Discurso en el marco de los foros “Construcción de Paz, Seguridad Ciudadana y Reforma Policial”

También quiero agradecer a quienes nos acompañan a través de las diversas redes sociales y aprovecho para animarles a todas y todos ustedes a seguir estos espacios que se van a dar durante las próximas semanas. Es importante que las voces de la sociedad civil, de la academia, de las personas expertas, de las víctimas sean escuchadas en este proceso. Y sean escuchadas por toda la sociedad, pero especialmente por las autoridades, por lo que confiamos que en los espacios que tendrán lugar durante las próximas semanas también haya presencia de servidoras y servidores públicos del gobierno de Jalisco, del Congreso del Estado, del Poder Judicial y de los municipios.

Introducción

Me gustaría comenzar mi intervención recordando a Giovanni López. La muerte de Giovanni bajo custodia de la policía municipal causó una justificada indignación en la sociedad jalisciense y de otros estados del país, al darse a conocer la forma en la que actuaron las personas que deben velar por nuestra seguridad.

Una de las cosas que más indignan del caso de Giovanni, es que no es un caso aislado. Hemos visto denuncias similares de abusos policiales alrededor del país durante años, lo cual indicaría que no hablamos únicamente de problemas relacionados con la responsabilidad individual de algunas personas en concreto, que, por supuesto deben rendir cuentas, sino del reflejo de importantes problemas estructurales.

Los hechos que vimos los días 4, 5 y 6 junio nos confirman la existencia de problemas estructurales que deben ser atendidos. En ese sentido el llamado de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU perseguía no sólo atender un caso o un grupo de casos, sino llamar la atención sobre la problemática estructural en su conjunto.

Garantizar que no haya impunidad por la muerte de Giovanni López resulta fundamental para demostrar que “las violaciones de derechos humanos no serán toleradas”[1]. Por ello es imprescindible una investigación independiente y apegada a los estándares de debida diligencia que esclarezca las circunstancias en que ocurrieron los hechos y las responsabilidades de los mismos.

Pero además de esclarecer estos hechos, es imprescindible ir más allá e impulsar las transformaciones que permitan que ninguna otra familia pase por lo que está pasando la familia de Giovanni. Que nadie más pase por lo que pasaron las personas que fueron víctimas de los hechos de los días 4, 5 y 6 de junio.

Por eso, desde la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos estamos aquí hoy. Saludamos la iniciativa de poner en marcha este espacio de reflexión, no como un mero ejercicio intelectual o como un resultado último en sí mismo, sino como un primer paso hacia la construcción de una nueva política de seguridad en el estado de Jalisco. Lo hacemos desde la convicción de que los derechos humanos deben estar en el corazón de cualquier estrategia de seguridad en una sociedad democrática.

Como dijo el entonces Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein,

Los Derechos humanos son la base fundamental para el desarrollo sostenible y la paz. Construyen sociedades fuertes y exitosas. Los estados deben a sus pueblos justicia, igualdad y dignidad bajo el imperio de la ley.[2]

Y en ese sentido ofrecemos nuestro acompañamiento al gobierno, las instituciones de Jalisco y a la sociedad jalisciense para avanzar en este proceso.

Seguridad y derechos humanos

Muchas veces se plantea la existencia una dicotomía entre seguridad y derechos humanos. A nivel internacional este ha sido el discurso central en la lucha contra el terrorismo: es necesario renunciar a la garantía de algunos derechos para asegurar la seguridad de la sociedad y hemos visto las violaciones a derechos humanos que se producían bajo esta lógica.

En el caso mexicano muchas veces hemos visto cómo se alegaba que el respeto a los derechos humanos era un obstáculo para la eficaz actuación de las fuerzas de seguridad contra las peores formas de criminalidad en el país. Sin embargo, si algo nos han enseñado los últimos años es que no hay seguridad sin derechos humanos.

