Discurso de Guillermo Fernández-Maldonado en la presentación de “Hasta perder el sentido: Informe sobre la práctica de actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014”

I. Introducción

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha trasladado el día de hoy a Aguascalientes para retribuir con este evento la valentía y dignidad de las personas sobrevivientes de tortura con quienes hemos tenido el privilegio de trabajar durante tres años y deseamos seguir haciéndolo.

Saludo con gusto también a:

• Yessica Janeth Pérez Carreón, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes;
• Maestro Mario Aguayo Aréchiga, Coordinador Regional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y;
• Maestro Javier de Anda, defensor público del Instituto Federal de Defensoría Pública;

Desde la ONU-DH agradecemos también la respuesta positiva que ha tenido la publicación del Informe que presentamos hoy ante ustedes. En concreto:

• Agradezco el comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicado el día de ayer saludando la publicación de nuestro Informe y expresando su voluntad para colaborar con la ONU-DH en el seguimiento al mismo y la implementación de sus recomendaciones, así como en la implementación de su recomendación 17VG/2019;
• Agradezco el reconocimiento de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal a la publicación del Informe y su compromiso de impulsar acciones para la erradicación de la tortura, el acceso a la justicia, verdad y reparación para las personas sobrevivientes de tortura.
• Valoro positivamente la voluntad expresada por el Secretario General de Gobierno de Aguascalientes. Enrique Morán Faz, de revisar nuestro Informe a fin de actuar en consecuencia y acatar las recomendaciones emitidas, además de garantizar la no repetición de este tipo de hechos.

Como adelanté hace un momento, el día de hoy, la ONU-DH presenta en Aguascalientes “Hasta perder el sentido: Informe sobre la práctica de actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014”. La ONU-DH publica este informe en cumplimiento de su mandato de documentar violaciones de derechos humanos para contribuir con eliminar los obstáculos y atender los desafíos para la plena vigencia de los derechos humanos en México.

Este informe se publica en el contexto del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura y busca ser un firme recordatorio de que la tortura es una violación manifiesta a los derechos humanos, que trasgrede la dignidad y la integridad física y mental del ser humano, que provoca dolores y sufrimientos graves, en ocasiones irreversibles. Es por ello que la prohibición de la tortura es absoluta en todo el mundo. No existe razón alguna que la justifique. En México y en Aguascalientes, persiste una deuda de acceso a la verdad y la justicia con las personas sobrevivientes de tortura. A todas ellas dedicamos el presente Informe.

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II. Contenido del Informe

Esta presentación es la culminación de un detallado proceso de documentación y acompañamiento integral a mujeres y hombres sobrevivientes de tortura –en algunos casos sexual- así como a sus familiares, en el estado de Aguascalientes. Se trata de un largo proceso, iniciado hace tres años. A continuación, comparto algunos de los hallazgos más relevantes.

La ONU-DH documentó los casos de 40 personas (33 hombres y siete mujeres) y concluyó que habrían sido sometidas a tortura por parte de funcionarios de la entonces Procuraduría del Estado, entre 2010 y 2014. En el proceso de documentación, la ONU-DH encontró que los actos de tortura y malos tratos ocurridos en Aguascalientes en dicho período, siguen sin ser atendidos debidamente: las afectaciones perduran, los responsables no han rendido cuentas ante la justicia y las víctimas aún no reciben una reparación integral y proporcional a su sufrimiento.

El tiempo transcurrido no resta ninguna relevancia a los casos; por el contrario, los hace aún más preocupantes, y requieren de la atención inmediata de las autoridades de Aguascalientes, especialmente si se toma en cuenta que, al día de hoy, todos los casos de tortura permanecen en la impunidad, es decir, ninguno de los perpetradores ha sido llamado a rendir cuentas; la mayoría de las víctimas siguen privadas de la libertad y las secuelas perduran en todas las víctimas ante la falta de una atención integral.

Los organismos internacionales de derechos humanos han caracterizado la tortura como una práctica generalizada en México. Los graves casos ocurridos en Aguascalientes evidencian la realidad recurrente y extendida de la tortura en el país:

a) por una parte muestran que la tortura no es algo pasajero en la vida de las personas y que los sobrevivientes lidian todos los días con sus secuelas, las que son persistentes y agravadas en un contexto de falta de justicia y verdad;

b) la tortura y los malos tratos se pueden y se deben prevenir. Al no hacerlo, las autoridades incurren en responsabilidad y deben rendir cuentas por todo aquello que razonablemente pudieron hacer para evitar esta práctica y que, por una u otra razón, omitieron.

