FIL Pensamiento “Retos para fortalecer el Estado de derecho y la rendición de cuentas por la violación de los derechos humanos”

(Guadalajara, 3 de diciembre de 2022) Muy buenas tardes. Agradezco la invitación para participar en el presente foro. Permítanme iniciar mi contribución a esta reflexión con dos consideraciones preliminares, que nacen del maravilloso marco para este evento. La primera de ellas, la importancia de que, en el contexto de una feria que representa la grandeza civilizatoria y universal de la palabra escrita, se generen también espacios para el diálogo y la reflexión oral, cobijados en un ambiente de diversidad, respeto, racionalidad y propuesta innovadora. Cuando la región y el mundo navegan en mares tormentosos, azotados por olas de crispación, pugnacidad y polarización, encontrar aguas tranquilas donde poder conversar sobre tópicos de la mayor relevancia en una atmósfera propicia es, en sí mismo, una rara y estupenda noticia. La segunda consideración preliminar es resaltar la masiva y activa presencia jóvenes en esta feria y en estos espacios de diálogo y reflexión. Es un inusual y alentador espacio de intercambio generacional, que nos refresca y alienta, que nos ofrece una razón certera para visualizar un horizonte distinto y un futuro promisorio.

Ahora, el principal reto para aludir a los retos de un tema tan complejo es el del tiempo, así es que me permitiré enunciar diez de los principales desafíos en esta materia, sin pretensión de exhaustividad.

1. La independencia de las instituciones

La independencia de los actores judiciales y no judiciales es un requisito sine qua non para cualquier Estado de derecho y ejercicio de rendición de cuentas. Está en la base del régimen de equilibrios y contrapesos de instancias concebidas para combatir el abuso de poder, las arbitrariedades y la impunidad; materializar el acceso a la justicia; supervisar el ejercicio gubernamental; y colocar límites a la acción de las autoridades públicas y poderes fácticos. De allí el peligro de la creciente tendencia autoritaria, que está socavando las ya de por sí frágiles estructuras constitucionales e institucionales existentes, que pretenden (y en ocasiones lo logran) concentrar el poder y nulificar o simular este sistema.

En este rubro resulta fundamental auspiciar procesos de designación basados en el mérito; establecer garantías normativas e institucionales eficaces que protejan las funciones de control y supervisión, y consolidar los mecanismos de gestión y rendición de cuentas de las propias estructuras judiciales y no judiciales a efecto potenciar su desempeño, confianza ciudadana, credibilidad pública y eficacia.

2. Desmantelar y transformar algunas estructuras de poder

La evidencia señala con claridad – y debemos hacernos cargo – que en nuestra región aún subsisten poderes formales e informales que gozan de privilegios y obstaculizan la correcta acción de la justicia y la rendición de cuentas en materia de derechos humanos. Se trata de actores como los insertados en aparatos de inteligencia, fuerzas armadas y policías (por citar ejemplos del espacio público), pero también estructuras corporativas, empresariales e incluso clericales (por citar algunas fuera del espacio estatal), cuya acción hace que, en los hechos, y en ocasiones en el derecho, gocen de exenciones e inmunidades que les hacen inalcanzables para el brazo de la justicia. Es la negación de la igualdad ante la ley, representan la impunidad que desalienta la ciudadanía y profundiza la desconfianza en la democracia, son los privilegios que hacen nuestras realidades más violentas y las desigualdades más profundas.

3. El fortalecimiento de las capacidades para investigar y documentar

Es esencial investigar y documentar adecuadamente para el efectivo sometimiento a mecanismos de control y vigilancia, persecución y sanción. La obtención de la evidencia, la capacidad de acreditar el abuso, la habilidad para hacer análisis de contexto, la comprensión de las redes de complicidad, el entendimiento de las estructuras de criminalidad y macro-criminalidad, hoy resultan cruciales. El indicio y la sospecha sólo ofrecen su potencial utilidad si se obtiene la evidencia y acreditación certera. Alcanzar este objetivo requiere realizar esta tarea de forma adecuada y con los medios necesarios. Es decir, un trabajo de investigación pulcro, que repare en los medios que brindan soporte a todo Estado de derecho: el respeto al debido proceso, la exclusión de toda prueba obtenida ilícitamente, ya sea por medio de la tortura, los malos tratos, escuchas y cateos ilegales, o cualquier forma inspección o injerencia arbitraria. Es esencial avanzar en profesionalizar estas tareas, abrirse al carácter multidisciplinar del conocimiento y a las ciencias forenses, hacer que la ciencia y la tecnología se coloquen al servicio de la justicia.

4. Fortalecimiento de las instituciones nacionales de derechos humanos

Las comisiones, defensorías, procuradurías y demás entidades encargadas de la defensa y promoción de los derechos humanos que se rigen bajo los Principios de París, se han visto erosionadas en muchos países. La institución del ombudsperson, una de las principales aportaciones del nuevo constitucionalismo en la región de las últimas décadas, hoy enfrenta serios retos para cumplir su labor: incomprensión, ausencia de recursos, nombramientos carentes de idoneidad, descalificaciones, burocratismo, desviación de su misión y déficit en la implementación de sus recomendaciones. Es preciso recuperar su espíritu independiente, democrático, comprometido y accesible.

