Del Ejido Morelia a Ayotzinapa. 20 años de trabajo contra las desapariciones forzadas en México

Pertenezco a la primera generación que ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, al retornar la democracia a Argentina en 1983. Mi infancia y adolescencia estuvieron marcadas por la dictadura cívico militar, los 30 mil desaparecidos y desaparecidas, incluidas dos primas de mi madre –Tili y Moni-, las torturas, los exilios, la guerra de las Malvinas. Pero también por la resistencia de parte de la sociedad argentina y la solidaridad internacional, incluida la mexicana, que recibió a miles de argentinos y argentinas exiliados (de especial relevancia hoy, Día Mundial del Refugiado) y también por la histórica visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979. En mis años universitarios, fui testigo y participe (casi marginal) de las esperanzas, los debates, las tensiones, las idas y vueltas, las frustraciones de la reconstrucción democrática. Observé y fui influenciado por el famoso informe “Nunca Más” de la CONADEP, la comisión de la verdad argentina que develó el plan sistemático de desaparición de personas, y por el Juicio a las Juntas en contra de los jefes militares de la dictadura. Por ello, para mí, y para muchos de mis compañeros de la Facultad, fue un tránsito natural optar por un compromiso profesional y personal de trabajar en derechos humanos.

Cuando me nombraron como miembro del Grupo de Trabajo en el 2010, llevaba 15 años trabajando en derechos humanos y siempre muy cerca de México. Desde CEJIL, del Law Group, la CIDH y últimamente, desde la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas. De hecho, uno de los primeros casos que litigué sobre México ante la Comisión, fue el de 3 indígenas tzeltales desaparecidos y ejecutados en el Ejido Morelia, en el Estado de Chiapas, en pleno alzamiento zapatista. En ese camino, hice muchísimos amigos y amigas, algunas de las cuales están aquí presente. Ellas y ellos saben quiénes son y lo que significan para mí. En ese mismo camino, perdimos a algunos también. No puedo dejar de mencionar hoy a Digna Ochoa, que vivió en nuestra casa en Washington por varios meses cuando tuvo que salir de México. Ella, al igual que las defensoras, periodistas y líderes sociales que han desaparecido o sido ejecutados están aquí presentes (en mi conciencia, en mis recuerdos, en mi corazón) y siguen inspirándome.

Veamos el camino que recorrimos. Los únicos casos sobre México ante la CIDH en el ’94 eran los que el PAN presentó por fraude electoral, el Estado no había aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana, no existía la oficina en el país del Alto Comisionado, no había visitas in loco de la CIDH ni continuas visitas de procedimientos de la ONU, no existía el GIEI o no tenían jerarquía constitucional de los tratados. Es decir, la sociedad civil mexicana empujó y el Estado mexicano, con tensiones, ha mostrado una apertura internacional que debe ser debidamente reconocida y apoyada.

Fui nombrado al Grupo de Trabajo un poco de casualidad. No buscaba un puesto internacional ni lo busco. Pero una ex jefa y en ese momento Relatora de la ONU para Minorías me convenció de postularme, y como la quiero y admiro, le hice caso. Salí tercero en la lista que se recomendó al Presidente del Consejo de Derechos Humanos. Pero por esas cosas que quiere el destino, el esposo de una compañera mía de la maestría le habló a la esposa del Presidente del Consejo y Embajador de Bélgica y, ella le habló a su esposo. Como en ese momento no había gobierno en su país, este Embajador no tenía órdenes de su capital, así que le hizo caso a su esposa y siete años después aquí estoy….

Una vez electo me puse a pensar: ¿qué hago?: ¿Qué es eso del Grupo de Trabajo? ¿Cómo reemplazar a un gigante como Santiago Corcuera, mi predecesor? Desde ese primer momento cuatro principios guiaron mi trabajo: dar voz a las víctimas y a sus familiares; fortalecer a los actores públicos que desde dentro de los Estados procuran promover y proteger los derechos humanos; dar estímulo y legitimidad a las organizaciones de la sociedad civil, y considerar todas las situaciones con un enfoque diferenciado entendiendo las necesidades y afectaciones particulares en razón de las víctimas y de los contextos.

Mi estrategia para América Latina y para México en particular, fue la de mirar al bosque antes que, al árbol. Es decir, evaluar los problemas generales y estructurales y no los casos individuales, a pesar de entender que teníamos que atender a todos y cada una de las situaciones personales. ¿Por qué esta estrategia? Porque en la región y en México, el rol del sistema interamericano en casos individuales es más efectivo y produce mejores resultados. La contribución adicional que podíamos hacer desde el Grupo de Trabajo era desentrañar de manera especializada los problemas de fondo y visibilizar la cuestión de las desapariciones forzadas.