La ONU-DH encontró que, entre 2010 y 2014, una serie de condiciones facilitaron la práctica de la tortura en forma sistemática en Aguascalientes, entre las que destacamos:

• Una procuración de justicia incompatible con los derechos humanos. En varios aspectos, desde la entonces Procuraduría de Aguascalientes se replicó el discurso del Ejecutivo Federal en materia de seguridad en esos años: el combate a la delincuencia organizada como eje central de su política y acusaciones sobre la corrupción y cooptación de las fuerzas policiales –sobre todo las municipales y estatales– por parte de grupos criminales. Se buscaba promover la idea de que eran necesarias acciones de “mano dura” para abordar la situación de inseguridad y violencia. Ha sido ampliamente analizado y por tanto es ya conocido, que las políticas de “mano dura” generan violaciones constantes de derechos humanos y no logran mejorar la situación de inseguridad; tampoco abonan a la generación de confianza y legitimidad en las instituciones.
• La falta de controles, transparencia y rendición de cuentas en la entonces Procuraduría General de Justicia en Aguascalientes. Esto derivó en una situación en la que se extendió un “cheque en blanco” a la Procuraduría para lograr resultados en el combate a la delincuencia prácticamente a cualquier costo, frecuentemente pasando por encima de los derechos y dignidad de las personas detenidas e investigadas y causándoles un gran sufrimiento.
• El uso excesivo del arraigo, como un mecanismo para ejecutar, continuar y ocultar los actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes. Todos los organismos internacionales de derechos humanos con mandato para analizar el arraigo han recomendado al Estado mexicano que derogue esta figura, al ser una detención arbitraria contraria a las normas de derechos humanos. Hoy el arraigo es objeto de análisis en un caso sometido al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los casos de tortura que documenta este informe ejemplifican el grave daño que causa esta figura y la opacidad en la que se lleva a cabo, generando el espacio idóneo para cometer otros abusos, sin ningún mecanismo efectivo de control o rendición de cuentas. A ello se suma el uso desproporcionado y desmedido de la prisión preventiva.
• La práctica de exhibir públicamente a las personas sobrevivientes de tortura ante medios de comunicación y filtrar información sobre los casos en que eran acusadas. Esta información a menudo era difundida íntegramente por medios de comunicación sin ninguna verificación y sin escuchar las voces de las personas sobrevivientes de tortura y sus familias. Esta práctica contribuyó a generar una percepción engañosa de que se estaban logrando resultados en el combate a la delincuencia, cuando en realidad detrás había docenas de casos en que las personas detenidas habrían sido torturadas y obligadas a confesar delitos que no cometieron. La exhibición de personas detenidas y acusadas antes medios de comunicación también ha sido condenada por organismos internacionales por atentar contra el derecho a la integridad personal, la honra de las personas y el principio de presunción de inocencia, y condicionar seriamente la independencia judicial.
• En Aguascalientes, al día de hoy, se mantiene una situación de doble injusticia: una, para las personas que sufren graves abusos por parte de funcionarios y han sido torturadas para confesar delitos que no cometieron; otra, para las víctimas de los delitos, quienes tienen derecho a que las personas efectivamente responsables rindan cuentas ante la justicia y no se fabriquen indebidamente culpables; esa rendición de cuentas debe pasar, necesariamente, por la ausencia total de actos de tortura.
• Amenazas e intimidación hacia jueces, magistrados y personas defensoras de los derechos de sobrevivientes de tortura. Los casos de tortura y malos tratos en Aguascalientes ocurrieron en un contexto que buscaba inhibir el trabajo de quienes pretendían denunciar los casos de tortura y malos tratos, incluso jueces y magistrados que ejercían un adecuado control judicial sobre los actos indebidos de la Procuraduría.
• La falta de investigación independiente e imparcial de las alegaciones de tortura. A la fecha de la publicación de este informe, ninguna persona ha sido procesada o sancionada por los actos de tortura. Durante el proceso de documentación se corroboró que no han existido las condiciones de imparcialidad e independencia en la Fiscalía de Aguascalientes para que se investiguen los casos de tortura referidos en el informe. Esta situación exige iniciar inmediatamente nuevas investigaciones, que sean efectivas y auténticas, e incorporen estándares internacionales de derechos humanos, sobre la base del derecho al acceso a la justicia de las víctimas y el respeto al debido proceso de los presuntos responsables.
• El informe documenta casos de tortura sexual de mujeres que, además de su sistematicidad, requieren ser analizados con perspectiva de género, lo que implica, entre otras cosas: la obligación de proveer atención médica y ginecológica; de practicar peritajes médico-psicológicos pertinentes, no someter a las víctimas a una reiterada e innecesaria experiencia revictimizante e invasiva; el manejo diligente de la evidencia; y la prohibición de incurrir, durante la investigación, en declaraciones y conductas discriminatorias, estereotipadas y que revictimizan. El Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual contra Mujeres Privadas de la Libertad en México, que se hizo público esta semana por la Secretaría de Gobernación, aporta elementos valiosos a tomar en consideración para atender esta deleznable práctica.
• El intento de obstruir los efectos de la recomendación por violaciones graves (17VG/2019) de la CNDH, emitida en 2019. La ONU-DH tuvo conocimiento del intento de socavar los efectos de la recomendación de la institución nacional de derechos humanos por parte de un alto funcionario de la entonces Procuraduría, a través de un juicio de amparo. Esto tuvo consecuencias preocupantes durante al menos dos años, como impedir la publicación de la recomendación en el sitio web de la CNDH, en agravio de la labor de los organismos públicos de protección a los derechos humanos, y la no investigación de los casos de tortura que se mencionan en la recomendación de la CNDH. Recientemente, para fortuna de las víctimas y del sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos en Mexico, un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación revirtió la decisión del juzgado de distrito y la recomendación de la CNDH ha recuperado todos sus positivos efectos.
• Sistematicidad y complicidad. La consistencia de la información en los testimonios, su coincidencia con alegaciones similares respecto a un lugar particular de detención, las formas de tortura, los perpetradores, la falta de respuesta institucional adecuada y otra información relevante de carácter contextual, corroboran una práctica sistemática de la tortura en Aguascalientes entre 2010 y 2014.