5. Reconocimiento a actores claves: defensores, periodistas y víctimas

Actores clave, como las y los defensores de derechos humanos y las personas que se dedican al periodismo, han realizado y siguen realizando una enorme contribución para el Estado de derecho y la rendición de cuentas en materia de derechos. Su labor de documentar y reportar con independencia, rigor, compromiso y objetividad es vital para la vigencia de toda sociedad democrática. Sin su trabajo y denuncia, muchos temas quedarían en la oscuridad, lugar propicio para la comisión de abusos e ilegalidades. Precisamente por afectar intereses de poderosos actores, legales e ilegales, son víctimas de estigmatización, ataques y asesinatos. Este insustituible trabajo, realizado incluso en condiciones mucha de vulnerabilidad y violencia, es fundamental que sea reconocido y protegido, desde las más altas esfera del poder público y por toda la sociedad.

6. La inclusión y el respeto a los derechos de las mujeres

Una de las agendas más vibrantes y esperanzadoras de nuestro tiempo es la impulsada por las mujeres, destacadamente las jóvenes. Las mareas inspiran y sorprenden por su vigor, creatividad y empuje. La inclusión, permanencia y ascenso de las mujeres; el derrumbe del patriarcado y los estereotipos de género; la erradicación de los techos de cristal y los suelos pegajosos; la eliminación de las violencias en contra de las mujeres; la protección de su integridad y el respeto a sus derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento de la interseccionalidad, son apremiantes. Las desigualdades, la violencia y la discriminación son incompatibles con el Estado de derecho, que debe ser paritario, incluyente en la representación de las mujeres y sus agendas, y garantizar tanto la igualdad sustantiva como la libertad emancipatoria a la que tienen derecho.

7. La mirada intercultural

Los pueblos indígenas han sido históricamente marginados y discriminados, despojados de sus tierras, territorios y recursos naturales, incluso puestos en peligro de extinción física y cultural. Todo Estado de derecho debe incorporar una interpretación intercultural, considerar la diversidad étnica y sus visiones, combatir la exclusión, garantizar la integridad de las culturas originarias y velar por la protección de sus derechos individuales y colectivos, particularmente a aquellos ligados a la defensa de su patrimonio originario, tangible e intangible, como sujetos colectivos.

8. La agenda de los DESCA

Los derechos humanos son holísticos, interdependientes y dinámicos, No es posible jerarquía ni exclusión alguna. Sin restar la tradicional atención a los derechos civiles y políticos, hoy es fundamental que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sean también parte de aquello que se protege y materializar desde el Estado. La marginación, la pobreza y demás factores estructurales que merman la existencia digna de los seres humanos debe ser objeto de rendición de cuentas para lograr, sobre la base del principio de progresividad, ser erradicada. El impacto de la pandemia ratificó la enorme desigualdad existente y nos mostró, de manera cruda y con niveles de letalidad que aún nos consternan, la importancia de garantizar el derecho a la salud, a la alimentación, la vivienda, la educación, el trabajo, la seguridad social, por citar algunos. Un modelo de desarrollo que genera pobreza, desigualdad y violencia, conspira contra el Estado de derecho.

9. La apertura hacia lo internacional

El cambio climático, la pandemia e incluso la guerra en Ucrania son ejemplos claros del impacto global de los retos actuales como humanidad, que requieren la acción conjunta y la cooperación de los estados. Los estados deben mantener una actitud abierta al escrutinio y la cooperación internacionales. Los avances más exitosos registrados -frágiles y no lineales- han sido impulsados nodalmente por los actores nacionales con la alianza y aliento de los organismos internacionales de derechos humanos. Actores como la Comisión y Corte Interamericanas de derechos humanos, los mecanismos de protección de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la comunidad y cooperación internacional ha desempeñado un rol clave y están llamados a seguir apoyando a los estados en el cumplimiento de sus obligaciones adquiridas soberanamente en materia de derechos humanos. Son injustificadas las posiciones que se reclaman nacionalistas, que con frecuencia pretenden encubrir otras agendas o perpetuar regímenes o prácticas no democráticas y contrarias al estado de derecho.

10. Colocar a las víctimas y sus derechos en el centro

Las víctimas de violaciones a los derechos humanos han sido un actor emergente de nuestra región. El año que estamos próximos despedir nos privó de personas de la estatura de Rosario Ibarra de Piedra en México o Hebe de Bonafini en Argentina, dos mujeres latinoamericanas de talla universal. Más su legado sigue vivo y nos recuerda la importancia que significa acompañar a las víctimas, solidarizarnos con ellas, abrazar sus causas, escucharles con atención, aprender de su andar, inspirarnos en sus ejemplos, caminar a su lado, gritar sus consignas, conmovernos con su dolor, comprometernos con su acción. Dicho en pocas palabras: colocarles en el centro.

¡Muchas gracias!

Fin