Dado que todos los cambios sociales vienen desde las propias sociedades entendí que el Grupo de Trabajo debía apoyar estos procesos, pero no remplazar ni sustituir. Por eso, no solo apoyé a las víctimas y a la sociedad civil, sino que trabajé, por ejemplo aquí en México, junto a senadoras para la aprobación de la Ley general de desapariciones y apoyé procesos locales como los desarrollados en Nuevo León, Coahuila o el de la Comisión de la Verdad en Guerrero.

Mi trabajo también se inspiró en una preocupación constante: la situación de pobreza en la que viven vastos sectores de la sociedad, la profunda discriminación e inequidad presente. No hay posibilidad de trabajar en desapariciones forzadas o en ningún tema de derechos humanos, mientras no se considere la pobreza y la discriminación dentro de la complejidad de las violaciones a los derechos humanos. En este sentido, me conmueve profundamente constatar el paulatino y persistente proceso de precariedad económica y discriminación que con el paso del tiempo enfrentan las familias de personas desaparecidas.

El Grupo de Trabajo debe gozar de legitimidad, es decir responder a las necesidades de las víctimas manteniendo la seriedad, imparcialidad, consistencia, coherencia y solidez jurídica. Pero ser imparcial e independiente no significa que no pueda o deba ser pro-victima en su visión y concepción. La imparcialidad implica el análisis y la actuación desde los derechos humanos, para los derechos humanos y para las y los titulares de dichos derechos.

Procuré, junto a mis colegas, hacer al Grupo de Trabajo más activo. Sesionamos tres veces al año, pero intentamos no hacerlo siempre en Ginebra (muy linda, pero cara y completamente aislada del mundo). Así que organizamos sesiones en Nueva York, aquí en el DF, Buenos Aires, Rabat y Seúl. En cada sesión revisamos unos 800 o mil casos. Durante mi mandato visité, además de México, Chile, Perú, España, los Balcanes Occidentales (Croacia, Serbia, Kosovo y Montenegro) y Sri Lanka. Mis colegas en ese periodo también visitaron Pakistán, Turquía, Albania, Timor del Este, Congo. Aprobamos informes de seguimiento de las visitas a Argentina, España, México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Bosnia, Pakistán, Chile, Colombia, Nepal, Marruecos, Timor del Este y Congo.

Adoptamos una versión revisada de los métodos de trabajo del Grupo, que toma en cuenta las nuevas dimensiones de las desapariciones forzadas y tiene el objetivo de hacer al Grupo más eficiente y efectivo. También modificamos los métodos, para no limitarnos a las desapariciones posteriores a 1947 (para responder a la demanda de las víctimas de la Guerra Civil española y considerar el carácter permanente de las desapariciones) o excluir desapariciones en contextos de conflictos armados internacionales. Además, adoptamos un procedimiento para evaluar denuncias sobre prácticas de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad que ya utilizamos para las situaciones en Corea del Norte y Siria solicitando que el Consejo de Seguridad considere referir estas cuestiones a la Corte Penal Internacional. Sé que ahora el Grupo de Trabajo tiene una solicitud similar con respecto a México.

Algunos temas me interesaban promover, como dar mayor perspectiva de género al trabajo en materia de desapariciones. Por ello, quiero hoy rendir mi homenaje a las mujeres, sean las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Mamá Angélica y a todas las madres de ANFASEP en Perú, o las madres de Chechenia o Sbrenica. Así, podríamos ir país por país y detenernos en México con figuras históricas como Tita Radilla o Rosario Ibarra de Piedra hasta llegar a las madres de hoy en día, golpeadas recientemente por el látigo criminal que representó el asesinato de Miriam Rodríguez, en San Fernando, Tamaulipas.

Igualmente hicimos un informe sobre las relaciones entre derechos económicos, sociales y culturales y desapariciones forzadas En este sentido, pensaba en víctimas indígenas y rurales de América Latina o en aquellas como las de Atoyac, Guerrero, con las cuales me encontré y constaté la pobreza extrema que enfrentan la gran mayoría de ellas.

Influido por la situación en México y en otros países, realizamos una consulta sobre desapariciones y actores no estatales, para analizar las mejores reacciones ante este nuevo flagelo. Todavía no tenemos una respuesta, pero si una preocupación clara. En los próximos días, y también influidos por la situación en México, el Grupo de Trabajo dará a conocer su informe sobre Desapariciones en el Contexto de la Migración.

