Palabras de Guillermo Fernández-Maldonado para el foro “Desafíos y Oportunidades: La Responsabilidad Empresarial y la Protección de los Derechos Humanos en México”

Pero permítanme iniciar recordando algunos aspectos que considero importantes para abordar la temática que nos convoca.  En primer lugar, invitarles a abandonar la percepción de que los derechos humanos son una especie de meta utópica que en horizonte lejano es deseable alcanzar. En realidad, los derechos humanos son un conjunto de derechos mínimos en torno a los cuales los estados miembros de la ONU lograron ponerse de acuerdo en reconocer para todas las personas, en todo lugar y en todo momento. Debajo de ese mínimo no existe una vida digna. Por ello la necesidad de atenderlos con carácter de urgencia.

Un segundo aspecto que destacar es que, si bien es muy importante conocer, expresar apoyo, compromiso y promover los derechos humanos por todos los actores, debemos tener claridad que no estamos ante un tema optativo. El respeto de los derechos humanos es una obligación legal contenida en las normas de mayor jerarquía de nuestros países. Por ello el verdadero debate debe estar centrado en cómo, desde el estado y los actores no estatales, como las empresas, se pueden sumar esfuerzos para cerrar la enorme brecha entre los derechos reconocidos y su vigencia efectiva para todas las personas. Precisamente, la tarea de los Ombudsman, del sistema interamericano de derechos humanos y de nuestra oficina, es contribuir técnicamente con los actores estatales y no estatales para que esto suceda.

Un tercer aspecto al que considero importante prestar atención es la percepción del estado y de las obligaciones en materia de derechos humanos. Por mucho tiempo se concibió al estado como el presunto violador de derechos – a la luz de lo ocurrido en la segunda guerra mundial – y el reconocimiento de los derechos humanos inalienables – pero con acento individualista – como un freno, un límite a la acción estatal.  Hoy se concibe al estado como el garante y no el presunto violador de derechos. Si hay un estado es precisamente para asegurar la vigencia efectiva de los derechos humanos, individuales, colectivos y difusos, de todas las personas. Hoy se precisa y se busca la acción no la inacción estatal. Además, hemos aprendido que las afectaciones a los derechos humanos no sólo provienen de la acción o inacción de actores estatales, sino de actores no estatales, como las empresas.  Sin embargo, también hemos sido testigos que la mejor forma de enfrentar los retos y las crisis de la modernidad es, precisamente, mediante la suma de esfuerzos del estado, la sociedad y el sector empresarial, hacia el objetivo compartido de sociedades más justas y pacíficas, con plena vigencia de los derechos humanos sin discriminación.

Aunque para muchas personas hoy parece una pesadilla del pasado, creo importante obtener lecciones de estos años de pandemia, de los numerosos impactos sociales y económicos que generó en nuestra región, de la forma en que hizo más evidentes nuestras debilidades y profundas desigualdades.

En este escenario post pandemia, debemos no sólo obtener lecciones aprendidas sino también reflexionar sobre como construimos un mejor futuro que garantice que los derechos humanos sean el centro y la guía de la acción del Estado y del sector empresarial.

Esta terrible pandemia desnudó nuestras debilidades y desigualdades como países y como sociedades; la desigualdad ya era conocida, somos la región más desigual, pero la pandemia mostró cuan profunda es, nos hizo ver a millones de seres humanos en una situación de extrema vulnerabilidad y desprotección. Precisamente por ello, proporcionalmente, nuestra región ha sido la más afectada de todo el mundo.

Recordemos que la pandemia y las medidas para combatirla se nos presentaron inicialmente como una crisis de salud, pero conforme se extendió en el tiempo comprobamos que fue mucho más que eso. La vacunación, por ejemplo, nos evidenció otra expresión de la desigualdad, esta vez entre países ricos y pobres. Pero en general, con el paso del tiempo fue clara la gravedad del escenario que nos dejaba la pandemia: décadas de retroceso en materia de pobreza y desempleo, desprotección social y por supuesto un enorme impacto en la economía de los países, hoy expresada entre la inflación y la recesión, especialmente en quienes estaban en situación de mayor vulnerabilidad.  Dicho esto, de la misma forma que nadie pensó en una pandemia global de esas dimensiones, tampoco nadie avizoró la posibilidad de una nueva guerra en Europa.