Durante su visita a México en 2019, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet destacó este resultado al señalar que

Esta ha sido precisamente la desalentadora realidad en los últimos lustros, en los que los distintos cuerpos de seguridad del país no solo fueron incapaces de reducir los alarmantes niveles de crímenes y abusos, sino que ellos mismos fueron protagonistas de vejaciones inconcebibles en una democracia. [3]

Así, hemos visto como al tiempo que se producían graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad como las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, aumentaba también la inseguridad en México medida en términos como la incidencia de los homicidios[4], la percepción de inseguridad[5], el número de personas desaparecidas[6], o de mujeres y niñas víctimas de feminicidios[7].

¿Qué seguridad?

Tal vez uno de los problemas básicos que explica esta aparente dicotomía entre seguridad y derechos humanos es el propio concepto de seguridad ¿qué entendemos por seguridad? Un lugar donde la gente no puede salir a la calle con la certeza de que regresará a su casa no es un lugar seguro, un lugar dónde la gente no puede expresarse libremente, no es un lugar seguro; un lugar en el que una madre o un padre debe buscar por años a sus hijas o hijos desaparecidos, no es un lugar seguro. Y estos lugares no serán seguros por mucha policía que haya en sus calles, por mucha mano dura que se prometa si no se transforman las condiciones estructurales que han conducido a esta situación[8].

Así, el concepto de seguridad, entendido de manera restringida, ha sido discutido, explorado, profundizado y ampliado por diversos organismos internacionales como la propia ONU, que ha desarrollado el concepto de “seguridad humana” vinculado al de desarrollo humano y que se define o se conceptualiza, señalando que:

El desarrollo humano es un proceso de ampliación de la gama de opciones de que dispone la gente; la seguridad humana significa que la gente puede ejercer esas opciones en forma segura y libre[9].

Por tanto, la seguridad humana implica:

• Vivir sin temor
• Vivir sin miseria y
• Vivir con dignidad

La seguridad humana se ve amenazada por la criminalidad, por las violaciones de derechos humanos, por la ruptura del estado de derecho, pero también por el desempleo y la pobreza, entre otros factores.

En línea con este concepto, tenemos el de seguridad ciudadana, que se puede entender como:

aquella situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos humanos y en la que existen mecanismos institucionales eficientes para prevenir y controlar las amenazas o coerciones ilegítimas que pueden lesionar tales derechos. El derecho a la seguridad ciudadana en un Estado Democrático y de Derecho, consiste en el conjunto de garantías que debe brindar el Estado a sus habitantes para el libre ejercicio de todos sus derechos. [10]

como ha destacado el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entiende la seguridad ciudadana, señalando que es:

La situación social en la que todas las personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que las instituciones públicas tienen la suficiente capacidad, en el marco de un Estado de Derecho, para garantizar su ejercicio y para responder con eficacia cuando éstos son vulnerados (…) De este modo, es la ciudadanía el principal objeto de la protección estatal (…) Por consiguiente, las intervenciones institucionales destinadas a prevenir y controlar el fenómeno del delito y la violencia (políticas de seguridad ciudadana) pueden considerarse una oportunidad indirecta pero significativa para, por un lado, apuntalar el desarrollo económico sostenible y, por otro, fortalecer la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos.[11]

Hacia un nuevo concepto de seguridad

Tal vez estos conceptos que terminamos de señalar pueden resultar muy abstractos, muy generales, y generar dudas sobre cómo puede pasarse de esas palabras a la realidad del día a día. En ese sentido, es importante destacar que es posible dar pasos concretos para el diseño y la implementación de políticas de seguridad acordes a estas definiciones en cada contexto concreto. No existe una receta única que pueda funcionar en todos los lugares, pero sí hay elementos básicos que deben integrarse o tomarse en cuenta en toda política de seguridad que pretenda transformar la situación y que pretenda contribuir a que las personas gocen de todos sus derechos y puedan ejercerlos libremente sin temor. A continuación, vamos a recorrer algunas de las principales problemáticas de derechos humanos asociadas con las políticas de seguridad y exponer algunas de las acciones que podrían ayudar a construir esas políticas de seguridad diferentes, respetuosas de derechos humanos, según han recomendado diferentes organismos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Vamos a hablar de:

• Seguridad pública, incluido el uso de la fuerza y el control de detenciones
• Tortura
• Desaparición forzada y cometida por particulares
• Violencia contra mujeres y niñas,
• Impunidad y acceso a la justicia,
• El papel de la sociedad civil, los medios de comunicación y la academia en relación a las políticas de seguridad en una sociedad democrática.