Esto, y todas las demás actividades se daban con enormes desafíos. Nuestro trabajo es honorífico y debemos seguir con nuestros trabajos cotidianos. No los voy a aburrir con el tema del poco presupuesto que tenemos. Frente a los Relatores que son órganos unipersonales nosotros tenemos una deliberación colectiva y adoptamos nuestras decisiones por consenso. Ello permite enriquecernos con visiones, capacidades y experiencias múltiples; pero también puede retrasar y hacer más engorrosa la reacción inmediata. Al Grupo lo apoya personal técnico que actúa como Secretaría, pero que son empleados y su carrera profesional es en la ONU. De modo que tienen una doble lealtad fuertemente influenciada por la cultura institucional onusiana. Tuvimos la suerte de tener un grupo de profesionales excelentes, aun cuando no siempre coincidiéramos o reaccionaran burocráticamente. Por ejemplo, tuvimos un caso de un ex funcionario de la inteligencia pakistaní que desapareció temporalmente. Su padre nos presentó el caso. A los meses la persona reapareció. Y comenzó a colaborar con organizaciones de derechos humanos brindando información. Es así, que en una de nuestras sesiones se reunió con nosotros. Pero en nuestro registro, lo teníamos como desaparecido. Entonces tuvimos una discusión, si podíamos considerar el caso clarificado sin un escrito de la fuente, es decir el padre. Yo decía que, si con nuestros propios ojos habíamos visto a la persona, podemos confirmar que no estaba desaparecida. Pero algunos colegas sostenían que teníamos que tener el papelito escrito y firmado….

Tampoco el Consejo de Derechos Humanos funciona como debería. Por ejemplo, cuando me tocó presentar por última vez un informe anual del Grupo de Trabajo, tuve 20 minutos. A esto le siguió 3 horas de presentaciones de cerca de 40 países reaccionando a mi presentación. Y luego me dieron 10 minutos para responder. Esto es el llamado “dialogo interactivo”. Al darme la palabra para mis reacciones pensé: ¿qué hago ahora? ¿Soy diplomático y continuo la parodia? Dije no. Mejor soy directo. Así que comencé diciendo: “Excelencias, voy a pretender que ahora tendremos un dialogo interactivo y en 15 segundos responderé a cada una de las 40 intervenciones. Para comenzar, permítanme decirles que, de acuerdo a nuestras estadísticas, hoy, en al menos uno de sus países, se está cometiendo una desaparición forzada. De hecho, en cada día del último año, recibimos dos nuevos casos de desapariciones. Les pido Excelencias que reflexionen sobre esto y juntos pensemos qué hace la ONU”. El silencio fue instantáneo.

Ahora, hablemos de México que me parece es lo que más les interesa. Situaré las desapariciones forzadas en México en un contexto más global, no para minimizar lo que ocurre aquí, sino para entenderlas como un fenómeno más amplio. Lamentablemente México no es el único. Desde su creación el Grupo de Trabajo transmitió 55,273 casos a 107 Estados. Hoy están activos 44,159 en un total de 91 Estados. En el 2016 sólo se esclarecieron 161 y se trasmitieron 766 casos a 37 Estados. Estos datos son sólo representativos; en realidad son la punta del iceberg. Para darles una idea, de México solo hay 378 casos abiertos, muchos de los cuales son de la “Guerra Sucia”. Por eso hoy les hago un llamado para que presenten más casos al Grupo de Trabajo. ¿Por qué? Porque es una especie de habeas corpus internacional, tiene carácter humanitario, da publicidad y crea un record internacional. Si hay miles de desapariciones en México, como las hay, tiene que haber miles de casos en el Grupo de Trabajo. El Grupo es nuestra conciencia internacional no sujeta al paso del tiempo, ni a los cambios políticos que cada año le repetirá a México y a todos los otros países que tienen casos sin resolver. Pensemos la estrategia de la Vicaria de la Solidaridad de Chile: un habeas corpus por cada desaparecido en plena dictadura. Sabían que serían rechazados, pero crearon el registro histórico. Luego esos habeas corpus sirvieron de base para los cientos de casos de juicios que hoy se llevan a cabo y ayudaron a develar la verdad y construir memoria.

Las desapariciones forzadas se producen en diferentes contextos: guerras civiles como actualmente en Siria, conflictos internacionales como sucedió en los Balcanes, en dictaduras como las del Cono Sur, en el contexto del combate al crimen organizado, en las migraciones. También se dan de manera aislada en democracia. Los diferentes contextos llaman a diferentes respuestas. Pero los derechos de las víctimas y las obligaciones de los Estados son las mismas adaptadas a cada realidad particular.

