a la apertura del Congreso de la Unión, diversos actores han tenido la oportunidad de expresar sus puntos de vista. Desde el inicio del proceso legislativo la Oficina compartió su preocupación por el carácter militarizado de la propuesta original sobre la base de las obligaciones internacionales del Estado mexicano. De igual forma, la ONU-DH tuvo la oportunidad de promover de manera constructiva alternativas de solución.

“La versión adoptada por el Senado representa un avance positivo que elimina algunos de los principales puntos de preocupación y retoma varias de las recomendaciones formuladas por la Oficina y otros actores relevantes,” sostuvo Jan Jarab, Representante en México de la ONU-DH.

Entre las mejoras destaca el giro desde un diseño predominantemente de corte militar hacia otro de carácter civil en la naciente corporación de seguridad. De particular relevancia es que se hayan eliminado algunos componentes que atentaban contra la esencia civil de la Guardia Nacional, se haya fortalecido el mando civil y se hayan incorporado elementos de control de carácter democrático.

La colocación de componentes del orden militar sólo en los artículos transitorios, lo cual preserva la integridad del texto constitucional permanente, y la recuperación explícita de algunos estándares del “Caso Alvarado” resuelto recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, atenúan significativamente los riesgos de la propuesta original. Aun así, dicho régimen de transitoriedad deberá sujetarse, en los hechos, a estrictos mecanismos de supervisión de naturaleza civil que permitan la prevención de violaciones a los derechos humanos y su detección cuando éstas ocurran, así como su investigación y sanción adecuadas.

La minuta aprobada por el Senado respeta el carácter excepcional, restringido y limitado de la jurisdicción militar al no modificar al artículo 13 de la Constitución. De igual forma, la Oficina saluda que se haya garantizado la imposibilidad de privar a personas de la libertad en instalaciones militares y que toda persona detenida deberá ser puesta a disposición de la autoridad “civil”. Ambos temas fueron desde el inicio dos de las prioridades sustantivas de la ONU-DH.

Además, la ONU-DH saluda que la nueva versión mantenga dos avances significativos alcanzados desde la minuta adoptada por la Cámara de Diputados: la generación de dos marcos normativos de alcance nacional sobre uso de la fuerza y registro de personas detenidas. Dichos temas retoman reiteradas recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.

“El hecho de que las y los integrantes del Senado hayan materializado un consenso que hace días parecía inalcanzable en un tema tan sensible y relevante para el pueblo de México es en sí mismo digno de reconocimiento. La voluntad de diálogo y la disposición de construir colectivamente y en pluralidad son métodos propios de toda sociedad madura que aspira a procesar sus diferencias de forma reflexiva por la vía democrática”, agregó Jan Jarab.

Adicionalmente, la ONU-DH desea resaltar las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil, de especialistas en materia de seguridad y derechos humanos y de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, particularmente de quienes se han articulado en el Colectivo Seguridad Sin Guerra, así como de los organismos públicos de derechos humanos. Su papel ha sido determinante para enriquecer la deliberación en el Congreso. La ONU-DH anima al Estado mexicano a mantener el espíritu de apertura y participación cívica que ha permitido la consecución de este acuerdo en futuros procesos.

“De implementarse correctamente la reforma constitucional, en estricto apego a los derechos humanos y preservando el carácter civil de las corporaciones de seguridad, se iniciaría un camino para superar el paradigma militar en la seguridad pública en México y retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de tareas que le son impropias,” concluyó Jan Jarab.

La ONU-DH anima a la Cámara de Diputados a aprobar la minuta adoptada por el Senado de la República. Adicionalmente, la Oficina refrenda su plena disposición para seguir acompañando los esfuerzos del Estado mexicano en la construcción de una política de seguridad ciudadana, así como para brindar su asistencia y colaboración técnicas en la elaboración de las leyes que se derivarán de la reforma[1] y en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad pública.