México necesita una nueva estrategia para enfrentar los dos retos que representan la “pobreza alimentaria” y la obesidad, dice experto de la ONU del derecho a la alimentación
CIUDAD DE MEXICO, 20 de junio de 2011.- “A pesar de que 7 de cada 10 adultos mexicanos presentan sobrepeso u obesidad, lo que implica un costo del 0.5% del PIB del país, las políticas agrícolas y comerciales aún no se alinean con la necesidad de apoyar el acceso a una dieta balanceada”, dijo Olivier De Schutter en el último día de su misión oficial a México. “El derecho a la alimentación pronto será reconocido en la Constitución, lo cual es un logro que considero encomiable. El siguiente paso será adoptar una estrategia nacional para la realización del derecho a la alimentación que pueda hacer frente a los dos retos que presentan la obesidad y la pobreza alimentaria al mejorar la congruencia entre las diferentes áreas políticas que afectan a este derecho”.
El Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación habló al terminar su misión que llevó a cabo en México entre el 13 y 20 de junio de 2011, por la invitación del Gobierno. Su misión le llevó a explorar las consecuencias de la reciente incorporación del derecho a la alimentación en la Constitución mexicana, misma que entrará en vigor después de haberse logrado la aprobación por una mayoría de las 31 entidades federativas de México. El señor De Schutter comentó que ahora era el momento para que México avanzara con los siguientes pasos en la implementación del derecho a la alimentación, a través de la adopción de una ley marco en esta materia, además de una estrategia nacional hacia la plena realización del derecho a la alimentación. “México se encuentra en una situación paradójica”, notó. “Aún tiene 19.5 millones de personas (18.2 por ciento de la población) que viven en una situación de inseguridad alimentaria, y la gran mayoría se encuentra en áreas rurales, con un número desproporcionado de personas indígenas entre ellos. Pero al mismo tiempo, México es uno de los países más severamente afectados por el sobrepeso y la obesidad, el segundo después de los Estados Unidos. Un estado de emergencia debería de declararse al respecto.”
Al señalar que la adopción de una estrategia nacional en materia de alimentación podría superar este paradoja, subrayó que ambas, sub-nutrición y sobre-nutrición, son el resultado de varios factores que incluyen prácticas de monocultivos orientadas a la exportación agrícola, con costos a la salud y las dietas saludables y variadas, políticas que se inclinan hacia los intereses de los agricultores ricos más que hacia los pequeños agricultores, y la comercialización de alimentos ricos en energía. Desde su punto de vista, México debería de adoptar una estrategia que combata la pobreza rural y las dietas inadecuadas al mismo tiempo. “Las políticas agrícolas y sociales que apoyan a los consumidores deberían de apoyarse mutuamente y apoyar los sistemas locales de alimentos que pudiesen ofrecer más beneficios al consumidor y a los pequeños agricultores por igual.. Por ejemplo, los programas existentes de ayuda alimentaria deberían de abastecer más a los productores de alimentos, productores locales de pequeña escala existentes, para aumentar sus ingresos y asegurar la
provisión de alimentos frescos para los consumidores, y es inevitable una mejor reglamentación de las prácticas comerciales por parte de las compañías”.
El Relator Especial felicita a México por los esfuerzos realizados para combatir la pobreza extrema, tales como Oportunidades, que cubre 5.85 millones de viviendas y la distribuidora e impulsora comercial DICONSA. Según el experto de la ONU, “la manera en que llegan dichos programas a sus población meta es notable.”
Revisando las causas de la pobreza alimentaria y la malnutrición en el país, el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación se refirió a la amplia gama de testimonios que recibió de las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo a gran escala tales como represas y proyectos mineros. Enfatizó que de acuerdo con el derecho internacional, “el desplazamiento sólo puede ocurrir excepcionalmente y por razones imperiosas de interés público”. “Además”, señaló que, “estas comunidades no parecen haber sido consultadas adecuadamente, y las compensaciones ofrecidas por la pérdida de sus tierras y medios de vida han sido en algunos casos insuficiente. El poder judicial mexicano está facultado para proteger los derechos de estas comunidades”, añadió, “pero las autoridades competentes deberían seriamente reexaminar los procedimientos que siguen en el diseño de los planes de reasentamiento”. Refiriéndose en particular al pueblo de Temacapulín y otras localidades amenazadas por la construcción de la presa de El Zapotillo, señaló que los planes de reasentamiento que se ofrecen no siempre son los apropiados.
El experto de la ONU también pidió a las autoridades mexicanas reintroducir la moratoria sobre los ensayos de campo de maíz transgénico, y renunciar a la introducción de maíz transgénico en el país. “La introducción de maíz transgénico en México plantea una grave amenaza para la biodiversidad agrícola, un recurso crucial en el futuro frente a las amenazas y cambios impredecibles causados por el cambio climático. A largo plazo, la mejora continua de las variedades criollas mediante las prácticas de los agricultores de almacenaje, resiembra e intercambio de semillas que mejor se adapten a los entornos específicos es crucial para una protección efectiva contra lo impredecible “, dijo. Subrayó que la introducción y propagación de maíz transgénico en México no beneficiaría más a los agricultores, puesto que llevaría a los agricultores mexicanos a depender de manera progresiva de los proveedores de semillas, protegidos por los derechos de propiedad intelectual, que hacen de la agricultura excesivamente cara.
En cambio, De Schutter pidió una nueva reforma agraria, después de las de 1917 y 1992. “Esta tercera reforma agraria debe centrarse en los pequeños productores y buscar la ampliación de técnicas agroecológicas”, dijo. “Se debe comenzar por políticas de desarrollo agrícola en favor de los pobres: las políticas actuales favorecen a los estados más ricos, a los municipios más ricos y a los productores más ricos”, señaló, “un sesgo inaceptable en un país en donde el 80% de agricultores cuentan con menos de 5 hectáreas”. Los últimos datos indican que el 10% de los productores más pobres reciben sólo el 0,1% del programa agrícola Ingreso Objetivo, mientras que el 10% recibió el 80%. Por el contrario, De Schutter señaló que un programa como ProÁrbol – basado en el estímulo y la participación de comunidades locales y pequeños agricultores por servicios ecológicos – debe servir como modelo para la próxima generación de políticas agrícolas.
El Relator Especial se benefició de un nivel de cooperación sin precedentes por parte de las autoridades mexicanas, incluyendo reuniones con la Oficina de la Presidencia de la Republica al igual que con diez Secretarias y con miembros de ambas cámaras del Congreso
Federal y Congresos de los Estados. El Relator presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Fin