Viendo esta realidad mundial quisiera que me permitan darles algunas pinceladas de ciertas respuestas que debemos fomentar. Estoy convencido que en México y en el mundo, es necesario desarrollar nuevas y mejores estrategias para obtener resultados satisfactorios en la búsqueda de nuestros desaparecidos y desaparecidas. No podemos continuar con la inercia, el desinterés, la ineficiencia, la ineficacia, el desdén. Quiero insistir en el “nuestros desaparecidos”. No son los desaparecidos, sus desaparecidos, son “nuestros desaparecidos”. Como decía Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo y ella misma desaparecida, “Todos los desaparecidos son nuestros hijos”. Y agregaba Julio Cortázar “Aquí, en esta sala donde ellos no están, … aquí hay que sentirlos presentes y próximos, sentados entre nosotros, mirándonos, hablándonos. El hecho mismo de que entre … el público haya tantos parientes y amigos de desaparecidos vuelve todavía más perceptible esa innumerable muchedumbre congregada en un silencioso testimonio, en una implacable acusación”.

Por nuestros desaparecidos y desaparecidas, cualquier estrategia eficiente requiere una voluntad política seria y consistente, y una política sostenida, integral, coordenada, cooperativa y colaborativa. Todas las políticas deben ser asumidas como deberes de Estado y no de gobiernos en particular ni tampoco depender de las víctimas. Todos los esfuerzos en esta área exigen una perspectiva desde las víctimas y es mi convicción que las víctimas deben tener un papel central en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. Estas políticas requieren la sensibilidad de los funcionarios públicos para tratar a las víctimas con dignidad y respeto. La participación de las víctimas no sólo es requerida para asegurar sus derechos, sino que resulta esencial para lograr avances sustantivos. Sin embargo, las víctimas en la gran mayoría de los países estuvieron o están solas, con poco apoyo estatal unas cuantas veces y con gran hostilidad o indiferencia en la generalidad de los casos. A veces, como en México, con amenazas, intimidaciones, represalias y ataques. El informe que se conoció esta semana sobre las actividades de inteligencia en contra de defensores y defensoras de derechos humanos trabajando en materia de desapariciones forzadas es un ejemplo de prácticas inaceptables en una sociedad democrática. La experiencia también demuestra que los agentes de procuración y administración de justicia pueden y deben ser aliados de gran importancia en asegurar los derechos de las víctimas. Lamentablemente, en muchos países, son parte del problema y no de la solución.

El informe que se conoció esta semana sobre las actividades de inteligencia en contra de defensores y defensoras de derechos humanos trabajando en materia de desapariciones forzadas es un ejemplo de prácticas inaceptables en una sociedad democrática.

Otro elemento importante es la recolección y generación de datos estadísticos, desagregados sobre las desapariciones forzadas. Alguna vez dije en una entrevista que México sabía más cuántos barriles de petróleo producía en el día, que la cantidad de desaparecidos que existían. Y señalaba que eso demostraba las prioridades del Gobierno. Unos días después, un amigo me llamó y me dijo: “Ariel, que buena frase, pero estabas equivocado. Porque tampoco se sabe cuánto petróleo se produce porque se lo roban”. Pero más allá de la exactitud o no de la frase, no podemos negar que la corrupción y la falta de información y transparencia son funcionales para que se produzcan las desapariciones. La desaparición forzada, como crimen, requiere necesariamente el secreto, el encubrimiento. Lo mismo que la corrupción. Por ello, la generación de información, la transparencia, la publicidad y la rendición de cuentas son medidas importantes contra las desapariciones forzadas.

Ahora sí, enfoquémonos en la visita a México. Como saben, por invitación del Gobierno, el Grupo de Trabajo visitó el país en marzo de 2011. La visita no estuvo exenta de anécdotas en su preparación y en su desarrollo, algunas de las cuales compartiré con ustedes. Y otras, aunque estoy tentado de hacerlo, las guardaré porque no quiero que me expulsen del país y apliquen el artículo 33 constitucional, especialmente ahora que me acompaña mi familia.

Tuvimos acceso sin problema a todos los lugares que quisimos visitar. Obvio que tuvimos que negociar por ejemplo para visitar una base militar o para poder ir a Ciudad Juárez. Recuerdo esa negociación. Me llama un Embajador mexicano y me dice, “Ariel, pueden ir a todos lados, pero Juárez es muy problemático, volátil, es un campo de batalla, es difícil garantizar su seguridad y logísticamente es difícil coordinar su visita”. Le explique al Embajador que no podíamos venir a México, a tratar desapariciones, a ver temas desde una perspectiva de género, a analizar el impacto de la presencia militar y la violencia de los carteles, el efecto del Protocolo Alba o la insistencia en esperar 72 horas ante una denuncia de desaparición, sin visitar Juárez. Pero nada, el Embajador me pedía que entendiese las limitaciones y negociaciones internas del Gobierno. Entonces tuve que utilizar algunas de las “irreverencias” que me hacen “popular” con muchos funcionarios mexicanos y de otros lares. Le dije, “muy bien, no iremos a Juárez, pero en el comunicado de prensa final explicaremos que no lo hicimos porque el Gobierno no nos podía garantizar nuestra seguridad ya que no controla la ciudad”. A las dos horas teníamos la autorización para visitar Juárez, a condición de no pasar la noche allí. Esto demuestra la necesidad de conocer el país, de ser diplomático y firme al mismo tiempo, de tener flexibilidad, capacidad de negociación, pero también claridad de propósitos y no tener miedo de confrontar a las autoridades.