En todos estos ámbitos comentaremos algunas de las propuestas que o bien la Oficina el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o bien otros mecanismos del Sistema Universal o Interamericano de Derechos Humanos han señalado como opciones para fortalecer la actuación de las autoridades con pleno respeto a los derechos humanos. Y creo que esto es muy importante, poner en valor todas esas recomendaciones que durante muchos años los organismos de derechos humanos han realizado al Estado Mexicano o a otros estados como elementos, no para poner piedras en el camino como muchas veces se ve el papel de los organismos de derechos humanos desde algunas instancias de poder, sino como herramientas al servicio de la sociedad y de las autoridades para avanzar en el pleno respeto a los derechos humanos; para alcanzar esa promesa contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y contenida también en la Constitución Mexicana.

1. Seguridad pública

Me gustaría comenzar por la temática de seguridad pública en general. La responsabilidad de todas las autoridades en la garantía de la seguridad con pleno respeto a los derechos humanos es una obligación en cualquier país. Pero en un país federal como México, dónde los estados y municipios tienen competencias muy amplias relacionadas con la seguridad, ninguna política de seguridad podrá funcionar sin la efectiva participación y compromiso de dichas autoridades.

La actuación de las fuerzas encargadas de brindar seguridad está caracterizada por una gran desconexión con la sociedad. La sociedad enfrenta una falta crónica de rendición de cuentas por parte de las corporaciones policiales y sufre un gran número de abusos. Al mismo tiempo las policías se encuentran muchas veces debilitadas sin los recursos adecuados y su actuación genera desconfianza en grandes sectores de la sociedad.

Esta desconexión genera una situación en la cual es muy difícil garantizar derechos humanos y garantizar seguridad. Es necesario volver a construir esos puentes entre la ciudadanía, la sociedad, las personas a las que se debe proteger y las propias policías y fuerzas de seguridad. Para hacer posible esa reconstrucción de los puentes, es necesario plantear una reforma policial que permita a las corporaciones policiales tener las capacidades suficientes para cumplir sus funciones. La debilidad estructural de los cuerpos policiales en todo el país puede revertirse por medio de la profesionalización de las policías y la dignificación de su labor. Como lo mencionaba la maestra Sierra al mencionar la importancia de garantizar los derechos de los propios integrantes de las corporaciones policiales, sus derechos humanos, sus derechos laborales, por ejemplo. Es necesario garantizar la dotación de recursos suficientes y la mejoría de los procesos de selección, capacitación y evaluación de su actuación por medio de procedimientos objetivos y transparentes. También el reconocimiento y respeto de los derechos de quienes integran las corporaciones policiales es clave. La sociedad mexicana debe garantizar que sus policías cuentan con los recursos para desarrollar su labor, y con las condiciones para tener unas condiciones dignas de trabajo.

Mención especial merecen los mecanismos de control “que debe tener un cuerpo de seguridad, entre ellos: mecanismos de participación ciudadana, construcción de indicadores, mayor trasparencia, rendición de cuentas y dignificación y profesionalización de la función policial”[12].

Respecto al uso de la fuerza, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza de mayo de 2019[13] contiene ciertos principios internacionales que conviene incorporar en la cultura policial y en las políticas de seguridad. Resulta especialmente importante, la supervisión externa independiente y la transparencia. Las políticas de seguridad han sido, tradicionalmente, espacios opacos y poco abiertos al escrutinio público. Por décadas se ha alimentado una narrativa en la que la transparencia, los derechos humanos y la seguridad son antagónicos y no pueden existir simultáneamente. Debates como este nos dejan ver que ese discurso está superado y que hay opciones para acercar estos dos temas[14], para construir esos puentes.

