Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos – Intervención en Firma de Acuerdo sobre la Guardia Nacional

Durante mi visita, he escuchado a múltiples actores hablar sobre los importantes y complejos retos que enfrenta México en materia de derechos humanos. La preocupación por la seguridad y sus impactos sobre la vida diaria de las personas han sido mencionados una y otra vez. Mi Oficina no puede estar ausente de los esfuerzos para superar los desafíos de un país con más de 40 mil personas desaparecidas, según registros oficiales, en el que nueve mujeres son asesinadas al día y que ha alcanzado tasas de homicidios altas desde 1990 en los últimos años.

El acuerdo que hoy firmamos demuestra el interés compartido por las partes en avanzar hacia un claro cambio de paradigma que coloque a los derechos humanos en el centro del accionar de la fuerza pública. La experiencia nos demuestra que no se puede lograr la seguridad sin un pleno respeto a los derechos humanos y no se pueden disfrutar los derechoshumanos sin condiciones de seguridad. Asimismo, cuando no se respetan los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia, lo que se genera es un ciclo creciente de violencia.

El acuerdo firmado hoy es amplio, va más allá de la capacitación e incorpora elementos que reforzarán el carácter civil que debe tener un cuerpo de seguridad, entre ellos: mecanismos de participación ciudadana, construcción de indicadores, mayor trasparencia, rendición de cuentas y dignificación y profesionalización de la función policial.

Uno de los elementos más relevantes en el proceso de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional fue la apertura para escuchar e incorporar diversos planteamientos de los grupos políticos del Congreso de la República, sociedad civil, academia, víctimas de graves violaciones de derechos humanos, organismos públicos de derechos humanos y agencias de Naciones Unidas.

Hoy celebro que fruto de este proceso, se alcanzó un consenso en una materia especialmente compleja, incorporando muchas de las preocupaciones y propuestas hechas por los diversos actores. Ese consenso es una muestra de madurez que confiamos ver reflejado también en el proceso de elaboración de la legislación secundaria derivada de la reforma: la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

Estoy convencida de que los actores que participaron en el proceso de elaboración de la reforma constitucional tienen mucho que aportar para la elaboración de estas leyes. Mi Oficina continuará apoyando estos procesos legislativos y su posterior implementación.

La Guardia Nacional representa una oportunidad para construir una corporación que haga compatible la obligación que tiene el Estado de proveerseguridad a su población y, al mismo tiempo, salvaguardar los derechos humanos de sus habitantes. De esta forma, se superaría el paradigma que en los últimos doce años ha desprotegido a las personas y ha sido una fuente de agravio para sus derechos.

Los esfuerzos centrados en la Guardia Nacional deben complementarse con el fortalecimiento del resto de corporaciones policiales. La debilidad estructural de los cuerpos policiales en todo el país puede revertirse por medio de la profesionalización de las policías y la dignificación de su labor. La dotación de suficientes recursos y la mejoría de los procesos de selección, capacitación y evaluación de su actuación resultan esenciales. También el reconocimiento y respeto de los derechos de quienes integran las corporaciones policiales son clave. La sociedad mexicana debe garantizar que sus policías cuenten con los recursos para desarrollar su labor, y con las condiciones para tener condiciones dignas de trabajo.

La responsabilidad de todas las autoridades en la garantía de la seguridad con pleno respeto a los derechos humanos es una obligación en cualquier país. Pero en un país federal como México, dónde los estados y municipios tienen competencias muy amplias relacionadas con la seguridad, ninguna política de seguridad podrá funcionar sin la efectiva participación y compromiso de dichas autoridades.

Finalmente, todo este trabajo se complementa con las recomendaciones internacionales hechas a México, y las estándares y decisiones de organismos regionales e internacionales como la Corte Interamericana de Derechos humanos, que ofrecen al Estado mexicano herramientas de cambio positivo para avanzar en la senda del respeto a los derechos.

Pongo a disposición de las autoridades mexicanas la experiencia de mi oficina en México acumulada a lo largo de los últimos dieciocho años en procesos de construcción de política pública, armonización legislativa, capacitación, construcción de indicadores, documentación de casos y participación de la sociedad civil.

Esta será una nueva contribución de mi Oficina, con un compromiso de largo plazo que permita tener cuerpos de seguridad confiables, efectivos y respetuosos de los derechos humanos.

Estoy convencida que la colaboración entre el Estado mexicano y mi Oficina tendrá un efecto transformador positivo para la realidad mexicana.