Estuvimos en el DF, Guerrero, Coahuila y Chihuahua. Nos reunimos con múltiples autoridades y con cientos de víctimas. Les contaré, dos anécdotas más. Recuerdo que estábamos en el aeropuerto de Acapulco esperando que llegara un refuerzo a nuestra custodia policial, porque había habido una balacera a dos cuadras del hotel donde nos íbamos a alojar. En ese momento, aparece una señora corriendo y nos dice, hay que esconderse rápido que viene el Ejercito, y era nuestra custodia. No se imaginan la sensación que tuvimos en ese momento. La otra, estábamos en Saltillo, 70 familias, organizaciones civiles y uno de mis colegas del Grupo de Trabajo comienza, en francés, a culpar al Obispo Raúl Vera de que el problema en México se debe a la Iglesia, que no promueve la reconciliación ni les dice a las víctimas que confíen en el Estado. Para mis adentros pensaba, mi colega no sabe quién es el Obispo Vera ni cuáles son los problemas en el país. Pero obviamente no podía decirlo públicamente como lo hago ahora. Así que, ante el silencio incómodo de todos, tuve que decir: “creo que hay un problema de traducción. Lo que mi colega quiere preguntar es como se podría generar más confianza de las victimas hacia el Estado”. No era lo que había dicho mi colega, pero bueno…Esto debería llamarnos la atención a las fiscalización que debemos tener sobre quienes son elegidos para ser Relatores o integrantes de los Grupos de Trabajo.

Estoy convencido que la visita del Grupo de Trabajo en 2011 abrió la puerta a una atención internacional específica sobre las desapariciones forzadas en México. A nuestra visita le siguieron las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada, el informe de la CIDH sobre su visita in loco y los informes y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH. Previamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dictado dos importantes sentencias, Radilla Pacheco sobre desapariciones en el contexto de la Guerra Sucia y Campo Algodonero sobre desapariciones de mujeres por particulares en Ciudad Juárez.

¿Que vimos en el 2011? Primero ya hablábamos de un deterioro de la situación. Nos preocupaba, que el Gobierno no reconociese la gravedad y dimensión del problema de las desapariciones. La visita y el informe se centraron principalmente en la “Guerra Sucia” y la situación actual. Sabíamos que los contextos eran diferentes, pero resaltamos que, a pesar de estas diferencias, hay identidad de algunos patrones como la impunidad generalizada y la falta de verdad y reparación para las víctimas.

Vimos y reconocimos la complicada situación en materia de seguridad pública debido al incremento de la violencia relacionada, principalmente, con el crimen organizado. Una preocupación central fue el paradigma militar en las políticas de seguridad y combate a la criminalidad. Admitimos que un elevado número de secuestros y delitos similares eran cometidos por grupos del crimen organizado. Sin embargo, fuimos enfáticos en indicar que no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado actuando de forma independiente, sino que también había participación del Estado, lo que convertía a la conducta en una desaparición forzada.

En el 2011 dijimos que las estimaciones que recibimos eran de más de 3.000 personas que habrían sido desaparecidas en el país desde el 2006, algunas de éstas podrían calificarse como desapariciones forzadas. El Gobierno se enfureció con esta cifra. Tanto en privado como públicamente dijeron que no teníamos claridad en lo que constituía una desaparición forzada, cuando nosotros decíamos que tenían que investigar para saber cuáles eran desapariciones forzadas. Hoy, lamentablemente, la cifra oficial se ha multiplicado por 10. Estoy convencido que muchas de esas desapariciones se hubiesen evitado si los Gobiernos hubiesen reconocido el problema que detectamos entonces e implementado nuestras recomendaciones.

Indudablemente la impunidad para los delitos en general, y para las desapariciones forzadas en particular, permanecía y permanece como el reto principal en México. Constatamos omisiones, retrasos y falta de debida diligencia en las investigaciones, cuyas únicas pruebas eran las ofrecidas por los familiares.

Indicamos que México carece de una política integral para la búsqueda de las víctimas, la identificación de restos y la exhumación de cadáveres. Resaltamos que el descubrimiento de muchas fosas clandestinas no eran el resultado de un esfuerzo concertado y profesional del Gobierno en la búsqueda de personas desaparecidas.

