ONU-DH insta a las autoridades a investigar torturas de Israel Arzate Meléndez y a subsanar vicios en el proceso penal en su contra
Ciudad Juárez, Chihuahua, 15 de marzo de 2012.- El Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, visitó el día de hoy a Israel Arzate Meléndez, quien se encuentra privado de su libertad desde el mes de febrero de 2010.
El Sr. Arzate Meléndez fue detenido por efectivos militares en Ciudad Juárez a principios de febrero de 2010 basándose sobre un reporte de robo de vehículo. El Sr. Arzate fue prontamente expuesto ante los medios de comunicación como uno de los autores de la masacre de Villas de Salvárcar ocurrida el 30 de enero de 2010. Es un hecho probado que fue sometido a torturas por parte de miembros del Ejército para obtener su confesión autoincriminatoria.
Lo anterior ha sido acreditado fehacientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual hasta en dos oportunidades (en febrero y abril de 2010) le practicó un reconocimiento médico a través de la aplicación del Protocolo de Estambul, y consecuentemente, en su Recomendación 49/2011 del 30 de agosto de 2010, ratificó que éste había sido “víctima de torturas infligidas por elementos militares y que éstas tuvieron como finalidad que confesara su posible participación en los hechos ocurridos el 30 de enero de 2010 en la colonia Villas de Salvárcar.” La CNDH estableció igualmente que servidores públicos (elementos del Ejército y de la Procuraduría del Estado de Chihuahua) “vulneraron en perjuicio de la víctima los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, legalidad y seguridad jurídica, por hechos violatorios consistentes en retención ilegal, incomunicación, tortura y empleo arbitrario de la fuerza”.
A pesar de lo contundente y categórico de este material, e incluso de la denuncia a viva voz el 11 de febrero de 2010 por parte del propio Sr. Arzate ante la Juez de Garantías de las torturas de las que había sido víctima, no hubo acción eficaz ni remedio oportuno frente a la gravedad y magnitud de la denuncia y, por el contrario, se confirmó el pleno valor probatorio de la autoincriminación extraída bajo tortura.
La situación del Sr. Arzate ha sido materia de conocimiento y examen por parte del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria el cual, en febrero de 2012, se pronunció sobre el carácter arbitrario de la privación de la libertad del Sr. Arzate Meléndez mencionando irregularidades en su proceso que no le han permitido gozar de su derecho a un juicio justo. El Grupo de Trabajo le solicitó al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos que efectúe una investigación exhaustiva, independiente e imparcial de las denuncias de torturas y que disponga la libertad inmediata del Sr. Arzate Meléndez.
El Sr. Javier Hernández Valencia, Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que “para nosotros se trata de un caso preocupante y que merece la debida atención de las autoridades así como de la ciudadanía, sobre todo en el esfuerzo que se requiere para hacer realidad y práctica la plena vigencia de los derechos humanos en México, más aún a la luz de la reforma constitucional que entró en vigor el año pasado: si la tortura sigue siendo aplicada por los responsables de brindar seguridad, si confesiones extraídas por este medio siguen siendo usadas y aceptadas como evidencia en los juicios, si los funcionarios encargados de la procuración de justicia se mantienen inertes frente a las denuncias de los torturados, si no se previene, investiga y sanciona la tortura, entonces la reforma constitucional será letra muerta”.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos repudia los hechos de violencia de Villas de Salvárcar donde perdieron la vida 15 personas y 10 fueron lesionadas causando gran sufrimiento y zozobra tanto a sus familiares como a la comunidad juarense. Los derechos de estas víctimas, especialmente en cuanto al acceso a la justicia, a atención médica y sicológica y a la reparación del daño, deben ser respetados de acuerdo a la normativa constitucional e internacional sobre los derechos de las víctimas.
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