Intervención de Guillermo Fernández-Maldonado en la audiencia de la CIDH “Avances y retos en la búsqueda forense en México”

En todo espacio en el que se hable de la búsqueda, incluso la forense, es preciso reiterar una premisa básica: “la búsqueda de una persona desaparecida debe realizarse bajo la presunción de vida”, tal como lo refieren los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés).  Sin embargo, como las propias familias nos han enseñado: “la verdad, ante todo, por dolorosa que sea”. De tal forma que, si el corazón del ser querido ha dejado de latir, procede la identificación, el respeto y la restitución digna de sus restos.

Gracias al impulso de las familias, lideradas fundamentalmente por mujeres, hoy el Gobierno de México reconoce la existencia de una “crisis forense”, calificada por el CED como una “realidad de profunda preocupación” en su informe de misión de abril del 2022. Para las familias de personas desaparecidas, la crisis forense simboliza una “segunda desaparición”. Es decir, aquella que se materializa en los espacios forenses y de inhumación del Estado.

Es indudable que el Estado ha adoptado medidas para revertir esta “crisis forense” y la comunidad internacional le está proporcionando una asistencia y cooperación sin precedentes. La solicitud de la presente audiencia es, en sí misma, una manifestación del reconocimiento inédito de este reto por una parte de la institucionalidad mexicana. La creación de centros de identificación humana, del Mecanismo Extraordinario de Identificación Humana, de laboratorios y panteones forenses, así como la elaboración y actualización de algunos registros son avances que deben ser reconocidos. Sin perjuicio de ello, el reto sigue siendo actual, inmenso e impostergable. El rezago de la identificación de cuerpos es abismal y cada día más personas son desaparecidas. Es indispensable una firme voluntad política y un compromiso efectivo de todas las autoridades del Estado, particularmente de las fiscalías.

El interés en el tema se observa también, por ejemplo, en la discusión en curso en la Cámara de Diputados de una reforma dirigida a lograr el reconocimiento constitucional del derecho de toda persona a ser buscada, incluyendo su dimensión forense. Alentamos a que dicho proceso -al igual que todos aquellos relacionados con normativas en la materia- garantice la participación efectiva con las familias y otros actores relevantes, que permita hacer los ajustes pertinentes al dictamen a efecto de que recupere los más altos estándares.

En atención al tiempo disponible, destaco cinco prioridades de la búsqueda forense que la Oficina que represento considera merecen inmediata atención:

• Primero: Emitir e implementar una política pública nacional de búsqueda e identificación forense, que incluya a todas las autoridades competentes y garantice su coordinación, colaboración y cooperación efectivas, sobre la base de delimitar con claridad las atribuciones de todas instituciones concernidas, y cuente con los recursos suficientes, que deben ser utilizados de forma transparente, bajo esquemas de rendición de cuentas. Es urgente revertir la falta de diligencia y colaboración de las fiscalías.
• Segundo: Emitir las herramientas previstas en la Ley general en la materia (que siguen pendientes a cinco años de su vigencia): el Banco Nacional de Datos Forenses; el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas; el Registro Nacional de Fosas; el Programa Nacional de Exhumaciones, y el Reglamento de la Ley. Además, es imprescindible cumplir con los artículos transitorios -también ya vencidos- derivados de la reforma a la ley general de mayo de 2022.
• Tercero: Garantizar la seguridad de las personas buscadoras. El 2022 ha sido el año más letal para las madres buscadoras. Estos asesinatos son una evidencia más de la dura situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas en México, principalmente las mujeres, quienes no sólo padecen el dolor de la ausencia y la incertidumbre, sino que ven obligadas a investigar y buscar a sus seres queridos por sus propios medios, y enfrentan por ello graves riesgos que, en ocasiones, terminan en acciones violentas irreparables. ONU DH respalda el comunicado de prensa de la CIDH del día de ayer.
• Cuarto: Asegurar la observancia efectiva del principio de participación conjunta previsto en la Ley general y reforzado en el artículo 24 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
• Fortalecer desde la academia la formación y profesionalización de cuadros especializados que potencien la búsqueda forense.

Como señaló el Alto Comisionado, Volker Türk, hace menos de dos meses, la “Oficina, así como el resto de los mecanismos internacionales especializados, deseamos seguir ayudando a México, especialmente a las autoridades comprometidas y a las familias”.

Cuando hablamos de personas desaparecidas, nos queda claro que es la búsqueda en vida la que debe privilegiarse. Existe esa misma claridad cuando afirmamos que hay otras búsquedas ineludibles y necesarias en México: la búsqueda de la paz, la seguridad, la prevención, la justicia, la verdad, la memoria, la reparación integral y las garantías de no repetición. En todas estas búsquedas cuenten con el apoyo y asistencia técnica de la Oficina.

¡Muchas gracias!