Sobre el derecho a la reparación dijimos poco porque prácticamente no había nada para compensar y rehabilitar a las víctimas. Asimismo, formulamos 33 recomendaciones muy específicas al Gobierno mexicano que ustedes pueden leer y sobre algunas de las cuales me referiré más adelante.

En el 2015 realizamos un informe de seguimiento de dichas recomendaciones. Aunque reconocimos una serie de avances legislativos, lamentablemente tuvimos que resaltar pocos progresos en la implementación de nuestras recomendaciones; pero más preocupante nos resultaba que la situación se había deteriorado desde que realizamos nuestra visita. Coincidimos con el Comité contra la Desaparición Forzada sobre el “contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.

Además de la visita oficial vine varias veces a México. En noviembre del 2015, dos meses después de Ayotzinapa vine al D.F. Pensaba que era una oportunidad única para que el Gobierno entendiese la gravedad del problema y aprovechase esta situación trágica para cambiar de rumbo en materia de desapariciones forzadas. Lamentablemente luego de mis reuniones con el entonces Procurador General y con el Secretario de Gobernación me convencí que no era la política que se seguiría. De modo, que en mis siguientes visitas en el 2016 y 2017 concentré mis esfuerzos en apoyar el proceso de la ley general, que pretendo seguir acompañando. También visité Monterrey y Saltillo para apoyar dos procesos locales sumamente importantes.

En función de nuestro diagnóstico, quisiera presentar algunos elementos esenciales para prevenir y erradicar la desaparición forzada en México, basados en gran parte en las recomendaciones del Grupo de Trabajo.

1. Como primer paso es necesario que las autoridades, incluyendo a los funcionarios de más alto nivel, reconozcan la gravedad, complejidad y dimensión del problema.
2. Debe cambiarse el paradigma militar y considerar el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad ciudadana.
3. La cristalización de la política pública debe darse a través de la indispensable, ineludible, impostergable y urgente adopción de la ley general.
4. La armonización, coordinación y rendición de cuentas entre los distintos niveles de la administración asignando a la Federación el rol de liderazgo.
5. Dadas las características del fenómeno, la política pública debe reconocer la desaparición realizada por particulares, pero no puede desconocer la gravedad de la desaparición forzada diluyendo la responsabilidad del Estado.
6. Debe romperse de inmediato y de manera prioritaria el patrón sistemático de impunidad que prevalece.
7. La búsqueda de las personas desaparecidas debe hacerse desde la perspectiva humanitaria y no judicializada, de manera oficiosa inmediata, garantizando la cooperación entre la federación y las entidades federativas. Para ello debe crearse una poderosa Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tema central de la ley, en donde aún perdura un diseño que debería fortalecerse. Así, debe establecerse un plan nacional de búsqueda, un mapa nacional de fosas, garantizar la capacidad de exhumación e identificación de restos humanos, la entrega de restos a los familiares con dignidad y acompañamiento, y brindar un certificado de ausencia por desaparición.
8. El respeto a la dignidad de todas las víctimas de desaparición forzada debe guiar todas las políticas públicas.
9. Se debe respaldar a los familiares y las asociaciones de familiares. En particular, debe asegurarse la participación de las familias en las investigaciones (sin que ello implique la carga de la investigación), la garantía de ser informadas de los avances en la investigación y de gozar de la debida protección ante cualquier tipo de represalia o riesgo a su seguridad.
10. La política pública debe atender a sectores particularmente vulnerables y con acciones diferenciadas, para mujeres, migrantes, niños, niñas y adolescentes, indígenas y personas viviendo en situación de pobreza.
11. Se debe atender a la particular situación de defensores/defensoras y periodistas.
12. Para prevenir las desapariciones, debe fortalecerse el registro de las detenciones y combatirse toda forma arbitraria de detención.
13. Para la implementación de la política pública debe garantizarse el presupuesto necesario, el apoyo político indispensable, el personal profesionalizado y altamente calificado, servicios forenses y periciales autónomos y los recursos técnicos más avanzados, con mecanismos de participación ciudadana y con procesos de evaluación y monitoreo independientes e imparciales.
14. Debe abarcar las desapariciones de todas las diferentes etapas, incluyendo a aquellas perpetradas durante la “Guerra Sucia”.
15. Debe crearse un registro específico sobre desapariciones, incluyendo las forzadas, con información detallada, desagregada, con capacidad de análisis de patrones, actores, responsables.
16. Para garantizar las reparaciones adecuadas se debe supervisar escrupulosamente la actuación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ahora que se ha modificado la Ley General de Victimas; por último,
17. Se debe reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para conocer de denuncias individuales y aceptar la solicitud para que realice una visita in situ.