La CEPAL hizo un llamado a reconstruir las economías dejando a un lado los aspectos del modelo de desarrollo que causaron estas desigualdades, aspectos que además calificó como ineficientes para la economía de los países, las empresas y las personas. Por ello la CEPAL consideraba que la reconstrucción tras la crisis de la pandemia podría ser, por ende, una ventana de oportunidad para no regresar a lo mismo, sino para sumar esfuerzos para avanzar a un modelo mejor, más inclusivo, sostenible, respetuoso del ambiente, con un enfoque de derechos humanos y género, como señala la agenda 2030 de desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás.

En este contexto es que el Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. António Guterres, hizo un llamado a la acción urgente para atender la crisis de Derechos Humanos. El llamado a la acción sobre los derechos humanos coloca los problemas más urgentes de nuestro mundo en una perspectiva de derechos. Se trata de problemas que requieren de la acción colectiva para la construcción de nuevos acuerdos y organización social que prioricen la dignidad.

El llamado a la Acción plantea siete áreas críticas[1] que pueden ser una guía para la respuesta ante los retos que enfrenta México, nuestra región y todo el mundo:

1)  Los derechos en el corazón del desarrollo sostenible; pensar en el desarrollo sostenido basado en los derechos económicos, civiles, culturales, políticos y sociales. Garantizar que las personas accedan a los recursos y servicios esenciales y también a una vida de participación ciudadana y política.

2) Los derechos en épocas de crisis; Las crisis agravan la situación de varios grupos y en especial de aquellos que ya estaban en desventaja, en este sentido es fundamental hacer énfasis en las niñas y mujeres, las minorías, las personas mayores, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y otros grupos de población que han sufrido de manera desproporcionada.

3) La igualdad de género y la igualdad de derechos para las mujeres; Más de la mitad de la población ha sido generalmente excluida de la toma de decisiones, de la formulación de marcos normativos y sujeta a las máximas muestras de violación de derechos y de violencia, es necesario repensar la construcción de sistemas socioeconómicos, de gobierno y seguridad en el que ellas estén incluidas y sean partícipes.

4) La participación de la ciudadanía y el espacio cívico; Las sociedades se fortalecen cuando mujeres y hombres puede participar activamente de la vida y discusión pública y hoy tenemos más posibilidades y plataformas para hacerlo, sin embargo, hay también respuestas y amenazas que cierran estos espacios y que imponen mayores restricciones a las libertades de expresión, participación, reunión y asociación. Cada vez vemos más amenazas a periodistas, organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación.

5) Los derechos de las generaciones futuras, incluido un medio ambiente sano, limpio y seguro; hoy está reconocido el derecho al ambiente como un derecho humano y la emergencia climática pone en peligro no sólo el disfrute de nuestros derechos fundamentales hoy, sino que pone el peligro del disfrute de estos derechos para las generaciones futuras. Es por ello por lo que los más jóvenes son quienes exigen y con razón, que las autoridades asuman compromisos palpables, y soluciones y medidas concretas. Estas medidas deben tomarse a todos los niveles y movilizar a todos los agentes de la sociedad, incluyendo por supuesto al sector empresarial.

6) Garantizar un mundo digital seguro; Las tecnologías digitales ofrecen nuevos medios para promover, defender y ejercer nuestros derechos, y por ello se han convertido también en un espacio de vigilancia, represión, censura o acoso, que afecta sobre todo a personas defensoras de derechos humanos. La virtualidad no ha de cancelar los derechos humanos y debiera se asequible para todas las personas.

7) Los derechos en el centro de la acción colectiva. Las crisis que estamos viviendo no puede afrontarse sin el multilateralismo, y sin la responsabilidad y la acción de todas y todos.

Este es un espacio idóneo para poner de relieve que este llamado a la acción que hace el Secretario General no es solo para los Estados; es un llamado para todos los integrantes y todas las instituciones de la sociedad, y sobre todo para aquellas que tienen la posibilidad de alzar la voz por quienes hoy no pueden hacerlo y, en consecuencia, se llegue acciones que generen cambios sustantivos. En este sentido tanto el sector empresarial como las organizaciones de sociedad civil juegan un papel fundamental.

Este evento también es propicio para reflexionar como Estados, empresas, organismos internacionales y sociedad civil, sobre si hemos observado un avance en la agenda de Empresas y Derechos Humanos y sobre hacia dónde tendríamos que avanzar en adelante.

Permítanme retomar algunas ideas sobre de la importancia del trabajo y de la colaboración para avanzar en la agenda derechos humanos, que de alguna manera ya nos adelantan los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos.

Como sabemos, los tres pilares de los principios rectores, “Proteger, Respetar y Remediar”, establecen cómo los gobiernos y las empresas deben poner a las personas y sus derechos en el centro al momento de hacer negocios.

