Intervención de Guillermo Fernández-Maldonado en el Encuentro de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC)

En América Latina se han observado distintas etapas de violaciones a los derechos humanos en contra de diverso tipo de personas y colectivos: desde quienes pertenecen a los pueblos originarios, pasando por quienes se organizaban para exigir el reconocimiento o vigencia de derechos, incluso derechos laborales. Las personas que históricamente han sido marginadas por su origen, género, preferencia o identidad sexual; quienes exigieron por décadas los derechos de la mujer en términos de igualdad; quienes defienden la naturaleza, la tierra y el territorio, así como quienes se han dedicado a informar, opinar críticamente y denunciar el abuso de poder y la corrupción. Incluso quienes no vieron otra salida que tomar las armas para acabar con regímenes dictatoriales. Todas estas violaciones han tenido un terrible impacto en la vida de cientos de miles de personas, pero sin duda también en la sociedad entera.

En México, frente al alto índice de impunidad por casos graves de violaciones a los derechos humanos, como la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición de personas, los organismos internacionales hemos acompañado las exigencias de justicia y hecho hincapié en la necesidad de cumplir con la reparación integral del daño para las víctimas, siempre ligada a las acciones de justicia. Pero no es menos relevante reconocer que las violencias producen graves daños en la sociedad, rompen tejidos comunitarios, inhiben voces y ejercicio de derechos, profundizan las desigualdades. Una grave violación puede ser perpetrada en segundos, pero puedo tardar una vida, incluso generaciones enteras, lograr sanar las heridas.

Es aquí en donde consideramos la memoria puede jugar un papel fundamental, para detener todo intento de silenciar las voces que demandan justicia, verdad y reparación. La memoria es la estafeta de lucha que transita entre generaciones. Es a través de la memoria que se mantienen vivas las historias de las violaciones a los derechos humanos, del violento e ilegal ejercicio del poder, pero también mantiene vivas la resistencia de las víctimas y sus familias. Es a través de la memoria que podemos nombrar lo que pasó, sus causas, sus consecuencias, podemos conocer y tener presente a quien ya no está aquí. La memoria es la que nos recuerda qué es lo que no debe repetirse nunca más.

En el tema de la desaparición de personas la memoria juega un rol esencial, ya que, ante el ocultamiento de una persona, es preciso reconocer la memoria de quienes la hacen presente, entender las causas estructurales que han llevado a los Estados y sectores de la sociedad a cometer o convivir con este flagelo. Es aquí donde los procesos de memoria, individual y colectiva, pueden contribuir con nuevas narrativas e iniciar una sanación social hacia el futuro.

Toda política de Estado que considere la memoria debe vincularla con atender el derecho a la verdad. Es aquí cuando se crea una nueva oportunidad no sólo de reescribir los hechos violentos del pasado sino también de restructurar las narrativas y formas del presente, que se hacen latentes en gobiernos, políticas públicas, legislaciones y dinámicas sociales. Para todo ello es esencial escuchar la voz de las víctimas, principalmente, y de quienes han acompañado sus procesos de resistencia. La memoria, en ese sentido, no es una demanda que se impone sino un derecho que abre la puerta para la comprensión de los procesos y la construcción de un verdadero “¡Nunca más!” compartido ampliamente por la sociedad.

Para alcanzar estos objetivos es importante considerar el desarrollo que desde las experiencias sistematizadas a nivel internacional se han realizado en la materia. En ese sentido, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición ha señalado que:

“sin memoria del pasado, no puede haber derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, ni garantías de no repetición. Por ello, los procesos de memoria respecto de las graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario constituyen el quinto pilar de la justicia transicional. Se trata de un pilar autónomo y a la vez transversal, ya que contribuye a la implementación de los cuatro restantes, y representa una herramienta vital para permitir a las sociedades salir de la lógica del odio y el conflicto, e iniciar procesos sólidos hacia una cultura de paz.”[1]

A su vez, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU ha señalado que “[t]oda víctima tiene derecho a conocer la verdad sobre las violaciones que le afectan, pero la verdad debe comunicarse también a la sociedad como ‘una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones’.”[2] Y retomando los “Principios para la lucha contra la impunidad” es prioritario considerar el derecho de las víctimas a saber y las garantías que tiene que emplear el Estado para hacerlo efectivo, así como el deber de recordar, que se define como:

“El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio, y por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas.”[3]

La memoria entonces debe estar al alcance de todas las personas, pero siempre iniciar desde la voz de las víctimas y sus familias. Para ello, es esencial que toda recuperación de la memoria histórica evite la estigmatización, el prejuicio, la criminalización y la indiferencia social con relación a casos de violaciones de derechos humanos, incluyendo la desaparición forzada.

Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México reconocemos todos los esfuerzos que, como dijo el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en su reciente informe, lleven a “la construcción de la memoria colectiva, que es necesaria para la prevención de hechos similares.” Enfatizamos que todos estos esfuerzos deben ser construidos desde y hacia las víctimas de violaciones a los derechos humanos como presupuesto básico para toda política transformadora en derechos humanos.

En un país con más de 107 mil personas oficialmente registradas como desaparecidas, reiteramos nuestro compromiso para con las familias que buscan incansablemente a sus seres queridos teniendo el amor como motor y la memoria como guía de su presencia. A todas ellas nuestra solidaridad, así como con las personas y organizaciones que les acompañan y apoyan dentro y fuera del Estado. A las autoridades reiteramos nuestra disposición de prestar nuestra asesoría técnica a las iniciativas que impulsan en favor de estos objetivos compartidos. Que la voluntad de la memoria nunca signifique una imposición, sino el acuerdo genuino y abierto de una sociedad que debe hacer justicia de su pasado y su presente para construir un futuro de paz basado en la rendición de cuentas y el rechazo al olvido. Muchas Gracias.