Palabras de Guillermo Fernández-Maldonado en la presentación del libro “El tratado sobre las empresas y los derechos humanos: perspectivas latinoamericanas”

Permítanme iniciar estas palabras expresando que para ONU-DH, el análisis desde diferentes perspectivas que contiene esta publicación, constituye un insumo de gran utilidad para avanzar en este esfuerzo compartido de identificar los obstáculos y las mejores prácticas sobre el deber de proteger y respetar los derechos en el marco de las actividades empresariales.

En particular, el libro nos ofrece una valiosa perspectiva desde América Latina sobre las obligaciones de los Estados en materia de empresas y derechos humanos, y lo que podría aportar para el diseño de un instrumento internacional que organice y brinde certeza jurídica en la materia. De otro lado, su lanzamiento tiene lugar en un momento crucial, con avances en las regulaciones de la actividad económica en materia de derechos humanos, para lo cual esta obra ofrece un abordaje profundo de temas clave, preservando en el centro a las víctimas y sus derechos, como el acceso a la justicia.

Como ha indicado Soledad García Muñoz, Relatora Especial DESCA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ADN de esta publicación es latinoamericano. La obra recoge aportes de autoría de personas de diferentes países,  con una reflexión desde la realidad y las miradas jurídicas de Latinoamérica, enfocada en los puntos clave de las discusiones de los últimos años en Ginebra y de hecho hace sólo pocas semanas, en el marco de la 8ª sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta.

Gobiernos y organizaciones de América Latina han sido muy activos en las sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental. Han realizado aportes técnicos a los documentos de negociación, impulsado la inclusión de estándares claros de derechos humanos en la regulación de las actividades económicas y resaltado la relevancia que tiene para la protección de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. La sistematización de varios aportes a las discusiones desde las visiones y la experiencia regional cumple no sólo la importante función de informar, sino también de promover que se incorporen más actores a la discusión en curso. Sería un enorme logro que el esfuerzo que contiene esta obra impulse otros similares, dentro y fuera de la academia.

El segundo aspecto a destacar es que el libro proporciona insumos que pueden contribuir con las negociaciones para un acuerdo internacional. Tras diez años de vigencia de los Principios Rectores, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU evaluó los logros y los retos de su implementación. Una de sus conclusiones fue que los enfoques voluntarios no son suficientes por si solos. Es decir que, para alcanzar el objetivo de garantizar los derechos humanos en esta esfera, es preciso que coexistan enfoques voluntarios y obligaciones legales. En varios de los capítulos de la obra se reconoce la complementariedad de los Principios Rectores con un instrumento jurídicamente vinculante.

En este sentido, como describe Humberto Cantú Rivera, las negociaciones hacia un tratado en la materia constituyen también una oportunidad para avanzar en la implementación de los Principios Rectores. La adopción de un tratado hace posible establecer criterios internacionales compartidos y expresa la urgencia de atender el tema de empresas y derechos humanos.

Un tercer aporte del libro es que profundiza en las discusiones clave del proyecto de tratado: el alcance, las obligaciones del Estado y de las empresas, la responsabilidad jurídica y el acceso a la justicia, pero cuidando de mantener en primer plano a las víctimas y sus derechos. El acceso a la justicia y la reparación para las personas que han sido víctimas de abusos a derechos humanos en el marco de actividades empresariales, plantean numerosos desafíos jurídicos y prácticos en todo el mundo. Ante ello la pregunta fundamental es si el instrumento internacional en curso de negociación incorpora las medidas necesarias para hacer frente a esos desafíos.

La cuarta parte del libro profundiza sobre los cuatro pilares principales de esa discusión: la necesaria incorporación de estándares internacionales sobre reparación integral; los principales retos y las posibles soluciones en el marco del litigio civil transnacional; el significado de la jurisdicción desde el derecho internacional público y privado; y finalmente, la relevancia que tiene la cooperación judicial internacional para el acceso a la justicia y la reparación. Esos elementos centrales del proyecto podrían contribuir a facilitar el acceso a la justicia.

Sabemos que las Naciones Unidas es el foro idóneo para la negociación multilateral y el proceso actual ofrece claras oportunidades para discutir la ruta para avanzar en la garantía de los derechos humanos, en el ámbito de las actividades empresariales. Las reflexiones de obras como ésta nutren técnicamente el debate.

Toda normativa, política y acción debe responder a los retos particulares de la realidad de cada región. Por eso es importante recordar que América Latina es la región donde tienen lugar más ataques a personas defensoras de los derechos humanos que, basados en la ley, defienden la tierra y territorio, el agua y la naturaleza, ante determinadas actividades empresariales. También es la región más desigual del mundo, que nos exige revisar las causas profundas que la produce, pero también analizar el papel que en ello han tenido la corrupción y determinados desempeños corporativos. Como identifica Fernanda Hopenhaym, en la región hay múltiples abusos de empresas extranjeras, pero también múltiples empresas con sede en América Latina que han sido responsables de afectaciones a los derechos humanos en nuestra región y en otras regiones. Como ha señalado la CEPAL, debemos abandonar el modelo de desarrollo generador de desigualdad y violencia, para avanzar a uno que sea más inclusivo, con enfoque de derechos humanos y género, respetuoso del ambiente.

En su intervención al abrir la octava sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, preguntó: “¿Cómo podemos establecer la responsabilidad jurídica de las empresas si no tenemos normas jurídicas claras? Esto puede conducir a la impunidad empresarial por abusos a los derechos humanos.”

Aunque las empresas no operan en un vacío legal, pues existen marcos jurídicos nacionales que regulan su actividad, es cierto que el presente proceso de negociación es una gran oportunidad para que los Estados, con el apoyo de distintas partes interesadas, incluyendo la sociedad civil y la academia, establezcan un marco jurídico internacional que defina con certeza estándares mínimos de conducta empresarial responsable desde el derecho internacional de los derechos humanos.

En ese sentido, la priorización de la prevención por medio de la debida diligencia en derechos humanos, y en su defecto, a través de un efectivo acceso a la justicia, particularmente en casos de litigio transnacional, como objetivos centrales del proyecto de tratado, son apuestas que complementarían de gran manera el hito que representaron los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos hace más de una década.

Permítanme terminar esta intervención destacando la gravedad de las crisis globales que debemos enfrentar como humanidad. En un marco de creciente polarización y discursos de odio y violencia, hoy es más importante que nunca sumar esfuerzos y generar alianzas desde los actores estatales y no estatales, la academia y las organizaciones internacionales, para promover diálogos respetuosos, constructivos, enfocados en soluciones innovadoras que respondan de manera efectiva a estos retos globales, que son retos de derechos humanos. Celebramos el lanzamiento de esta importante obra en español, porque es una contribución a ese tipo de debates y porque puede ser la inspiración de nuevos esfuerzos hacia la construcción de un régimen jurídico global desde la realidad y perspectivas de América Latina.