Intervención de Guillermo Fernández-Maldonado en la audiencia pública de la CIDH “Situación de los derechos humanos de mujeres y niñas en el contexto de las protestas en México”

El derecho a participar libre y en seguridad en manifestaciones, reuniones y protestas es un elemento central de la vida democrática. Ejercer estos derechos es especialmente relevante para quienes históricamente enfrentan la discriminación, la marginación, la violencia y la exclusión, como las mujeres y niñas. Las protestas han sido una herramienta vital para avanzar en la agenda de derechos humanos y evitar retrocesos. La gran mayoría se desarrollan de forma pacífica o con incidentes menores. Compartiré parte de lo documentado por nuestra Oficina en 2020 y 2021.

En este periodo las mujeres y niñas han protagonizado algunas de las protestas más multitudinarias en México, tanto en fechas de especial relevancia, como el 8 de marzo, como para exigir justicia frente a la violencia machista, las desapariciones de mujeres, los feminicidios y la violencia sexual. La reacción policial, en su mayoría proveniente de autoridades estatales o municipales, ha producido violaciones de múltiples derechos humanos, expresado en el uso excesivo, desproporcionado y arbitrario de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, violencia sexual, estigmatización y criminalización.

Los testimonios de víctimas refieren un actuar sexista y machista, insultos y actos humillantes en razón del género y descalificaciones por transgredir los roles tradicionales de género. Las agresiones han alcanzado a las periodistas que cubren manifestaciones, que han sido víctimas de ataques verbales y físicos con fuerte componente de género.

Uno de los casos más significativos fue la acción policial en la manifestación del 9 de noviembre de 2020 en Cancún, en que las autoridades utilizaron armas de fuego e hirieron de bala al menos tres personas (dos de ellas mujeres).

Pero el hostigamiento a mujeres manifestantes presenta diversas formas. En un caso, se cortó la electricidad (y por ende el agua al no funcionar las bombas) de un edificio público en cuyo lobby había una ocupación prolongada de mujeres. Impedir el acceso al agua en una pandemia, que limita el acceso a la higiene de manos, la más básica de las medidas preventivas, puso en riesgo a las manifestantes y la comunidad.

Se han observado declaraciones y acciones de desprestigio de autoridades que contribuyen a la estigmatización de la protesta social y sus participantes, así como aumentan la desconfianza de mujeres y niñas hacia las autoridades. En ocasiones hubo reclamos que señalan que las autoridades, en lugar de protegerlas frente a la violencia, usan el poder estatal en su contra cuando se manifiestan en las calles.

La presencia de los organismos públicos de derechos humanos es esencial para documentar los hechos, promover el diálogo y prevenir actos de violencia. Por ello, preocupan las descalificaciones contra la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo por integrantes del congreso local, porque adoptó medidas cautelares en favor de mujeres manifestantes; el hecho motivó un pronunciamiento conjunto de nuestra Oficina, la Federación Mexicana de Ombudspersons y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos[1]. En 2020 en Guanajuato, en una manifestación de familiares de personas desaparecidas, fue detenido un integrante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante la acción policial contra una manifestación pacífica[2].

A pesar que muchos de estos casos son públicos, hay pocos avances en materia de rendición de cuentas. En ocasiones las investigaciones se cierran sin recabar pruebas, no se indaga el papel de la cadena de mando o se opta por investigar delitos de menor gravedad que evitan penas severas o que funcionarios de alto nivel rindan cuentas. Además que mujeres y niñas son víctimas de violaciones a sus derechos en las manifestaciones, con frecuencia enfrentan serios retos para recibir una atención y reparación adecuadas, con perspectiva de género.

Se debe destacar el impacto diferenciado y desproporcionado que tienen los ataques, la estigmatización, las restricciones y las prácticas represivas sobre las mujeres, las niñas y las adolescentes, por cuanto estas violencias lesionan su condición de género. Estos actos generan un contexto de miedo y un efecto disuasivo en su derecho a participar en actividades de defensa de los derechos humanos o en asuntos públicos, contribuyendo a perpetuar patrones de exclusión.

Estas tendencias no son privativas de México. Nuestras presencias en la región las han constatado en otros países, como reflejó el comunicado conjunto de las Oficinas de la Alta Comisionada, la CIDH y su RELE, que llama a los estados a proteger a las mujeres y niñas participantes en las protestas del movimiento feminista el pasado 22 de julio[3].

También reconocemos que diversas autoridades han mostrado su disposición para superar esta situación. Así, nuestra Oficina trabaja con diversos gobiernos estatales en la capacitación en el uso de la fuerza, la definición de protocolos de actuación en protestas y la integración de la perspectiva de género en la actuación policial. Profundizar estas iniciativas y asegurar su continuidad es una oportunidad para garantizar el derecho de mujeres y niñas a manifestarse.

Finalmente, creemos las autoridades podrían avanzar en esta dirección con las actuaciones siguientes:

• Reconocer públicamente la legitimidad de las protestas de mujeres y niñas y abstenerse de realizar declaraciones que las estigmatizan.
• Asegurar el pleno respeto de los principios que rigen el uso de la fuerza en el contexto de protestas.
• Garantizar que la actuación policial es conforme con el interés superior de niñas y niños.
• Reformar los cuerpos policiales para evitar la reproducción de actitudes sexistas y machistas.
• Investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en manifestaciones, incluida la responsabilidad de la cadena de mando, con perspectiva de género.
• Fortalecer la presencia de los organismos públicos de derechos humanos en las protestas, con la capacidad para realizar sus actividades y el pleno respeto por las autoridades.
• Atender las causas de la discriminación y la violencia estructural que enfrentan las mujeres y niñas.
• Garantizar que todas las autoridades, especialmente municipales y estatales, conozcan y cumplan sus obligaciones de derechos humanos.

Muchas gracias