Si se toma en cuenta el estándar que fijó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con un caso de México, la sentencia del caso Atenco, podemos afirmar que la rendición de cuentas, el monitoreo del uso de la fuerza, la transparencia y acceso a la información y la participación de la sociedad civil son prácticas propias de un Estado comprometido con los derechos humanos en sus políticas de seguridad [15].

Además, se debe garantizar que las estrategias de seguridad integran la perspectiva de género, tomando en cuenta las situaciones de riesgo específico que enfrentan las mujeres y las niñas.

2. Tortura

A continuación, quería referirme a la tortura. Este es uno de los temas de mayor trascendencia y al mismo tiempo de menor atención en relación con las políticas de seguridad, la erradicación de la tortura. La práctica de la tortura pretende despojar de su dignidad a sus víctimas, pero a quien realmente envilece es a quien la practica y a quien la tolera; pervierte cualquier investigación penal. La tortura no es un atajo hacia la justicia, sino es un atentado contra la justicia y lo hemos visto con casos de gran relevancia a nivel nacional en los últimos meses y años. La tortura ayuda a fabricar culpables y a cerrar investigaciones en falso, pero no a esclarecer los hechos y garantizar justicia a las víctimas. La tortura es un acto de poder. Quienes la practican lo hacen porque pueden, porque saben que no se destinarán recursos a su esclarecimiento, que serán encubiertos, que las denuncias ignoradas o archivadas, y así las instituciones se convierten no sólo en cómplices sino en facilitadores de esta terrible práctica.

La tortura en México es un fenómeno particularmente preocupante y no porque lo diga una instancia de Naciones Unidas. En 2016 la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), realizada por el INEGI, mostró que más de 75% de las personas privadas de libertad en México declaró haber sufrido algún tipo de violencia física o psicológica durante su detención, su comparecencia ante el ministerio público o en su estancia en prisión, tres de cada cuatro personas declararon esto. En el caso de Jalisco, este porcentaje resultó ser aún superior en el caso de Jalisco, lo cual demuestra que existe un reto muy importante para avanzar. Sin embargo, esta misma encuesta nos arroja alguna esperanza, muestra que, si comparamos los casos de personas que fueron detenidas y procesadas bajo el anterior sistema de justicia penal y las que fueron detenidas y procesadas bajo el nuevo sistema de justicia, prevalece todavía la tortura en el nuevo sistema, pero se muestra que hay una reducción del porcentaje de personas que declararon haber sido víctimas de tortura. Según parece desprenderse de los datos, las personas detenidas bajo el nuevo sistema de justicia declaran una menor incidencia de tortura. No es un cambio radical, pero sí muestra que cambios institucionales pueden reducir la incidencia de las violaciones a derechos humanos y también nos debe de llevar a reflexionar cómo los beneficios de ese nuevo sistema de justicia pueden ser potenciados. Su implementación debe de ser profundizada para garantizar justicia a todas las personas víctimas de delitos en México, pero también prevenir las graves violaciones a derechos humanos como la tortura.

Un reto especialmente relevante para erradicar la tortura es el de superar la tolerancia social por la misma. Muchas veces se justifica o tolera la tortura sobre la base de la presunta responsabilidad o maldad de la persona torturada, como hemos visto también en casos de gran trascendencia nacional en los últimos años. Es esencial que se nombre la tortura cómo lo que es, una grave violación de los derechos humanos y evitando todos los eufemismos o evitando el minimizar este tipo de conductas.

Así, poner fin al uso de la tortura depende en primer lugar de la acción decidida de las autoridades enviando un mensaje de que ésta, así como el resto de violaciones de derechos humanos, no será tolerada. El mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador rechazando la tortura de forma reiterada, es un primer paso que debe ser seguido por todas las demás autoridades del país.

Además, es necesario no minimizar ni desacreditar las denuncias de tortura. Corresponde al estado investigarlas adecuadamente, y determinar si ocurrieron y quiénes son los responsables de tales actos.

