Las medidas de seguridad de COVID-19 no son una excusa para el uso excesivo de la fuerza, dicen los Relatores y las Relatoras Especiales de la ONU

“Nos alarma el aumento de las denuncias de asesinatos y otros casos de uso excesivo de la fuerza dirigidos en particular a personas que viven en situaciones vulnerables”, dijeron los Relatores y las Relatoras Especiales.

“Las personas en situaciones vulnerables, como las que viven en la pobreza y las que viven en barrios marginales, las personas sin hogar, las minorías, las personas detenidas, las mujeres y los niños víctimas de la violencia doméstica, los migrantes y los refugiados, las mujeres trans y todos los y las que defienden sus derechos, ya se ven afectados de manera desproporcionada por el virus. Las políticas de prohibición de visitas en los asilos de ancianos y de atención a domicilio exacerban el riesgo de violencia, maltrato, abuso y abandono de las personas de edad y otras personas que viven en instituciones”.

“Todas estas personas, que a menudo se ven desproporcionadamente afectadas por el virus, debido a sus precarias condiciones de vida, no deberían ser todavía más víctimas, a causa de las medidas de estado de emergencia”.

Los expertos y las expertas recordaron a los gobiernos y a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que la prohibición de la privación arbitraria de la vida, la tortura y otros malos tratos es absoluta e inderogable en todo momento.

“Incluso durante los estados de emergencia, el uso de la fuerza sigue guiándose por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución. Exigen que se evite el uso de la fuerza y de las armas de fuego, y que se agoten todos los medios no violentos posibles antes de recurrir a los violentos”.

Los organismos de represión, recordaron los expertos y las expertas, sólo deben utilizar la fuerza cuando sea estrictamente necesario. La fuerza letal sólo debe utilizarse para protegerse contra un riesgo inminente para la vida e incluso entonces, siempre deben tomarse precauciones razonables para evitar la pérdida de vidas.

“La violación del toque de queda, o cualquier restricción a la libertad de movimiento, no puede justificar el recurso al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía; bajo ninguna circunstancia debe conducir al uso de fuerza letal”.

Los expertos y las expertas insisten en que deben tomarse más precauciones para proteger el derecho a la vida y a la dignidad, dado que muchas personas no tienen un hogar donde permanecer confinadas, o viven en condiciones precarias, y no tienen los medios para mantener a sus familias en aislamiento.

“No puedes quedarte en casa si no tienes una. No puedes permanecer confinado si no tienes lo que necesitas para alimentar a tu familia”, señalaron los expertos y las expertas en derechos humanos. “¿Cómo se puede ‘distanciar físicamente’ en un asentamiento urbano? ¿Cómo se come cuando se es un trabajador que necesita salir todos los días para tener entrada de dinero?”

“Además, dado el elevado número de infecciones por COVID-19 notificadas entre los agentes de policía, las interacciones con la policía pueden representar una fuente adicional de riesgo de infección, para las poblaciones que ya se encuentran en situaciones vulnerables y que no deben ser desatendidas en el despliegue y uso de la autoridad policial”.

Los expertos y las expertas pidieron a los gobiernos que idearan acciones específicas para mitigar los efectos desproporcionados que las medidas de emergencia pueden tener en los grupos en situaciones vulnerables, y para protegerlos.

“Es importante que los organismos encargados de hacer cumplir la ley tengan en cuenta el contexto local, las necesidades y vulnerabilidades de determinados grupos de personas, y que actúen con cautela cuando recurran al uso de la fuerza para procurar que ésta sea necesaria y proporcionada”, dijeron. “Para millones de personas, las medidas de emergencia pueden constituir una amenaza más directa para su vida, sus medios de subsistencia y su dignidad, que el propio virus. Hay múltiples formas de actuar antes que llegar al uso fuerza”.

“Recomendamos la discusión, la instrucción, la consulta y la participación de la comunidad – como principios operativos para la policía, al implementar las medidas de emergencia. Esto es lo que exige el derecho internacional porque es lo que requiere la protección de los derechos humanos en tiempos de contagio”, concluyeron los expertos y las expertas.

NOTA PARA LOS EDITORES: La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard, publica en despachos de derechos humanos para examinar cuestiones pertinentes de derechos humanos en el contexto de la pandemia de coronavirus. Otras medidas específicas recomendadas por otros Relatores Especiales pueden encontrarse aquí.