Informe de CEMDA sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales 2023 | Intervención de Valentine Sébile, Oficial de Derechos Humanos ONU-DH México

Mis primeras palabras son de agradecimiento a CEMDA por invitar una vez más a la ONU-DH a participar en la presentación de este importante análisis. Quisiera reconocer y celebrar el inmenso trabajo que hay detrás de este informe y la calidad del trabajo colectivo de todo un equipo y de sus contrapartes en el terreno para transcribir en palabras realidades que pueden parecer lejanas, aisladas y a veces olvidadas. Reconocer cómo nosotros, ONU-DH y otros actores internacionales, nos apoyamos en este valioso trabajo y el de otras organizaciones de la sociedad civil para afinar nuestros propios datos y análisis en materia de defensa del medio ambiente.

Este análisis nos habla de una realidad compleja y frecuentemente desoladora. Nos ayuda a abarcar una diversidad de situaciones que recorren todo el territorio mexicano. Más allá de las cifras, esenciales porque permiten entender tendencias, este informe nos da a conocer historias de vida, de lucha individual y colectiva, luchas muchas veces invisibilizadas, olvidadas o incomprendidas por los medios de comunicación y por la misma sociedad. Algunas de las personas retratadas en el informe como Álvaro o Higinio pagaron el precio más alto por defender los bosques, el agua, el aire que respiramos, es decir, la vida en sus aspectos más fundamentales. Se opusieron a intereses poderosos y sus historias ilustran en carne propia la complejidad y contradicciones de la situación ambiental hoy día en México y en todo el mundo: el desface que puede existir entre las declaraciones y lo que ocurre en el día a día en los territorios; la cadena de responsabilidad que suele involucrar una multitud de actores, locales, estatales, empresas y a veces actores internacionales; la falta de acceso a la justicia que asola el tejido social e hipoteca nuestro futuro en este planeta. La crisis hídrica que enfrenta actualmente una gran parte del país nos recuerda la importancia de quienes piden políticas públicas, rendición de cuentas y transparencia en material ambiental. El CEMDA registró durante el año 2023, 282 agresiones específicas contra personas y comunidades ambientales. Si bien las organizaciones pueden llegar a tener metodologías diferentes, estas cifras nos hablan sobre tendencias en las cuales podemos estar todos y todas de acuerdo. Los impactos de las agresiones registradas son múltiples y profundos no sólo en la naturaleza devastada sino también en los cuerpos, mentes de los individuos y en la memoria de los colectivos y comunidades, en su interacción con el resto de la sociedad. Nos recuerdan el camino largo que falta recorrer para que México garantice un entorno propicio y seguro para la defensa ambiental.

El panorama es complejo, como lo recuerda el presente informe. Sin embargo, quisiera resaltar algunas oportunidades que pueden ayudar a revertir esta situación, varias haciendo eco a las recomendaciones del informe.

Quisiera primero recordar que todos los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos de las personas defensoras de derechos humanos medioambientales, así como de las comunidades que éstas representan. El derecho internacional ha evolucionado de manera positiva los últimos años y ha recordado esta responsabilidad primaria del estado. En 2021, la Asamblea General de la ONU reconoció el derecho humano a un medio ambiente saludable. Unos meses antes, entraba en vigor el Acuerdo de Escazú, un instrumento inédito y ambicioso que tal como lo recuerda el informe constituye un avance real a través de disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras y de las comunidades. El compromiso tomado por el Estado mexicano se debe traducir en una implementación concreta, creando justamente las condiciones para que la defensa ambiental se realice en un entorno propicio y seguro, garantizando la participación plena de las comunidades y de quienes defienden el medio ambiente en contextos aislados o en zonas de presencia de la delincuencia organizada. De hecho, este mes es la tercera COP del Acuerdo  de Escazú y las autoridades mexicanas tendrán una oportunidad para escuchar a muchas personas defensoras y organizaciones, incorporar sus solicitudes y propuestas, y fortalecer los acuerdos, herramientas y compromisos para agilizar y mejorar la implementación del acuerdo.

Revertir la situación de las y los defensores ambientales pasa también por la adopción de una política pública integral de protección que desarrolle medidas específicas, interseccionales e interculturales para ciertos grupos como las mujeres y las comunidades indígenas. La ONU-DH sigue apoyando a las autoridades mexicanas a través de su asistencia técnica para el fortalecimiento del Mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos, particularmente a través de la facilitación de un grupo de trabajo en el que participan tanto las instituciones como la sociedad civil, y que ya ha posibilitado avances tangibles con la implementación de recomendaciones estructurales del Diagnóstico realizado por la Oficina.

Quisiera también mencionar la labor necesaria que se debe hacer en materia de acceso a la justicia y el derecho a la reparación. Lastimosamente, es ampliamente reconocido que la gran mayoría de los ataques contra personas defensoras permanecen en la impunidad. En el informe sobre Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras y periodistas, que presentamos en diciembre pasado, analizamos detalladamente expedientes de investigaciones de las fiscalías en casos como el de Isidro Baldenegro, defensor ambiental asesinado en 2017, y pudimos identificar algunas rutas y recomendaciones concretas.

Para concluir, no podemos olvidarnos de las causas profundas que están detrás de estos ataques. Por ejemplo, la discriminación, el desequilibro de poder en la toma de decisión, los modelos de desarrollo de corto plazo que se imponen a las comunidades sin tomar en cuenta su voz o que buscan dividirlas y desacreditarlas. Esto implica una reflexión profunda de largo plazo sobre nuestro modelo como sociedad y cómo transversalizamos los desafíos ambientales para conectarlos con temas económicos, sociales y culturales.

Es fundamental que las autoridades reconozcan la labor fundamental que desempeñan las personas y comunidades ambientales en el país. Este reconocimiento es una herramienta concreta que permite legitimar el trabajo de defensa y luchar contra la desinformación en torno a proyectos de desarrollo, megaproyectos, que suelen desencadenar conflictos por su falta de respeto a las normas ambientales y estándares de derechos humanos como, por ejemplo, la falta de consulta de las comunidades afectadas. Asimismo, es fundamental que actores en situación de poder se abstengan de criminalizar a las personas defensoras, comunidades y periodistas ambientales a través del uso indebido del derecho penal y que pongan un fin a la multiplicación de procedimientos judiciales que buscan acallar la oposición a proyectos dañinos para el medio ambiente.

Mis últimas palabras van dirigidas a las mujeres, hombres, niños y niñas que siguen defendiendo el medioambiente a pesar de los riesgos, de la soledad y de la adversidad. Ustedes defienden sus tradiciones y el patrimonio común, nuestro presente y futuro. Hablamos de desolación, pero también hay esperanza. Quiero celebrar su valor y persistencia y reiterarles que la comunidad de derechos humanos, incluyendo la Oficina que represento los seguirá cobijando y acompañando hasta que el respeto a un medio ambiente sano sea una realidad para todos y todas.

Muchas gracias.