Utilizar los instrumentos legales creados para prevenir y erradicar la tortura también resulta esencial. La correcta y decidida implementación de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes puede ayudar a erradicar la tortura.

Se debe además apoyar a las víctimas de tortura y no dejarlas solas. La tortura raras veces se denuncia y casi nunca se castiga. Las víctimas que se atreven a denunciar, a pesar de saber que enfrentarán la desconfianza y el descrédito merecen el apoyo de la sociedad para que se investiguen los hechos que padecieron y se determinen las responsabilidades correspondientes.

3. Desaparición

A continuación me gustaría referirme a las desapariciones. Las desapariciones constituyen una de las violaciones que más dolor genera en las víctimas, tanto en quienes son víctimas de la privación de la libertad y desaparición, durante periodos desde unas horas hasta días, semanas, meses, años, como en sus familias. Esas horas, días, meses y años, incluso décadas, son de incertidumbre, de imaginar los peores desenlaces y esperar la vuelta, sano y salvo del ser querido desaparecido y esperar la liberación. Quienes no tenemos un familiar, una amistad, un ser querido desaparecido no podemos saber ni siquiera imaginar lo que supone ese dolor todos los días.

Las desapariciones no son un fenómeno nuevo en México, ni en Jalisco. De las 788 desapariciones cometidas durante la denominada “Guerra sucia”, de acuerdo a la información de la extinta Fiscalía Especializada en Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (FEMOSPP), al menos 33 ocurrieron en Jalisco, 4.2% del total. La lucha de las familias de todas estas personas dio origen a algunos de los procesos organizativos de familias de personas desaparecidas más antiguos en el mundo, que hoy en día siguen activos exigiendo verdad y justicia. La exigencia de aparición con vida, plasmada en el grito “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” resonó en primer lugar en las calles de México.

Cabe preguntarse si hoy México se encontraría en la circunstancia que se encuentra, respecto al número de personas desaparecidas, respecto al dolor que esto causa, si esas desapariciones hubieran sido investigadas y castigadas y el paradero de las personas desparecidas esclarecido. Tal vez la impunidad de esas graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, explique la extensión de las desapariciones en México desde 2006, hasta alcanzar las más de 74,460 personas que a día de hoy permanecen desaparecidas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)[16], más de 10,200 en el estado de Jalisco, de ellas, más de 1,314 mujeres y niñas. A esto deben sumarse todas las víctimas de desapariciones de carácter temporal.

Las desapariciones crecieron a la par que la política de seguridad implementada desde 2006. Por años, las familias chocaron contra el muro que suponía la estigmatización y criminalización por parte de las autoridades, la minimización de la problemática. Quienes no estén familiarizados con esto, se sorprenderían la cantidad de veces que las familias de personas desaparecidas han tenido que oír cosas como “estará de fiesta” o “se habrá ido con el novio, al rato vuelve”, desperdiciando así horas cruciales para la búsqueda de las personas desaparecidas.

Atender la problemática de las desapariciones, requiere de varias vías de acción:

• Impedir que se produzcan nuevos casos de desaparición. Esto requiere de prevención efectiva y de una búsqueda inmediata en cuándo se denuncien los casos.
• Atender la crisis forense y la necesidad de identificar, conforme a los más altos estándares internacionales los cuerpos y restos humanos localizados y sin identificar en todo México.
• Garantizar la búsqueda de todas las personas desaparecidas, partiendo del principio de la búsqueda en vida. No podemos claudicar como sociedad y pensar que las personas desaparecidas están fallecidas; hay que asumir que pueden estar con vida y desarrollar acciones de búsqueda tendientes a su localización y, como decía también, atender también la crisis forense que atraviesa México.
• Además, debe garantizarse la atención adecuada a todas las víctimas de esta terrible violación de derechos humanos, incluido su derecho a participar en las políticas públicas al respecto consagradas en los principios rectores sobre búsqueda de personas del Comité de Desapariciones de Naciones Unidas y consagrados en la Ley General de Desaparición.