Como ven y, sobre todo, lo saben, el reto es grande, pero no tan grande como la deuda que se tiene con las víctimas ni tan grande como las capacidades de muchos de ustedes, como para hacerlo inalcanzable.

Siento alivio y tristeza al finalizar mi mandato. Alivio, entre otras cosas, porque me reemplazó un excelente y comprometido defensor de derechos humanos, Luciano Hazan. Paradójicamente, las situaciones de dolor, de impotencia, de falta de capacidad, de indiferencia de las autoridades me daban más energía para seguir. Fue una demanda muy intensa que tenía que compatibilizar con mi trabajo a tiempo completo en la Universidad. Ahora, con más tiempo, desde la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas seguiré trabajando sobre México y sobre las desapariciones forzadas. No es tan fácil liberarse de mí.

Fue una experiencia llena de satisfacciones por los logros alcanzados. Por ejemplo, recuerdo la vez que al presentar nuestras conclusiones al final de la visita a Sri Lanka, resumí lo que había visto y escuchado de las víctimas en cuatro palabras: Dolor, frustración, miedo y esperanza. Le expliqué al Ministro que significaba eso. Horas más tarde, nos reunimos con el Presidente de Sri Lanka y para mi grata sorpresa, el Ministro de Relaciones Exteriores, mirándome dice: “Sr. Presidente tenemos que hacer algo, porque las víctimas tienen miedo, frustración, dolor y esperanza”. Las mismas cuatro palabras que yo había utilizado ahora eran la voz del Ministro que obviamente tenían mayor credibilidad e impacto.

Esta también fue una experiencia plagada de frustraciones por las oportunidades perdidas, por lo limitado e insuficientes de los logros, por el deterioro de situaciones y por la falta de respuesta a miles de víctimas. Además, y algo que no se habla mucho: es una experiencia que a quienes procuramos dar todo de nosotros nos afecta profundamente. Cuando visitamos Perú, por dos semanas escuchamos cientos de testimonios de víctimas, particularmente de mujeres, que nos contaban sobre la desaparición de su ser amado y de la violencia sexual que habían sufrido en la búsqueda. Al mismo tiempo, nos contaban de la situación de miseria en la que habían quedado y de la esperanza que sus seres queridos regresaran con vida, aun décadas después de la desaparición. Varios días después de la visita yo tenía pesadillas recordando esos testimonios. Dos meses después, fui a Sri Lanka y volvimos a escuchar testimonios similares. Desaparición, violencia sexual, miseria, esperanza de retorno con vida. A mí me pasó algo que nunca me había sucedido. Como teníamos interpretes al inglés del sinhales o tamil, yo tenía que hablar en inglés. Pero cada vez que escuchaba testimonios, comenzaba en español (mi lengua materna con la que mejor sabe hablar mí corazón) y me tenían que interrumpir para que cambiase de idioma. Estaba afectado psicológicamente, pero no sentimentalmente.

Muchos encontraron que mis declaraciones y nuestros informes eran injustos, provocadores, combativos, anti-este u otro país. Que no reconocíamos suficientemente los esfuerzos de los Gobiernos, los avances positivos, las dificultades que confrontaban. Como me dijo la Secretaria de Derechos Humanos de España, “en general, cuando escuchamos a un Relator tenemos que protestar porque una u otra frase es injusta. En tu caso no tenemos ese problema porque todo tu informe es desbalanceado, absolutamente critico contra el Gobierno”. Simplemente me sonreí… Y lo hice porque cinco minutos antes, un prominente defensor español me había dicho que nuestro informe era muy tibio. Por suerte, otros organismos luego fueron tan críticos como nosotros y mi querido amigo español continúa citando a nuestro informe.

Los éxitos se deben a muchas personas, por eso la lista de agradecimientos es múltiple y extensa. Quiero comenzar por mi esposa, Denise Gilman, por todo y por siempre hacerme mejor en todo. A Leo y Lucas, mis hijos, que son la luz y la fuerza de mi vida. A mi familia. A mis colegas del Grupo de Trabajo con los que coincidimos, disentimos, nos apoyamos, nos frustramos. A la Oficina del Alto Comisionado, en particular a Ugo Cedrangolo, y, aquí en México, a Alán García por lo que me enseñó, me apoyó, me incentivó.

Al Gobierno y Estado mexicano por la apertura, el dialogo y el disentimiento profesional. Estoy consciente que para muchos mis posiciones aparecen muy críticas, muy acusadoras, desbalanceadas. Y reconozco que a veces yo veo más el vaso medio vacío (o casi vacío) que medio lleno. Pero siempre mis críticas han sido constructivas y con una aspiración transformadora.

