Palabras de apertura de Guillermo Fernández-Maldonado para la Segunda Mesa de la Presentación de los Principios sobre Entrevistas Efectivas para Investigación y Recopilación de Información

Es un dato fáctico el arraigo y persistencia de estas prácticas en funcionarios de instituciones mexicanas en el contexto de la investigación del delito. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI, la mitad de las personas que rindieron algún tipo de declaración ante autoridades ministeriales afirmaron haber recibido presiones de dichas autoridades para dar una versión distinta de los hechos. De las personas que fueron presentadas ante el Ministerio Público, el 40% dijeron que fueron amenazadas con levantarles cargos falsos y el 30% fueron presionadas para denunciar a una tercera persona.

Para hacer efectiva la coacción en la interacción con personas detenidas, las autoridades hacen uso de diversas prácticas que han sido reconocidas como tortura. De acuerdo con la citada encuesta, una cuarta parte de las personas que fueron presentadas ante el Ministerio Público dijeron haber sido víctima de alguna forma de asfixia, mientras que una quinta parte aseguró que las amenazaron con hacer daño a algún familiar.

La encuesta constituye una base sólida para sostener que la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes no son incidentes aislados o excesos de servidores públicos que se desvían de la legalidad, sino que son manifestaciones de un problema sistémico al interior de las instituciones de seguridad y de justicia en México.

La amplitud y normalización de prácticas que atentan contra la integridad personal al interior de las instituciones responde a múltiples causas, como la corrupción, la discriminación de grupos en situación de vulnerabilidad o la presión política para la rápida resolución de casos relevantes o de impacto social, entre otros.

Sin embargo, la documentación de este tipo de casos y los estudios sobre estas prácticas revelan que su arraigo también obedece a la falta de capacidad de las autoridades para llevar a cabo una investigación efectiva, incluso la simple interacción con personas que son entrevistadas en el contexto de la investigación.

Sobre esta base se podría sostener que parte de la recurrencia del fenómeno obedece a que, ante la falta de medios y capacidades para llevar a cabo una entrevista que permita obtener información relevante para la investigación, autoridades y funcionarios recurren a prácticas coercitivas para intentar subsanar u ocultar esas deficiencias profesionales y dar la apariencia de efectividad al ofrecer resultados para el proceso penal.

Se trata de un ciclo pernicioso, pues no sólo se construye sobre la violación de los derechos humanos de las personas entrevistadas, sino que convierte al proceso penal en un mecanismo fraudulento de justicia y de solución a los conflictos sociales. De esta forma, el injusto resultado lesiona tanto los derechos de la persona entrevistada como de la víctima del delito que se investiga y de la sociedad en general, que tiene interés en que la administración de justicia identifique y sancione a los verdaderos autores de los delitos. Es una nociva forma de encubrir la impunidad.

Es por lo anterior que los principios que hoy se presentan tienen el gran potencial de convertirse en una herramienta clave para la prevención de la tortura y otros malos tratos en la investigación del delito, contexto en el cual tienen lugar estas prácticas con mayor frecuencia en el país, de acuerdo a lo que han referido los mecanismos internacionales.

Estos principios trascienden la prohibición de la tortura y otros malos tratos, pues abarcan aquellas técnicas que, sin llegar a constituir estas prácticas, son también reprobables por basarse en el engaño y la manipulación para que una persona ofrezca versiones que las propias autoridades o funcionarios saben que no corresponden con la realidad y que ende derivan en una violación a las normas del debido proceso.

Es importante tener presente que estos principios surgen de un informe de la Relatoría especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Sin perjuicio de la labor de difusión que por ello correspondería emprender a la propia organización, esperamos que pronto sean retomados por el Consejo de Derechos Humanos para que lleguen a integrar el corpus de estándares internacionales de la ONU.

Mientras este proceso avanza en la esfera internacional, desde la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alentamos a los cuerpos de seguridad y a las fiscalías del país a hacer uso de los Principios sobre Entrevistas Efectivas para Investigación y Recopilación de Información, a difundirlos al interior de las instituciones e iniciar un proceso de capacitación para que sean aplicados por las personas que lleven a cabo entrevistas en el marco de la investigación del delito. Esta herramienta facilitará que utilicen técnicas efectivas para la obtención de información con pleno respeto a los estándares internacionales de derechos humanos. Tenemos la convicción que la efectiva aplicación de estos principios tendrá un impacto positivo no sólo para lograr un mayor respeto de los derechos humanos en el proceso penal, sino también para la eficacia del proceso penal, en un momento en que la sociedad mexicana, víctima de múltiples violencias, espera avances urgentes en erradicación de la impunidad.

Nuestras sinceras felicitaciones a todas las personas que colaboraron. para hacer posible esta valiosa obra y reiteramos la disposición de nuestra Oficina para promover su difusión y aplicación efectiva en el país.