Para lograr este objetivo, la correcta implementación de la Ley General en materia de Desaparición es un paso fundamental. Actualmente en el estado de Jalisco se encuentran en el Congreso del Estado las iniciativas enviadas por el gobernador Enrique Alfaro, de Ley en materia de Desaparición, de Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición y de Ley de Víctimas. Desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hemos enviado comentarios tanto a su contenido como al proceso de dictaminación. Pero más allá de lo que se pueda decir desde los organismos internacionales, es esencial que se escuchen las voces, las propuestas y las necesidades de las familias de personas desaparecidas en Jalisco a quienes se deben de dar respuesta. Por ello confiamos en que el Congreso del estado de Jalisco logrará acordar un proceso efectivo de participación que permita que se escuchen las voces de las familias y se pueda trabajar en las formas de atender la situación que atraviesan, especialmente en lo que se refiere a las deficiencias en la búsqueda de las personas desaparecidas.

El Registro Nacional de Personas Detenidas y el efectivo control y registro de todas las detenciones es una herramienta esencial para prevenir las desapariciones forzadas y la tortura. Por ello es necesario que existan controles en todas las corporaciones policiales que aseguren la efectividad de la obligación de garantizar el registro de todas las detenciones. Así se podría poner fin a la práctica de las detenciones arbitrarias, muchas veces el primer paso en una cadena de posteriores violaciones a derechos humanos.

La aplicación efectiva de los principios de debida diligencia en las investigaciones por posibles desapariciones forzadas, incluida la garantía de que los servidores públicos señalados como posibles responsables no podrán interferir con las investigaciones, y que las mismas se llevarán a cabo de manera independiente resulta esencial para ir reconstruyendo la confianza en las autoridades.

4. Violencia contra mujeres y niñas

En relación con la violencia contra las mujeres y niñas, es esencial destacar que es una de las problemáticas más extendida en el país y al mismo tiempo que permanece muy lejos del centro de atención de las autoridades. De acuerdo a la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI establece que al menos de las 46.5 millones de mujeres y niñas de 15 años y más que hay en el país, el 66.1% (30.7 millones) ha enfrentado en su vida algún tipo violencia[17].

Por lo que respecta a Jalisco, según esta en cuesta del INEGI, en 2016 el 74.1% de las mujeres declaró haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. El 55.6% de las mujeres señaló que experimentó violencia emocional, 33.7% violencia económica–patrimonial, 37.1% física y 51.5% sexual, a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor. Estas cifras nos deben dar una idea de la magnitud que tiene el impacto de la violencia contra mujeres y niñas en la población; de todas las mujeres y niñas en México que no pueden ver realizado su derecho a una vida libre de violencia, libre de temor, que como decíamos es uno de los componentes esenciales del concepto de seguridad humana.

En 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reporta que entre enero y junio se produjeron en Jalisco, al menos:

• 28 presuntos delitos de feminicidio,
• 97 homicidios dolosos contra mujeres,
• 1902 lesiones dolosas
• 48 víctimas de corrupción de menores
• 4 víctimas de trata
• 6095 presuntos delitos de violencia familiar
• 180 delitos de violación

Esto nos habla de que es una problemática urgente, imperante, que debe ser atendida a la brevedad. Estas cifras muestran que Jalisco enfrenta importantes retos en materia de violencia contra las mujeres. Por ello, desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos compartimos la preocupación expresada por organizaciones e instituciones para lograr avances concretos en la garantía de una vida libre de violencia para mujeres y niñas en el estado.

Las estrategias de seguridad seguidas a nivel nacional no han integrado adecuadamente la atención a esta grave problemática, ni han promovido la perspectiva de género de forma que consideren las formas diferenciadas de violencia sobre mujeres y niñas, ni cómo las graves violaciones a derechos humanos tienen impactos diferenciados, tales como la desaparición de personas, el feminicidio, la trata con fines de explotación sexual y la tortura sexual.

