Palabras de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Señora Navi Pillay

Ciudad de México, México Viernes 8 de julio, 2011

Muy buenas tardes,

Agradezco a todos su presencia el día de hoy. Ha sido un gran placer haber visitado México, y me hubiera encantado haber permanecido mayor tiempo para conocer mejor este hermoso país, reunirme con más personas y adentrarme plenamente en las complejidades de la situación de los derechos humanos que he venido a observar.

Quisiera agradecer al Gobierno Federal por su amable invitación y su cálida hospitalidad, así como por el diálogo franco y honesto del que también disfruté con las autoridades de Oaxaca y del Distrito Federal.

Visité México para comprender de primera mano las dinámicas actuales en relación a los derechos humanos. También vine para examinar la forma en que mi Oficina puede proveer mayor apoyo y asesoría al país.

En los últimos seis días, me reuní con el Presidente Felipe Calderón y con autoridades de Oaxaca y el Distrito Federal. Sostuve una serie de fructíferos diálogos con los Secretarios de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública. También me reuní con la Procuradora General de la República, el Presidente de la Suprema Corte, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y autoridades locales, así como con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus homólogos de los 32 estados.

Pero más importante aún, tanto en Oaxaca como aquí en la ciudad de México, conocí a personas maravillosas de este país. Me reuní con defensoras y defensores de derechos humanos que trabajan una diversidad de temas, tales como: los derechos de las personas migrantes, la tortura, la seguridad, los derechos de las mujeres y la libertad de expresión. Me encontré con víctimas y familiares de víctimas de abusos a los derechos humanos, y sostuve diálogos con líderes y autoridades indígenas. También pude sentir la energía de entusiastas jóvenes reunidos en apoyo a las y los defensores de derechos humanos.

Estoy profundamente conmovida por la extraordinaria forma en que, a pesar de los inmensos desafíos en materia de  derechos humanos, las personas  que conocí mantienen viva la esperanza y la voluntad por construir un país regido por el imperio de la ley en el que sus derechos fundamentales sean respetados. Ellos y ellas son el recurso más valioso de México.

Es preciso reconocer que un número importante de avances se han realizado. La reforma constitucional en materia de derechos humanos marca la ruta para ampliar la promoción y protección de los derechos humanos internacionalmente reconocidos por el país. Sin embargo, la reforma ahora necesita ser implementada y profundizada en los niveles nacional, estatal, y municipal. La Ciudad de México demuestra la forma como el gobierno de una entidad federativa hace de los derechos humanos una parte integral de su agenda.

Estoy profundamente consternada por los muy altos y aún crecientes niveles de violencia criminal en algunas partes del país. El crimen organizado, con sus acciones y métodos brutales, amenazan el corazón profundo del Estado y atacan los derechos humanos básicos que con ahínco nos esforzamos por proteger.

No debemos olvidar que garantizar la seguridad ciudadana supone el respeto al derecho de todas las personas a vivir libre de cualquier amenaza a sus derechos fundamentales, -tales como la vida, la integridad física, la libertad y la justicia-, así como la obligación del Estado de responder y reparar a las víctimas cuando sus derechos hayan sido violentados.

Tampoco debemos olvidar que el guardar y hacer guardar la ley es sólo un aspecto de la seguridad ciudadana. Igualmente importante son la prevención, investigación y sanción de los delitos, así como la reparación para aquellas personas que han sufrido tanto. No podría ser más enfática en señalar que todos estos aspectos deben integrarse como un conjunto. Como parte de esto, el diálogo con, la participación de, y la rendición de cuentas a la sociedad son claves para garantizar el éxito de cualquier política de seguridad ciudadana. Por lo tanto, saludo el diálogo del Presidente con las víctimas de la violencia y sus familiares, y me alienta su promesa de brindar mayor atención a su situación y a la protección de la población.

La magnitud del desafío es enorme y algunas de las raíces del problema se encuentran más allá de las fronteras de México. Hago un llamado a los Estados Unidos de América, señalado como el principal consumidor de drogas y abastecedor de armas dentro y fuera de México, para que haga un esfuerzo adicional para que el pueblo de este país esté seguro.

Entiendo que en circunstancias extraordinarias decisiones difíciles deben tomarse -como la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública- hasta en tanto el Estado construya las capacidades para proteger a la ciudadanía de conformidad con el Estado de Derecho. Sin embargo, estas medidas excepcionales deben permanecer fieles a su naturaleza: extraordinarias y limitadas en el tiempo. Adicionalmente deben realizarse supeditadas a controles civiles y dentro de los límites establecidos por los estándares y principios de derechos humanos.

El Estado solamente se hace fuerte cuando protege los derechos de su población. Únicamente, mediante la protección de los derechos humanos la población depositará su confianza y brindará su apoyo al Estado y el brazo de la ley será capaz de alcanzar a todas las personas en todo el territorio. Los derechos humanos son la ruta y no el obstáculo para la seguridad, por más que las circunstancias sean adversas.

