Palabras de Guillermo Fernández-Maldonado para el Foro “Los derechos humanos al agua y saneamiento y los derechos interdependientes en la Nueva Ley General de Aguas”

La ONU-DH trabaja en México desde 2002, con el mandato de contribuir con el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Nuestro trabajo sobre el derecho al agua y saneamiento se amplió en 2017, tras la visita del entonces Relator Especial, Leo Heller, que visitó varios estados del país y se reunió con muchas contrapartes, para culminar con un informe que identifica problemas clave y realiza 20 recomendaciones, a las que damos seguimiento.

La primera recomendación al Estado mexicano fue que “Promulgue sin dilación indebida y en plena colaboración con todos los interesados pertinentes, teniendo en cuenta sus opiniones y preocupaciones, una legislación general revisada sobre el agua, en la cual se dé pleno efecto y significado a los derechos humanos al agua y el saneamiento consagrados en el derecho internacional y en la Constitución de México”.

El Relator también hizo recomendaciones que destacan la interdependiencia de los derechos: “una vigilancia y supervisión de la calidad del agua potable más estrictas y orientadas a la protección de la salud”; “eliminar el impacto que la recogida y el transporte de agua y las tareas relacionadas con el agua y el saneamiento en el hogar tiene en la posibilidad de que las mujeres se dediquen al trabajo y la posibilidad de que las niñas accedan a la educación”; “investigaciones independientes sobre los efectos en el medio ambiente y la salud de los proyectos de desarrollo”

Desde 2017, la ONU-DH documenta y acompaña casos emblemáticos de estos derechos, como el que nos convocó días atrás en Temacapulin, Jalisco, por la Presa el Zapotillo; la falta de acceso al agua de los Pueblos Yaquis en Sonora o de las comunidades zapotecas de los valles centrales de Oaxaca; la contaminación del Río Atoyac y su impacto en la salud y la vida; el impacto de la soya transgénica y el glifosato en las comunidades mayas de Campeche.

Hemos observado un sostenido incremento de conflictos e impactos en torno al agua, el saneamiento y derechos interdependientes, así como de las amenazas y ataques contra las personas defensoras de estos derechos. En la mayoría de casos es evidente que la falta de una regulación adecuada está en la base del problema; esta omisión incluso dificulta el desarrollo de buenas prácticas, como la debida diligencia de las empresas y la gestión comunitaria del agua.

Somos conscientes que la sola aprobación de esta ley no resolverá los retos, pero sin duda será clave para superar obstáculos y promover avances. Reconocemos que su aprobación e implementación entraña grandes retos, pero existen dos factores muy favorables para ello:

El primero, que los estándares internacionales sobre los derechos al agua, saneamiento y sus derechos interdependientes, hoy tienen un gran desarrollo. No me refiero sólo a la Observación General 15 del Comité DESC, que estableció los principios de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad, calidad y seguridad, sino también otros tratados vinculados, como el Convenio 169 de la OIT, pero en especial los informes temáticos de procedimientos especiales, que desarrollan interseccionalidades e interdependencias.

Los informes de la Relatoría Especial sobre agua y saneamiento son un punto de partida obligado. Hablamos del informe sobre la igualdad de género en estos derechos, enfocado en la regulación de servicios, o el referido al impacto de los megaproyectos, así como el de mercantilización y financiarización que presentó este año el Relator Pedro Arrojo, que hoy nos acompaña. Pero también está el informe sobre las repercusiones negativas de los plaguicidas de la Relatoría sobre el derecho a la alimentación o sobre la crisis mundial del agua de la Relatoría de medio ambiente. Todos están disponibles en sus páginas web y pueden aportar claridad y respuestas a retos específicos sobre la aprobación e implementación de la Ley General.

El segundo factor positivo es que, pese al retraso, esta ley se mantiene como una prioridad para todos los actores, como las autoridades que nos acompañan, las organizaciones civiles, empresas, organismos de derechos humanos y muchas personas y comunidades de todo el país. Haber generado muchos espacios de discusión como éste, ha enriquecido las propuestas desde el contexto mexicano, que se han integrado a través de consensos. Se trata de un proceso participativo inédito que seguiremos presentando al mundo como una buena práctica.

No podemos omitir que, en tanto México no cuente con esta regulación armonizada, no estará en condiciones de cumplir con las obligaciones y recomendaciones internacionales, incluso el ODS 6 de la Agenda 2030, y mantendrá fuertes impactos negativos en múltiples derechos, en especial de quienes tienen mayores niveles de pobreza, discriminación y marginación, como las personas migrantes, las mujeres, la niñez y las comunidades indígenas y rurales. La Ley General es una herramienta única para atender sus necesidades e impactos diferenciados y para que las empresas reduzcan sus impactos negativos y contribuyan con su reparación. Es esencial convertir esta oportunidad en una realidad.

Esta larga pandemia sigue socavando la capacidad de familias y comunidades para cubrir sus necesidades básicas, incluso el agua, el saneamiento, la vivienda y la salud. Se trata de una situación urgente que precisa del mayor apoyo posible.

Nuestra Oficina reitera su compromiso de asistir y acompañar técnicamente a todos los actores concernidos para la aprobación e implementación de esta Ley General, con base en los más altos estándares internacionales, y apoyar medidas complementarias, como los indicadores de derechos humanos y el enfoque de derechos.

Muchas gracias