Es preciso avanzar en marcos normativos fuertes y mecanismos de exigibilidad adecuados que eviten que una crisis sea utilizada como argumento, por los gobiernos y las empresas, para eludir o postergar el cumplimiento de los compromisos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos.

Hoy es también fundamental estar alerta ante los crecientes riesgos para el espacio cívico y las amenazas y ataques a las personas defensoras de derechos humanos. Desafortunadamente, en nuestra región seguimos observando un aumento de los ataques a las personas defensoras del medio ambiente, de la tierra y el territorio, de los derechos de las mujeres, de pueblos indígenas, del colectivo LGBTI+ y derechos laborales, entre otros.

Como he señalado, la salida de la crisis puede ser la oportunidad de generar un trabajo colectivo que nos lleve a repensar y diseñar un mejor modelo, uno que nos permita corregir las fallas e ineficiencias que nos han llevado hoy a tener enormes brechas de desigualdad. Alcanzarlo depende del trabajo conjunto del Estado, las empresas y la sociedad en su conjunto.

El Estado tiene la principal responsabilidad en la construcción de nuevas políticas públicas, pero las empresas tienen mucho que aportar sobre la mejor forma de ir reduciendo estas brechas, sobre la base de que existe un interés compartido para avanzar como país hacia la construcción de una agenda derechos humanos que responda a los retos y necesidades de México.

Los Estados deben poner particular énfasis en el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos y exigir igual cumplimiento a sus empresas públicas, que debieran ser modelo de ello, por ejemplo, al realizar procesos de debida diligencia en la contratación pública o llevar a cabo consultas previas, libres e informadas y culturalmente apropiadas en el caso de desarrollo de proyectos que puedan afectar a pueblos y comunidades indígenas.

Las empresas por su lado, al margen de las acciones que emprendan los gobiernos, tienen que RESPETAR los derechos humanos. Los principios en su segundo pilar nos recuerdan que las empresas deben llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos, siendo ésta la piedra angular de la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos.

Es innegable que hoy las empresas están ante un reto importante, pues en un marco de crisis económica, las ausencias del Estado o las respuestas del Estado pueden afectar sobremanera la actividad empresarial; sin embargo, es también es una gran oportunidad para ratificar el compromiso con la conducta empresarial responsable; hoy es el momento para efectivamente abrazar la debida diligencia y repensar esa vuelta a la normalidad desde un lugar en el que se prevenga, se mitigue y se reparen los posibles impactos en derechos humanos.

Es cierto también que se han logrado avances significativos tanto desde los gobiernos como desde el sector empresarial. Cada vez vemos más gobiernos interesados en generar planes nacionales de acción en materia empresas y derechos humanos; o empresas e inversionistas que hacen énfasis en la importancia de tener procesos de debida diligencia, evaluación de impactos y políticas internas en materia de derechos humanos. Donde observamos progresos limitados es en cuanto a la reparación.

Este tercer pilar del que nos hablan los principios Rectores, hoy en tiempos de crisis y bajo este contexto, no es posible dejarlo sin contenido y sin consecuencias tanto para el Estado como las empresas. Significa no responder, ser indiferente ante las víctimas y las comunidades directamente afectadas. El enfoque no es el de buscar culpables sino el de encontrar soluciones y para ello debemos preguntarnos ¿cuáles son los obstáculos que nos impiden avanzar en la reparación? Lo planteado desde la perspectiva del respeto y de la garantía no logra el impacto esperado si no hay reparación y medidas de no repetición.

Estamos convencidos que espacios como éste nos permiten ir construyendo desde la experiencia y la realidad de la región, pero también nos permiten combatir la polarización, desarticular los discursos que propagan prejuicios y estigmatización. Necesitamos abrir espacios de dialogo multiactor que hagan evidente que en la realidad no todo es blanco o negro sino una variedad de grises, que el trabajo de la sociedad civil y las personas defensoras es y ha sido fundamental en la construcción de espacios más democráticos para toda la sociedad, que hay empresas y sectores empresariales que han apostado y están avanzando hacia la construcción de negocios más justos y alineados a los derechos humanos.  Nuestros países, nuestras sociedades, requieren de una respuesta colectiva ante la crisis que hoy estamos viviendo y la reconstrucción de un modelo de desarrollo capaz de cerrar las brechas de desigualdad, este objetivo compartido no será posible de alcanzar si no nos escuchamos, si no damos la presunción de buena fe, si no rompemos los prejuicios y la estigmatización entre todas las personas y actores.

Muchas gracias