Palabras de Guillermo Fernández-Maldonado en el Foro Regional de las Américas sobre Prevención de Conflictos y la Protección de los Derechos Humanos de las Minorías

Para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es un honor participar en la apertura del Foro Regional de las Américas sobre Prevención de Conflictos y la Protección de los Derechos Humanos de las Minorías y agradecer a las personas que me acompañan, a las panelistas y expertas y a quienes representan a los 20 Estados que participan. Un especial saludo a la Sra. Martha Delgado, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a través de ella nuestro agradecimiento a México por acoger este foro.

Extiendo mi reconocimiento al Relator Especial por la iniciativa de los foros regionales sobre cuestiones de minorías, así como al Instituto Tom Lantos y otros socios del Relator Especial, que hicieron posible este primer foro regional en las Américas.

Pocas veces el mundo ha experimentado, de forma simultánea, una perturbación tan compleja como la generada por la pandemia de COVID-19. La crisis sanitaria pluridimensional que vivimos y sus consecuencias han puesto de manifiesto la estrecha relación entre origen étnico, situación socioeconómica y resultados sanitarios. La pandemia tiene ha duras y desproporcionadas repercusiones en las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, incluidos los afrodescendientes.

Los datos disponibles coinciden en indicar que quienes pertenecen a las minorías tienen más probabilidades de morir por COVID-19 y son más afectados por sus consecuencias. En algunas minorías, como los afrodescendientes, la tasa de mortalidad es varias veces superior a las de otros grupos. La pandemia ha hecho más evidente las desigualdades en nuestras sociedades.

Con frecuencia, las minorías y otras poblaciones marginadas han sido excluidas de las medidas de protección sanitaria y mitigación del impacto socioeconómico. Con frecuencia están expuestas a discursos de odio y violencia e incluso se les ha culpado de propagar el virus, alimentando tensiones intercomunitarias.

La situación actual de distribución de vacunas, de disponibilidad y accesibilidad de bienes, servicios e instalaciones sanitarias de calidad, ratifica que el principio de no discriminación sigue siendo hoy un gran reto. La falta de recursos para sectores relacionados con la salud, la discriminación y desigualdad estructural, la marginación de comunidades, grupos y poblaciones enteras, son factores que explican en gran medida esta situación.

La pandemia ha puesto en primer plano las desigualdades y discriminaciones socioeconómicas de larga data, y aumentado el riesgo de conflictos y violencia que afectan a los pueblos indígenas. Mujeres y niñas indígenas están expuestas a múltiples formas de discriminación y corren un mayor riesgo de violencia. La inclusión de las voces de los pueblos indígenas en las estrategias de recuperación es una oportunidad para reducir las tensiones con los Estados.

Por su lado, las poblaciones romaníes están entre las más invisibles y discriminadas de la región. Salvo recientes excepciones, son pocas las políticas o programas oficiales dedicados a promover y proteger sus derechos.

La exclusión económica es causa, manifestación y consecuencia de la discriminación de las minorías. Muchas han sido históricamente excluidas de la participación efectiva en la vida económica. Cuando buscan empleo, a menudo son discriminadas sobre la base de su color, religión, idioma, nombre o lugar donde viven. Están a menudo subrepresentadas, incluso en los empleos en el sector público, pese a que la ley prohíbe la discriminación. Los proyectos de desarrollo económico o las actividades comerciales de gran escala realizadas sin su consulta previa en tierras y territorios donde viven minorías, han provocado desplazamiento, perpetuación de la pobreza y, en algunos casos, violencia.

En este complejo entorno mundial, la ONU-DH siguió ofreciendo su apoyo técnico a los Estados y demás actores pertinentes para contribuir con que las medidas para reconstruir para mejorar (“build back better”) coadyuven también a la vigencia de la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas y demás obligaciones en esta materia.

La ONU-DH da especial importancia a las cuestiones relativas a los derechos humanos de las minorías de la región, como la invisibilidad y exclusión de las minorías romaní/gitanas, el alarmante incremento del discurso de odio en las redes sociales, el uso excesivo de la fuerza por cuerpos policiales, la violencia contra las protestas pacíficas o las desigualdades sustanciales y el racismo contra la población afrodescendiente.

La ONU-DH siguió apoyando la participación de las minorías, en particular a través de su Programa de Becas para las Minorías, alentando acciones para promover la inclusión de la población afrodescendiente y otras minorías en las medidas gubernamentales para la atención de la emergencia por COVID o dando seguimiento a declaraciones racistas contra migrantes, a quienes se acusaba de propagar el COVID-19.

La ONU-DH espera contribuir con los debates y aguarda con interés las recomendaciones que emanen de este foro, cuyo tema destaca un aspecto clave en la prevención de los conflictos en el mundo: que los agravios, la exclusión y la violación de los derechos de las minorías, incluidos los pueblos indígenas, pueden provocar tensiones y conflictos si los Estados los ignoran.

Las sociedades florecen cuando se escuchan todas las voces, cuando se consideran todas las opiniones, cuando todas las personas participan. La diversidad humana es una riqueza, un activo, no una amenaza. A los Estados les corresponde crear las condiciones para la participación efectiva de las minorías como un aspecto integral de la buena gobernanza y la prevención de conflictos y una prioridad en sus esfuerzos por garantizar la igualdad y la no discriminación.

La crisis socioeconómica y humanitaria causada por la pandemia puede agravar el descontento y la conflictividad social. Son las medidas de los Estados las que pueden prevenir un mayor deterioro, entre otros, mediante garantías de participación efectiva y plural en la respuesta socioeconómica a la pandemia.

Una agenda común de protección debe brindar servicios esenciales a las personas excluidas o en situación de mayor vulnerabilidad y a quienes tienen necesidades específicas. Desde la ONU-DH reiteramos la plena disponibilidad de seguir apoyando técnicamente a los Estados en el objetivo compartido de preservar la dignidad humana, prevenir las violaciones de los derechos humanos y responder con rapidez y eficacia cuando se produzcan.

Muchas gracias y los mayores éxitos para el foro que hoy inicia.

Fin