Intervención de Guillermo Fernández-Maldonado en la inauguración del Diálogo Regional para impulsar una Ley General de Prevención y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Inicio estas breves palabras insistiendo en una idea central: la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas es esencial para construir, sostener y fortalecer la democracia. Cuando la libertad de expresión es atacada, cuando quienes defienden los derechos humanos temen por su vida, por su libertad o su integridad, toda la sociedad pierde. Desafortunadamente, en México, los ataques, amenazas y asesinatos de periodistas y de personas defensoras nos recuerdan la actualidad de ese riesgo.

Por ello, la voluntad de fortalecer el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, expresada por las autoridades mexicanas, debe ser reconocida. Es oportuno recordar que, desde 2019, el Estado mexicano solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), la elaboración de un diagnóstico integral sobre el mecanismo, fruto del cual se emitieron 104 recomendaciones al Estado, dirigidas a fortalecer sus tareas de prevención y protección. La reforma del marco legal también fue materia de un largo proceso, iniciado gracias a las propuestas de sociedad civil, que dio lugar a amplias discusiones impulsadas por el Congreso. Este esfuerzo de reforma legislativa recibe un nuevo impulso a través del proceso que se lanza el día de hoy.

En 2021 entró en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, gracias a la firma y ratificación de 12 países, incluido México. Se trata del primer tratado de nuestra región que reconoce y protege a las personas defensoras de derechos humanos, en particular a las personas que protegen el medio ambiente, uno de los grupos que enfrentan mayores riesgos.

Por ello, el proceso que hoy comienza, para la identificación de retos y alternativas, es también una oportunidad para proponer reformas legales que den cumplimiento al Acuerdo de Escazú en lo relativo a la protección de las personas defensoras.

Permítanme ahora recordar algunas de las bondades del mecanismo de Protección mexicano que consideramos deben ser fortalecidas:

• En primer lugar, la participación de sociedad civil que, desde la elaboración de la ley en 2012, hasta su operación diaria a través de la participación en la toma de decisiones de su Junta de Gobierno, ha sido esencial para ampliar la protección.
• La voluntad de lograr la articulación y participación de diferentes instituciones. Garantizar un ambiente propicio para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos no es responsabilidad de una sola institución sino del Estado en su conjunto.
• La necesidad de redoblar esfuerzos para la prevención de las agresiones. Se deben mantener las medidas de protección, pues salvan vidas. Pero el objetivo principal es generar las condiciones de seguridad que hagan innecesarias las medidas reactivas de protección, porque se identificaron y abordaron las causas del riesgo. Ninguna periodista está más protegida, que aquella que puede informar a la sociedad con libertad, sin requerir para ello escoltas u otras medidas de protección.
• La garantía de protección con independencia de la existencia de denuncias u otros requisitos. El riesgo vinculado a la labor de defensa o al ejercicio de la libertad de expresión es suficiente.
• La posibilidad de obtener protección por parte de una institución federal, ante la desconfianza, o incluso la participación de autoridades locales o estatales en las agresiones.

Así mismo, hay aspectos que la Ley de 2012 no pudo abordar por su propia naturaleza y que el proceso que hoy inicia brinda la oportunidad de retomar.

Destaco en especial la necesidad de comprometer de forma decidida a todas las autoridades, no solo federales, sino también estatales y municipales, en la garantía del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión. No debe seguir la paradójica situación de que muchas de las personas defensoras y periodistas que protege el Mecanismo de protección, son víctimas de agresiones por parte de autoridades: parte del estado protegiendo de otra parte agresora del propio estado. Es preciso garantizar que todas las autoridades sean garantes de derechos y ninguna fuente de riesgo.

Así mismo, la necesidad de fortalecer la protección ante las violencias y obstáculos específicos que enfrentan las mujeres defensoras y periodistas. Atender las situaciones de riesgo que enfrentan grupos particulares de personas defensoras de derechos humanos, como defensoras y defensores indígenas, jóvenes, defensoras de migrantes, de las personas desaparecidas, de los derechos sexuales y reproductivos, de la comunidad LGBTI, del medio ambiente, y a denunciantes de graves violaciones de derechos humanos, entre otros.

Una normativa protectora y alineada a estándares internacionales es un paso importante, pero es sólo parte de la solución. La ley por si sola no va a solucionar la situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Las autoridades y funcionarios que amenazan y agreden a periodistas o personas defensoras de derechos humanos no necesitan de una nueva ley para saber que no pueden hacerlo. Las leyes son herramientas y su poder transformador tiene lugar cuando se aplican de manera efectiva para cumplir con las obligaciones generales de respetar y protección de los derechos humanos.

Confiamos en que el proceso que hoy inicia, contribuirá con dotar o fortalecer herramientas efectivas para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la sociedad civil, las instituciones, autoridades, y las funcionarias y funcionarios públicos.

Muchas gracias.