Los casos de tortura no fueron excesos aislados, sino actos planeados, coordinados y realizados por funcionarios de la Procuraduría estatal, con participación y/o complicidad de diversas estructuras internas, particularmente de policías ministeriales, agentes del Ministerio Público y médicos adscritos a la institución. A ello se sumó la pasividad y connivencia de algunos defensores públicos.

El contexto descrito creó una “tormenta perfecta” para la práctica de la tortura en Aguascalientes, con consecuencias graves para todas las personas, especialmente para las víctimas sobrevivientes. Al día de hoy, los casos de tortura y malos tratos perpetrados en dicho contexto en Aguascalientes no han sido conocidos en su real dimensión, ni atendidos con la urgencia que ameritan casos de esta gravedad.

III. Recomendaciones

El informe busca, de buena fe, proporcionar elementos valiosos a las autoridades competentes para contribuir con el cumplimiento de su deber de desarrollar la investigación diligente sobre estos delitos, tomando en consideración los patrones de sistematicidad identificados; de garantizar el acceso efectivo a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las personas sobrevivientes de tortura; y de visibilizar la gravedad y características del fenómeno, para evitar su repetición.

Las recomendaciones son relevantes no solo para el contexto de Aguascalientes sino para todo el país, en la medida que contribuyen a erradicar la práctica de la tortura en México. Sin embargo, al tratarse de casos ocurridos en esta entidad federativa, enfatizo la importancia de que las autoridades estatales, en los ámbitos de sus competencias, no solo se apropien de estas recomendaciones, sino que tracen una ruta expedita y clara para su implementación efectiva a fin de asegurar que estos casos jamás vuelvan a ocurrir y las víctimas vean materializados sus derechos.

Destacamos las siguientes recomendaciones del Informe:

• la reparación integral a las personas sobrevivientes;
• investigar, dentro de un plazo razonable y de conformidad con estándares internacionales, los actos de tortura documentados, incluyendo su sistematicidad, y determinar las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios implicados. Dicha investigación debe determinar también la responsabilidad que podrían tener los superiores jerárquicos de la entonces Procuraduría estatal, así como investigar el posible encubrimiento y la obstrucción de la justicia que favorecieron la impunidad, el ocultamiento de la verdad y la repetición de los casos;
• elaborar un plan de investigación, en consulta con las víctimas y sus representantes, para identificar los patrones sistemáticos de los actos de tortura, así como un análisis de contexto sobre cómo y por qué ocurrieron dichos delitos;
• la revisión de antecedentes del personal de la Fiscalía para identificar a aquellas personas vinculadas con la comisión de actos de tortura o malos tratos mencionados en el informe, así como establecer la revisión obligatoria de antecedentes en violaciones de derechos humanos que prevenga la designación como servidor público de personas vinculadas a dichas conductas;
• excluir o declarar nulas, de oficio, todas las pruebas cuando existan razones fundadas de que fueron obtenidas mediante tortura; y
• establecer un plan de trabajo, calendario y estrategia para cumplir la recomendación de la CNDH 17VG/2019.

Nadie que haya participado o contribuido con información para la elaboración del Informe debe ser objeto de represalias. La ONU-DH dará particular seguimiento a este tema, en caso de presentarse.

IV. Cierre

Estamos frente a una nueva oportunidad para saldar la deuda con las personas sobrevivientes de tortura en Aguascalientes. La coyuntura que tenemos ante nosotros es única y hay que aprovecharla en beneficio de la verdad, justicia y reparación integral para quienes han sufrido tortura o malos tratos en esta entidad federativa. La ONU-DH invita a las autoridades del estado de Aguascalientes a trabajar de la mano con las y los sobrevivientes, sus familiares y defensores para erradicar de una vez por todas esta práctica.

La ONU-DH refrenda su compromiso de seguir brindando asesoría y cooperación técnicas al Estado mexicano y a las autoridades de Aguascalientes, las actuales y las venideras, tanto para la efectiva implementación de las recomendaciones emanadas de este informe, como para el continuo cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención, investigación y erradicación de la tortura, seguridad ciudadana, procuración de justicia y reparación integral a las víctimas

Muchas gracias.

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