Atender esta problemática de la violencia requiere de:

• La incorporación de la perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de seguridad.
• Garantizar la atención rápida y adecuada a las denuncias de posibles casos de violencia contra mujeres y niñas.
• Asegurar un enfoque integral, multidisciplinario y con perspectiva de género en la investigación de todos los feminicidios y homicidios cometidos contra mujeres y niñas.
• Dar celeridad a la implementación de las medidas recomendatorias de la Alerta de Violencia, y evaluar la efectividad y resultados obtenidos a partir de la implementación de la alerta de violencia de género a través de indicadores y metodologías adecuadas.

5. Impunidad y acceso a la justicia

Quisiera hablar a continuación de la impunidad y el acceso a la justicia. En este sentido, este es uno de los elementos centrales de la falta de confianza en las políticas de seguridad que se han seguido en México. La impunidad es la mejor garantía de repetición, tanto de las violaciones de derechos humanos como de las conductas delictivas. Saber que no va a haber castigo es un gran incentivo, un gran aliciente a volver a cometer la misma práctica. El estado mexicano ha reconocido en el pasado una impunidad superior a 98% de los delitos que se registran en el país. Cuando una persona decide acercarse a las autoridades para denunciar, está realizando un acto de confianza en ellas. Y en muchas ocasiones esa confianza queda destruida rápidamente por la aparente falta de interés, de proactividad, por el uso desviado del derecho penal, por la falta de atención a los delitos más graves, por la actuación burocratizada y en exceso formalista que sustituye la investigación por la realización de actuaciones genéricas carentes de vínculo con posibles hipótesis o líneas de investigación basadas en los hechos, como sólo enviar oficios y esperar pasivamente una respuesta.

Superar esta situación requerirá de tiempo y de recursos y pasa, entre otras cosas, probablemente por:

• Combatir la corrupción en las instituciones de seguridad y de procuración de justicia.
• Fortalecer las instancias de investigación con recursos suficientes y adecuados, incluyendo los recursos materiales y humanos.
• –          Superar los incentivos institucionales a la falta de investigación. Por ejemplo, el uso de la prisión preventiva oficiosa que destruye los incentivos a generar una investigación adecuada mientras contribuye a mantener una muy alta proporción de personas privadas de la libertad sin tener aún una sentencia.
• –          Promover un cambio profundo en las prácticas de investigación y la cultura institucional de las instituciones de investigación, para garantizar que se orientan a la investigación efectiva basada en los hechos, las evidencias, fortaleciendo el uso de las pruebas de carácter técnico y científico.
• –          Priorizar la respuesta a las denuncias de los casos de mayor impacto social como homicidios, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, tortura, violencia sexual y trata de personas, entre otros.
• –          Garantizar el funcionamiento efectivo de los mecanismos de rendición de cuentas en casos de mala praxis durante la investigación.

6. Espacio democrático y libertad de expresión

Una cosa que nos han enseñado los hechos de los últimos meses en Jalisco es el papel esencial que la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, los medios de comunicación y periodistas y las instituciones académicas juegan para documentar, visibilizar y detener las violaciones de derechos humanos, acompañar a las víctimas y contribuir así al respeto a los derechos humanos. La rendición de cuentas se hace mucho más real gracias a la sociedad civil y los medios de comunicación plurales.

En este sentido, es importante destacar la importancia para una política de seguridad de carácter democrático, una política de seguridad humana, una política de seguridad ciudadana, como las que mencionábamos al inicio, de que se garantice el espacio democrático y la libertad de expresión pues quienes realizan estas actividades enfrentan muchos obstáculos, riesgos y peligros, incluidos agresiones, bloqueos, criminalización e incluso asesinatos y desapariciones, como lo han documentado el relator de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos y los relatores de la ONU y de la CIDH sobre libertad de expresión en sus visitas a México en los últimos años.

Un estado democrático de derecho requiere de una prensa libre y plural, de una sociedad civil crítica, de una academia dispuesta a participar en las principales problemáticas sociales. Pero para ello, deben crearse las condiciones que permitan la participación en los asuntos públicos a través de una pluralidad de vías.

