Intervención de Jesús Peña Palacios en la audiencia de la CIDH: “Órgano garante constitucional del derecho de acceso a la información y protección de datos personales”
9 de noviembre de 2023. Buenos días. Mi asistencia hoy a la audiencia pública del 188° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denominada “Órgano garante constitucional del derecho de acceso a la información y protección de datos personales”, es en mi capacidad como Representante Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Estoy aquí para proporcionar información de forma oral e informal, sin estar bajo juramento. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia, expresa o implícita, de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946.
La creación en México -y en la región- de órganos garantes de protección del derecho de acceso a la información y protección de datos personales ha sido una de las manifestaciones de avance democrático más relevante de los últimos dos decenios. No solamente se trata de órganos que salvaguardan dos derechos humanos reconocidos internacionalmente, sino que, a través de éstos, se vehiculiza la protección de otros derechos y libertades fundamentales. Se trata, por tanto, de derechos sustantivos y “derechos llave” que a su vez brindan sustento a una sociedad abierta y diversa, al Estado de derecho y a la democracia.
En México, son múltiples las resoluciones que han permitido acceder a información y poner luz a temas de interés público de la mayor relevancia para los derechos humanos. De igual forma, gracias a la actuación de los órganos garantes, las personas han contado con mayores y mejores herramientas para proteger su privacidad y otros ámbitos de su vida personal.
Esta realidad llevó a que la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión afirmasen, en su informe conjunto derivado de su misión a México en 2017, que “México cuenta con un marco jurídico e institucional notable para la protección y promoción del acceso a la información”. En dicho informe conjunto, además, se hizo un llamado al Estado mexicano a “seguir fortaleciendo las capacidades del Instituto Nacional de Acceso a la Información, asegurando su autonomía (…) y la eficacia de sus decisiones.”1
La democracia precisa de instituciones sólidas. La protección de los derechos humanos también. Un sistema de pesos y contrapesos, en donde los poderes públicos y privados sean regulados y sometidos a elementos equilibradores compatibles con los derechos humanos, resulta fundamental. La solidez de las instituciones pasa por su integración completa y la observancia del marco constitucional que define su diseño y conformación.
Por ello, nos inquieta que no se hayan designado tres vacantes en el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. Más aún, a la Oficina nos preocupó profundamente la imposibilidad de sesionar, a la que estuvo sometido por meses el INAI en razón de dichas vacantes, comprometiendo así el carácter expedito con el que deben resolverse los recursos de revisión, todo ello en demérito de la tutela de los derechos humanos de las personas. Esta situación se presenta en un contexto amplificado de abstención en la designación de otros puestos claves para la vida pública en México.
Por ello, desde la Oficina remitimos el pasado mes de abril una carta al Senado de la República en la que alentamos respetuosamente a sus integrantes a culminar el proceso de designación y nombrar a tres personas comisionadas del INAI, cuyas vacancias subsisten. De igual forma, hemos saludado públicamente las determinaciones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de permitir que el INAI sesione con su actual conformación y se realice la votación en el Senado a que se refiere el artículo 6 de la Constitución. El control judicial sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las acciones y omisiones de las autoridades resulta vital en democracia. Adicionalmente, hemos respaldado el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil para favorecer las designaciones pendientes en este órgano constitucional y en otras instituciones del Estado. El papel que realizan dichas organizaciones es irremplazable, y por ello es necesario proteger y potenciar el espacio cívico en el país.
Por todo lo anterior, alentamos una vez más a las autoridades competentes a que -con base en el diálogo, la búsqueda de consensos, la construcción de acuerdos, el entendimiento común y la buena fe- materialicen el nombramiento de las personas comisionadas del INAI pendientes de ser designadas. Elección que ha de realizarse en base a parámetros objetivos y transparentes, para asegurar que se seleccionen a las personas más idóneas. De igual forma, y como se ha hecho en otros procesos similares, exhortamos a que se escuchen las voces de la sociedad civil y otros actores relevantes en los procesos de designación. Para tal objetivo, invitamos a que se trace una ruta temporal de corto plazo, debidamente programada y verificable, que viabilice el cumplimiento del mandato constitucional de designar a las personas comisionadas y a que se atiendan los parámetros de la resolución de la Suprema Corte. Para materializar todo lo anterior, la Oficina que represento pone a disposición del Estado mexicano sus capacidades de asistencia y cooperación técnica.
Finalizo mi intervención con un sincero reconocimiento a la Relatora para México, la Comisionada Esmeralda Arosemena. Sus contribuciones a la promoción de los derechos humanos en el país han sido notables. Agradecemos su apertura y disposición para trabajar con la Oficina, pero, sobre todo, con el Estado mexicano en su conjunto, en aras del fortalecimiento de la democracia y las instituciones que garantizan la vigencia de los derechos humanos. Mucho éxito en sus futuros proyectos, apreciada comisionada Arosemena.
¡Muchas gracias!
Fin