Agradezco a todas y todos los defensores y defensoras de derechos humanos que con su ejemplo y compromiso son fuente continua de inspiración. A la prensa por haber difundido y ampliado nuestro mensaje y reconozco mi admiración por la valentía de ejercer una profesión tan peligrosa en México.

A todas las victimas que depositaron su confianza y su esperanza. He visto los procesos organizativos y de articulación de las víctimas, las estructuras horizontales de trabajo, las de cooperación entre familiares y organizaciones de derechos humanos. Estos son procesos esenciales que deben ser fomentados, profundizados y apoyados porque son las bases para las transformaciones sociales irreversibles. Por ello, me quedó con el muy grato sabor de constatar la emergencia de procesos, como los del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, a quienes aliento a seguir siempre juntas.

Las experiencias que compartí con ustedes esta tarde no son para el auto halago, son para recordar que detrás de cada una de los cientos de familiares que encontré, de los miles de casos que revisamos, de las reuniones celebradas, de los memoriales que visité, de las exhumaciones que observé, detrás de todos esos números, hay una historia personal y humana. Una historia de dolor, miedo, tristeza, desamparo, desasosiego. Pero también una historia de esperanza, de fuerza, de coraje, de dignidad, de entereza, de amor. En cada buena práctica que felicitamos y en cada falencia que criticamos hay una madre, padre, hermano, esposa, pareja, hijo, amigo, colega, compañero.

Tenemos que entender a Macedonia Torres Romero la mamá de José Luis, alumno de Ayotzinapa cuando nos dice: “Trato de ponerme fuerte para seguir adelante buscando a mi hijo, pero por dentro nadie sabe lo que estamos sintiendo, lo que nos duele. Me pongo a pensar en mi hijo, qué estará haciendo, dónde estará. Comerá, no comerá, si lo maltratarán…”. O escuchemos a Justina Morales Bautista, madre del desaparecido Víctor Armando en Nuevo León: “A Víctor le gustaba comer de todo, por ejemplo, las papas como fueran, los huevos estrellados con mucha salsa, la sopa aguada de espagueti con crema y milanesas, pero lo dulce era lo más querido por él que es muy repostero. Su favorito: el flan”. Admiremos a Lourdes Herrera, esposa, cuñada y madre de personas desaparecidas en Coahuila quien nos dice en torno a su hijo Brandon: “Duele mucho, pero me llena también de fortaleza. Quiero que él esté orgulloso de esta madre que le tocó. Me he hecho más independiente, más fuerte… Mi esperanza y mis fuerzas no han disminuido, al contrario, sé que me necesita de pie, sana y con una buena actitud. No he bajado mis brazos. Por el amor a él y la esperanza de encontrarlo”.

En nuestra visita a Sri Lanka, la esposa de una persona desaparecida estaba reunida conmigo, otras cuatro mujeres y una intérprete. Me mira a los ojos, la noto tensa, retorciendo un pañuelo en su mano, hablando en tamil y me dice que además de la historia de la desaparición de su esposo, me quiere contar algo que nunca había contado a nadie. Comienza en voz baja pero sostenida a contar toda una serie de tropelías, de acosos y violencia sexual que sufrió por parte de la policía mientras buscaba a su esposo. Y como se imaginarán comenzó a llorar. Para mí fue una de las experiencias más movilizadoras que he tenido en mi carrera profesional. El haber podido crear un espacio para que una mujer, que no conocía, que hablaba otro idioma, que tiene pautas culturales diferentes, sintiese la confianza, la tranquilidad, el respeto, la dignidad para contarle a un hombre y perfecto extraño la violencia sexual de la que fue víctima. Ese momento y otros semejantes, para mí justificaron todos mis años como miembro del Grupo de Trabajo.

A esas historias yo les respondo con un pedido de disculpas. Disculpas porque no pude hacer más. Porque mi capacidad intelectual no me permitió identificar metodologías más eficaces. Porque mi capacidad física y mis otras obligaciones impidieron que dedicase más tiempo a estar junto a ustedes. Porque mi capacidad psíquica y moral no fueron suficientes para dar todo el apoyo y acompañamiento que necesitaban. Pero al mismo tiempo les pido, que me permitan seguir intentándolo, seguir caminando juntos. Porque el tiempo de las promesas ha pasado. Estamos frente al momento de actuar. Se debe abordar con urgencia la angustia de los familiares de los desaparecidos y revitalizar las investigaciones sobre casos de desapariciones. A todos y todas les digo, no están solas, la historia está de su lado y tengan la certeza de que en mí tienen y tendrán siempre a un compañero de lucha y a un hermano de causa.

¡Muchas gracias!