Intervención de Jan Jarab en la presentación del Octavo informe de violaciones a los derechos humanos de personas defensoras de derechos humanos de ACUDDEH

Saludo el informe de ACUDDEH, como una aportación de gran importancia. Es un esfuerzo sostenido a lo largo de los años para ofrecer información, visibilizar las violaciones de derechos humanos contra personas defensoras de derechos humanos y ofrecer recomendaciones al estado. Es especialmente relevante señalar que este es el octavo informe sobre las violaciones de derechos humanos a personas defensoras de derechos humanos – entonces, un trabajo a largo plazo. Este esfuerzo no sólo sirve para medir la magnitud del problema al que nos enfrentamos, y no sólo para visibilizar la problemática, sino que debe servir para promover un debate amplio y el desarrollo de políticas públicas y acciones que realmente eliminen las fuentes del riesgo, permitan combatir la impunidad y garantizar un ambiente propicio para ejercer el derecho a defender los derechos humanos.

El título del informe tiene una gran duda, que compartimos, ¿estamos ante el fin de la impunidad? Esta pregunta es crucial: estamos convencidos de que el fin de la impunidad será la mejor medida de protección posible.

En los últimos meses hemos visto anuncios sobre el avance de algunas investigaciones. Estos anuncios son positivos, pero deben concretarse en el completo esclarecimiento de los hechos. Y por supuesto ser investigaciones realizadas conforme a derecho.

El avance en las investigaciones de los casos de agresiones, debe no sólo dirigirse a los autores materiales, sino también identificar la participación de autores intelectuales, cuando existan. Sabemos que en algunos casos tenemos a los autores materiales detenidos o hasta sentenciados, pero seguimos desconociendo quien les mandó y porqué, lo que nos deja un sabor amargo en la boca.

Además, debe tenerse en cuenta la necesidad de investigar efectivamente no sólo los asesinatos y desapariciones, sino todas las agresiones, porque en muchas ocasiones vemos cómo hay una escalada de agresiones y de las amenazas pasamos al hostigamiento y después a las agresiones físicas culminando con los asesinatos y desapariciones. También es necesario investigar las denuncias de espionaje en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos – el famoso “caso Pegasus” que la anterior Procuraduría General no quiso investigar.

Avances y desafíos

El informe profundiza en las diferencias observadas entre los últimos seis meses de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y los seis primeros meses del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, desde el punto de vista de la Oficina también se pueden resaltar tendencias positivas:

• la voluntad anunciada por el actual Gobierno de fortalecer la protección, a través del fortalecimiento del Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: como ustedes tal vez saben, mi Oficina ha sido invitada por la SEGOB para presentar un Diagnóstico de dicho Mecanismo;
• la voluntad del Gobierno de evitar la represión;
• el hecho que han recuperado su libertad varias personas defensoras de derechos humanos injustamente criminalizadas y encarceladas como Enrique Guerrero, Damián Gallardo, Librado Baños o los seis defensores del agua de Tlanixco – liberados de manera diversa (algunas por acción de las nuevas autoridades, por desistimiento de las fiscalías, por revisión de sus procesos judiciales), con el involucramiento del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y otras instancias internacionales.
  Ahora bien, es importante que esta nueva actitud sea también acompañada por los estados y municipios de todo el país.

Los desafíos siguen:

• hay dinámicas locales y regionales que representan riesgo para la defensa de derechos humanos: los caciques locales muchas veces sólo cambian del partido con cada elección y siguen amenazando a las personas defensoras;
• a varios niveles observamos que se “reciclan” los fiscales y otros funcionarios con amplia trayectoria en violaciones de derechos humanos, e incluso con recomendaciones en su contra por comisiones de derechos humanos, tanto estatales como la nacional;
• y sobre todo, siguen las causas estructurales de las agresiones de las cuales habló el Padre Concha, la profunda desigualdad socioeconómica, el poder desmesurado de actores empresariales.

Entre las recomendaciones del informe, vemos muchas que coinciden con las que la propia Oficina y diversos mecanismos internacionales han señalado. Por ejemplo, desarrollar una campaña que reconozca y respalde el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos.

Política integral de protección

Desde la Oficina creemos que existe una gran oportunidad para construir una política integral de protección, que es la primera recomendación de este informe. Algunos de los elementos que podrían contribuir a dicha política son:

• Eliminar los tipos penales que pueden ser usados para criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión o para criminalizar la labor de quienes defienden derechos humanos.
• Proteger a los denunciantes, a aquellas personas que hacen públicos casos de corrupción o de graves violaciones a los derechos humanos.
• Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso proactivo a la información.
• Garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta y el consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe. Los adjetivos en este caso son esenciales para que se respeten los derechos de los pueblos, pero también para garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos – como lo destaca el Relator Especial para los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, son las personas defensoras indígenas de tierra y territorio que se ven más amenazadas, por toda América Latina.
• Establecer mecanismos de diálogo y atención específica a los conflictos sociales que permita su solución efectiva.
• Garantizar que las empresas rindan cuentas de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
• Fortalecer el acceso a los mecanismos internacionales de derechos humanos, por ejemplo, reconociendo la Competencia del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, o firmando el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para que las defensoras y defensores de derechos Económicos Sociales y Culturales puedan recurrir a instancias internacionales especializadas ante la violación de estos hechos.
• Ratificar e implementar el Convenio de Escazú, primer instrumento internacional de carácter vinculante que reconoce la obligación del estado de proteger a las personas defensoras de derechos humanos, en concreto a quienes defienden el medio ambiente.

Conclusión

Pero más allá de las medidas, es también necesario promover una nueva dinámica con el poder público. Las autoridades y los servidores públicos deben entender que quienes defienden derechos humanos – usando para ello herramientas como la protesta social, los recursos legales, la denuncia pública, la organización comunitaria, etc. – están realizando una tarea legítima, que deben respetar y promover. Deben asumir que la crítica, el cuestionamiento y la rendición de cuentas son partes integrales de la vida democrática.

Como sociedad, todas y todos debemos reconocer la importancia de esa tarea y apoyarla, arroparla, promoverla. Al final quienes defienden derechos humanos, defienden los derechos de todas y todos nosotros.

Muchas gracias por su atención.