“Preocupa la extrema vulnerabilidad de las personas en movilidad ante la pandemia por COVID-19”: ONU-Derechos Humanos

En el marco de su mandato, las Oficinas reconocen los esfuerzos de los países en la región para contener y prevenir la propagación de la pandemia y para brindar atención a las personas afectadas. Sin embargo, algunas medidas adoptadas por los Gobiernos generan impactos desproporcionados en las personas en movilidad, exacerbando los desafíos pre-existentes en el ejercicio de sus derechos humanos.

Es de especial preocupación la situación de las personas retornadas sin condiciones de voluntariedad, salubridad y dignidad. En este sentido, se ha documentado la presencia de personas migrantes centroamericanas que fueron llevadas hasta la frontera entre México y Guatemala, que permanece cerrada, y enfrentan dificultades para llegar por la vía regular a su país de origen.

Se debería considerar la posibilidad de suspender temporalmente los retornos forzados a la región durante la pandemia; establecer mecanismos para la regularización de personas y garantizar su pleno acceso a las medidas de protección y atención oportuna en salud. Sin embargo, de continuar con los retornos, éstos sólo podrían llevarse a cabo si cumplen con el principio de no devolución y con la prohibición de las expulsiones colectivas, así como con las garantías del debido proceso.

El cierre de las fronteras ha provocado que numerosas personas en movilidad, incluidas niñas y niños, adultos mayores y mujeres, hayan quedado atrapadas en lugares fronterizos. Estas personas permanecen en campamentos improvisados, en situación de calle, en comunidades o centros de acogida, en los que no siempre se han implementado los protocolos sanitarios para protegerlas según las recomendaciones de la OMS.

Panamá enfrenta un desafío particular por su posición geográfica y por el cierre de frontera con Costa Rica se ha generado que más de 2500 personas migrantes irregulares permanezcan en el país, y a pesar de esfuerzos de las autoridades aún se presentan condiciones de hacinamiento y limitado acceso a servicios de salud, información, alimentación, agua y saneamiento. En Honduras, la situación de algunas personas atrapadas en la frontera con El Salvador es preocupante, ya que en su mayoría carecen de tales servicios básicos.

Las personas en movilidad son particularmente vulnerables a actitudes y comportamientos que las estigmatizan y discriminan y éstas se ven fomentadas por las narrativas que les asocian con la propagación de la COVID-19. En Honduras, por manifestaciones de la población local en contra de la llegada de personas nacionales retornadas, un Centro de Atención al Migrante Retornado ha tenido que permanecer cerrado. Al respecto, las Oficinas resaltan la importancia de que las autoridades velen para que el discurso público y la respuesta a la pandemia no contribuyan a la estigmatización y la discriminación de las personas en movilidad.

En el contexto de la pandemia por COVID-19, es necesario garantizar a todas las personas en movilidad, independientemente de su estatus migratorio, el acceso a la salud, la alimentación, la información en un idioma de su comprensión, el derecho a solicitar asilo y a una evaluación individual de otras necesidades de protección. Así mismo, se debe garantizar acceso a servicios básicos en igualdad de condiciones, sin discriminación y con perspectiva de género y enfoque diferenciado.

Incluir a las personas migrantes en la respuesta a esta crisis es esencial para proteger no sólo los derechos de las personas migrantes, sino también la salud de la sociedad en su conjunto. Todos los países, tanto los de origen como los de destino, tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes.[ii] Es fundamental que en las respuestas contra la COVID-19 predomine la solidaridad entre la comunidad internacional y los países fronterizos a lo largo de los corredores migratorios.

Las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la región continuarán observando la situación de las personas en movilidad y prestando asistencia técnica a las autoridades nacionales para apoyarlas en los esfuerzos de protección y garantía de los derechos humanos.