Reconozco que las fuerzas de seguridad están intentando proveer protección frecuentemente, poniendo en un alto riesgo sus vidas. Veo con preocupación, sin embargo, en incremento en los reportes de violaciones de derechos y el uso excesivo de la fuerza por agentes del Estado en el desarrollo de sus acciones en contra del crimen organizado. Debe detenerse la práctica de la tortura. Hago un llamado urgente al Gobierno para garantizar la plena investigación y sanción de todos aquellos hechos, mismos que invariablemente deben ser atendidos por Tribunales civiles independientemente de la calidad o condición del perpetrador.

Otro aspecto que constaté con preocupación es la situación de las personas migrantes, así como la valentía y compromiso de las personas que trabajan en su defensa. Ellos y ellas también son titulares de derechos y su debida protección no debe ser menospreciada. Hago un llamado al Gobierno mexicano a hacer el máximo de sus esfuerzos posibles para proteger la vida e integridad de las personas migrantes, en particular de las mujeres y las y los niños, y para prevenir la trata de personas. De igual manera, insto a las autoridades a respetar plenamente los derechos de las personas migrantes y a asegurar que los defensores de derechos humanos, las policías y ministerios públicos que investigan las violaciones en su contra cuenten con una protección efectiva.

Ahora, quisiera manifestar mi más profunda solidaridad con las mujeres víctimas de la violencia e inseguridad en Ciudad Juárez y en otras partes del país y exijo a las autoridades la total aceptación y cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Campo Algodonero”, así como el combate a la impunidad en cualquier caso de feminicidio.

Me aturdió escuchar el testimonio de una joven mujer que fue apuñalada siete veces por su prometido para luego enfrentar su indignante liberación judicial, por una mujer jueza, quien pensó que la víctima estaba siendo demasiado severa con él. Es inevitable que también recuerde a Marisela Escobedo asesinada a las afueras del palacio de gobierno mientras exigía justicia para su hija, así como a las muchísimas mujeres cuyos asesinatos y agresiones permanecen impunes.

Las defensoras de los derechos de las mujeres están haciendo un extraordinario trabajo en la promoción y protección de los derechos humanos en todo México, frecuentemente a costa de su seguridad personal. Alabo su trabajo y les quiero asegurar que mi Oficina permanecerá a su lado consolidando estrategias y actividades compartidas para combatir todas las formas de violencia en contra de las mujeres, incluyendo la doméstica, la trata y explotación sexual, y encontrando rutas para fortalecer su propia protección.

La promoción y protección de los pueblos indígenas se mantiene como una de las máximas prioridades de mi Oficina. En particular, nos guiamos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual contó con la aprobación de México, la cual es nuestro marco en la actuación tendiente a mejorar el avance y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Pero una cosa es haber votado a favor de la Declaración y otra muy distinta asegurar su implementación.

Estoy consciente de una serie de avances importantes, tales como los que atestigüe en Oaxaca concernientes al reconocimiento de los sistemas normativos indígenas y las estructuras políticas tradicionales basadas en las Asambleas comunitarias. Felicito a los pueblos indígenas de México por la batalla que les llevó a este reconocimiento  y  les  aliento  a  continuar  con  sus  valientes  esfuerzos  en  la  conquista  del  respeto  a  sus derechos. En particular, hago un llamado a los Gobiernos federal y estatales a reconocer explícitamente el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.

Especialmente quisiera llamar la atención a la situación de las mujeres indígenas quienes sufren una triple discriminación –por ser indígenas, mujeres y pobres. Tal y como las sociedades no indígenas tienen un largo camino que recorrer para alcanzar la igualdad de género, los pueblos indígenas también necesitan reconocerles a las mujeres un papel más relevante y en igualdad de condiciones que los hombres.

La actual presidenta del Congreso estatal de Oaxaca es una mujer indígena. Ella, una mujer excepcional, me contó como tuvo que luchar en contra de la discriminación y las resistencias para obtener su actual posición pública, incluso dentro de su propia comunidad. La felicito por su fortaleza y su logro. Pero otras mujeres que han querido seguir sus pasos no han sido tan afortunadas. Por consiguiente, deseo alentar a las autoridades de todo el país a adoptar medidas concretas para mejorar su situación y fomentar su participación política y liderazgo.

El Estado debe hacer más para salvaguardar la libertad de expresión. No solamente permitiendo la pluralidad de perspectiva y medios para la difusión de información, sino también asegurando que aquellos que ejercen la labor informativa puedan realizar sus actividades sin tener que pagar un alto costo, en algunas ocasiones con sus vidas.

Las agresiones en contra de periodistas constituyen ataques a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada. Me encuentro alarmada por los altos niveles de impunidad que prevalecen en relación a los ataques en contra de periodistas y hago un llamado urgente a que esta impunidad sea erradicada. El mecanismo para la protección de periodistas requiere ser implementado sin demora y con la plena participación de las y los periodistas, tanto a nivel nacional como a nivel estatal.

Tengo una preocupación similar acerca de la situación de las y los defensores de derechos humanos. Me he encontrado con muchos aquí como en Ginebra y he escuchado las adversidades que enfrentan. Estoy consciente que demasiados han sido  hostigados, amenazados, injustamente encarcelados e incluso asesinados. Estoy complacida de haber atestiguado la firma del Presidente de un acuerdo que establece las bases de un mecanismo nacional de protección para defensores y defensoras de derechos humanos. Confío que este mecanismo fortalecerá los actuales esfuerzos de las autoridades por generar adecuadas condiciones para realizar su trabajo.