Intervención de Guillermo Fernández-Maldonado en la audiencia de la CIDH “Protección de personas defensoras y periodistas en la región”
(8 de marzo de 2023) Buenas tardes. Agradezco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la invitación a participar en la presente audiencia en representación de las presencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina.
Soy Guillermo Fernández-Maldonado Castro y participo en esta audiencia en mi capacidad de Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para proporcionar información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia, expresa o implícita, de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946.
Mis palabras iniciales son de homenaje a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y particularmente hoy, Día Internacional de la Mujer, a las mujeres periodistas, defensoras y operadoras de justicia, por su incansable lucha por un mundo más justo, más pacífico e inclusivo. El compromiso de las personas defensoras y periodistas, su vibrante activismo y contribuciones a la protección y defensa de derechos humanos, el Estado de Derecho y la construcción de sociedades más justas y democráticas, es una de las mayores fortalezas de la región. Su labor debe ser protegida y respaldada.
Pese a ello, los niveles de violencia contra personas defensoras y periodistas, hombres y mujeres siguen siendo inadmisiblemente altos. Conforme a datos recopilados por ONU Derechos Humanos, entre 2015 y 2020 en casi un tercio de los Estados miembros de las Naciones Unidas ocurrieron asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. 19 de estos países están en la región de América Latina y el Caribe. Aquí se cometieron casi 3 de cada 4 asesinatos de personas defensoras en el mundo. Terrible e inaceptable estadística.
En la región también se han registrado casos de discursos estigmatizantes y agresiones verbales y físicas contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, y operadores de justicia, con riesgos e impactos particulares al presentarse discriminación basada en género. Sin duda los avances en la tecnología digital contribuyen con acortar brechas para la participación ciudadana, pero también han agravado amenazas existentes y creado otras nuevas, incluida la violencia y el acoso en línea y el creciente uso de herramientas de vigilancia. También preocupan casos de legislación restrictiva y demandas abusivas contra organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras del ambiente, periodistas, y personas que han liderado casos judiciales contra la corrupción y la impunidad, con el fin de silenciarlas, alentar autocensura e impedir el ejercicio legítimo de su trabajo. No es aceptable que las personas que promueven y defienden los derechos humanos se vean expuestas a estos riesgos y vulneración de sus derechos y libertades.
Se han dado pasos importantes para garantizar un espacio más seguro a las personas defensoras de derechos humanos. El Acuerdo de Escazú, primer tratado con disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente en la región, es un hito importante. La creación de instituciones y políticas públicas especializadas para proteger a las personas defensoras y periodistas es otra buena práctica que se desarrolla en la región. Pero se debe avanzar más.
Es importante que los Estados desarrollen e implementen eficazmente políticas públicas de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, con un enfoque preventivo y diferenciado, sensible al género y respetuoso con la diversidad, especialmente en casos colectivos. El reconocimiento público de los gobiernos a la labor legítima de las personas defensoras y la participación de la sociedad civil en el diseño e implementación de estas estrategias de protección son fundamentales para asegurar su eficacia.
Por otra parte, es esencial el monitoreo constante y efectivo de la situación de riesgo de las personas beneficiarias de estas políticas públicas, así como la implementación oportuna, plena y efectiva de las medidas de protección, incluyendo las medidas cautelares y provisionales. Esto comprende a las recomendaciones y decisiones de los mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cumplir con las reparaciones otorgadas por estos procesos.
Al mismo tiempo, es esencial garantizar y fortalecer la investigación y el procesamiento de delitos de los que son víctimas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como la reparación correspondiente. La impunidad alienta la reiteración y una mayor desprotección. La justicia efectiva envía un claro mensaje de rechazo a los perpetradores de ataques y agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Antes de finalizar, aliento a los Estados, la sociedad civil y otros actores concernidos a fortalecer el intercambio de buenas prácticas en la región: pese a los retos por superar, hoy tenemos mucho que compartir y aprender de las experiencias alcanzadas. ONU Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apoyan conjuntamente a los mecanismos nacionales para la protección de personas defensoras de derechos humanos y facilitan el intercambio de herramientas y buenas prácticas para fortalecer sus capacidades institucionales. Este es un llamado animo a seguir fortaleciendo los mecanismos existentes y apoyar la creación de nuevos mecanismos en la región.
Desde ONU Derechos Humanos reiteramos nuestro compromiso con la defensa del espacio cívico y la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos y nuestra disposición a acompañar técnicamente a las autoridades en el desarrollo e implementación de políticas públicas para protegerlas.
Este año se conmemora el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La declaración ha inspirado y sigue inspirando a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil para alzar su voz, de manera individual o colectiva, para exigir la realización de nuestros derechos. Debemos redoblar nuestros esfuerzos en estos momentos de polarización, para que puedan seguir promoviendo y defendiendo los derechos humanos en un ambiente libre y seguro. Muchas gracias.
Fin