Para lograrlo, se requiere comenzar reconociendo públicamente y de manera continuada el rol fundamental de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y condenar las agresiones en su contra, no únicamente de forma genérica, sino de forma concreta a través del trabajo conjunto, de la escucha activa a sus propuestas y críticas, del mantenimiento de un diálogo abierto y constructivo. Y desde la Oficina del Alto Comisionado consideramos que ésta es una oportunidad para ir construyendo esos puentes de trabajo que suponen un reconocimiento a la labor de las personas defensoras de derechos humanos en el estado de Jalisco y a las víctimas.

Se deben identificar los obstáculos que existen en el marco legal y en las prácticas administrativas que dificultan la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y adoptar las medidas para removerlos. Este es un proceso que puede y debe hacerse de la mano de las propias organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras, periodistas y académicas.

En relación con la actuación en el contexto de manifestaciones, me gustaría recordar la recientemente publicada Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el derecho de reunión pacífica[18] y el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Protesta y Derechos Humanos[19], que junto a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la del caso Atenco, ofrecen una guía extensiva para la actuación que deben seguir las autoridades en el contexto de manifestaciones, garantizando maximizar el ejercicio de los derechos de las personas.

Conclusiones

La transformación de las políticas de seguridad requiere cambiar la forma de actuar de las instituciones utilizando todas las herramientas disponibles y no esperar una solución rápida gracias a una única medida. Un ejemplo de esto es la capacitación, que debe ser un eje central de cualquier política de transformación y que debe ser adecuada a las funciones que realicen las policías y otras personas servidoras públicas, tener un contenido teórico práctico y ser evaluada, no sólo en su contribución a la adquisición de conocimientos sino sobre todo en el cambio del comportamiento, sostener capacitaciones no es un resultado en sí mismo. La prevalencia de la tortura, de las desapariciones forzadas o las detenciones arbitrarias no se debe a una falta de capacitación en sí misma. Es muy difícil imaginar que algún servidor o servidora pública que comete este tipo de graves violaciones a derechos humanos no tenga claro que torturar está mal, es violatorio de derechos humanos y contrario a sus obligaciones, que detener y desaparecer a una persona (aunque sea sólo por unas horas), es contrario a derecho y a sus obligaciones como servidor público. No es una mera falta de conocimiento sobre la prohibición de la conducta lo que causa su repetición, por lo que difícilmente será una capacitación sobre lo prohibido de la conducta lo que sirva para solucionarlo. No menciono esto para negar el valor de las capacitaciones, sino al contrario, para entender para que sí sirven las capacitaciones, y para qué necesitamos de otras herramientas, que deben incluir la efectiva rendición de cuentas de las corporaciones policiales.

Los elementos destacados en esta exposición no constituyen, ni pretenden ser una receta para el estado de Jalisco. Como señalábamos al inicio de la intervención no hay una receta. Lo que hemos intentado es mostrar que existen algunos elementos centrales que toda política de seguridad debe considerar y formas concretas de hacerlo realidad, pero sin descartar otros elementos necesarios para esa política, ni otras formas de hacerlo realidad. Precisamente para eso deben servir los foros que hoy comienzan y otros espacios de participación y de reflexión.

Para concluir, me gustaría recordar las palabras de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, durante su visita a México cuando señaló que:

La experiencia nos demuestra que no se puede lograr la seguridad sin un pleno respeto a los derechos humanos y no se pueden disfrutar los derechos humanos sin condiciones de seguridad. Asimismo, cuando no se respetan los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia, lo que se genera es un ciclo creciente de violencia.[20]

Desde la Oficina del Alto Comisionado agradecemos de nuevo la posibilidad de participar en este espacio y reiteramos nuestro compromiso de trabajar con las autoridades, con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, con la sociedad civil, con la academia y con toda la sociedad jalisciense, para hacer realidad una política de seguridad, de seguridad humana, de seguridad ciudadana que garantice los derechos humanos de todas las personas en Jalisco.

Muchas gracias.