Palabras de Guillermo Fernández-Maldonado para la presentación del XXVII Informe de Tlachinollan

El Informe que hoy nos convoca, es una pieza notable que inicia honrando a personas valientes, a quienes me hubiera gustado tener el privilegio de conocer, por su trayectoria en favor de la justicia y la verdad: Saúl, Lupita, Pepe, Consuelo y Bernardo. El ejercicio de memoria y evocación ante su partida nos adelanta la mirada con la que se concibe el informe: dar voz y poner rostro a las personas, reconocer sus historias de vida y asumir un compromiso ante su partida física, sobre las nobles causas que enarbolaron.

El informe nos ofrece también la expresión de la fotografía como arte, mitigando la crudeza de lo que narra, al tiempo que transmite aquello que la palabra no logra. Nos comparte como Tlachinollan enfrenta la pandemia, no cerrando sus puertas, sino adaptándose a las nuevas circunstancias para sostener un servicio insustituible para las personas que acuden a sus oficinas en búsqueda de una asesoría, una orientación o incluso un consuelo. Personas que, por su condición de vulnerabilidad, no podían tampoco pausar sus vidas, pues de su trabajo cotidiano depende obtener el sustento mínimo.

La información desagregada de quienes acuden a “Tlachi” ratifica que son personas de escasos recursos, en su mayoría indígenas, del mundo rural, dedicadas a la agricultura, de empleos precarios y escolaridad baja. Personas -en gran parte mujeres- que se sobreponen a la situación de vulnerabilidad por su fortaleza, su decisión de salir adelante, de resistir y no doblegarse.

El informe adopta un enfoque tridimensional: el de derechos humanos, el de género y el intercultural. Ello permite analizar los temas desde tres ángulos que nos ayudan a comprender mejor los fenómenos en el estado de Guerrero: la violencia de género, la desaparición de personas, las disputas comunitarias, la defensa de la tierra y los recursos naturales, las deficiencias del sistema de justicia, la corrupción, la colusión entre criminalidad y autoridades, la pandemia, la criminalidad impune, el proceso electoral del 2021 (trastocado por episodios de violencia), los impactos de la industria minera, el desplazamiento interno forzado, el reclutamiento de niños, los matrimonios forzados de niñas, la herencia y vigencia de los cacicazgos, por citar algunos.

El informe ofrece un análisis estructural y una radiografía de los problemas más graves -cruzados por una violencia tan extrema e incesante-, pero también nos proporciona la mirada de las víctimas de casos concretos que han estremecido no solamente al estado de Guerrero, sino a todo México. Su voz está reflejada de tal suerte que de lo analítico se transita al valor de lo testimonial, acercándonos a aquellas personas que han padecido la violencia de género, la discriminación, la desaparición de un ser querido, el despojo, la arbitrariedad, el atropello, el abandono, la apatía y otras múltiples formas de violencia de autoridades, la delincuencia y entidades empresariales.

Yendo a algunos apartados específicos, debo mencionar la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Este capítulo ratifica como este caso ha cambiado al país, al estado de Guerrero, a las organizaciones acompañantes y a las familias de las víctimas a 7 años de ocurridos los hechos. La valentía y dignidad de todas las personas que luchan por el derecho a saber la verdad de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014, es ya un importante legado para el movimiento de derechos humanos en el país.

El recuento y los testimonios del informe sobre el caso Ayotzinapa dan cuenta de que aún existe la necesidad de verdad y justicia, de familias que no se cansan de luchar contra un sistema de procuración de justicia y judicial que –aun con la voluntad y valentía de funcionarios e incluso oficinas gubernamentales completas– les queda mucho a deber; de la importancia de que la voluntad política vaya de la mano con resultados e información sustanciales y relevantes en la investigación.

En este sentido, desde la Oficina replicamos los siguientes mensajes que se desprenden del informe, al ser especialmente relevantes para romper los pactos de impunidad y silencio que por muchos años han impedido a las familias conocer el paradero de sus hijos:

1. Las instituciones de procuración de justicia, especialmente la Fiscalía General de la República, debe garantizar que todo su personal y oficinas, más allá de la Fiscalía especial, estén al servicio de la justicia y la verdad en este caso.
2. Las autoridades deben utilizar todas las herramientas del sistema jurídico mexicano para identificar y erradicar la complicidad entre actores y estatales que obstaculiza el avance del caso.
3. La Secretaría de la Defensa Nacional debe contribuir al caso mediante el libre acceso a toda la información relevante conforme a la ley. Las omisiones o negligencias que dificulten o impidan el acceso a la información deben ser investigadas y sancionadas.

El informe logra plasmar una importante parte de su lucha de las familias, de lo que han debido enfrentar en estos siete años de búsqueda de justicia y verdad.

En otro capítulo, el informe rescata la historia de Vicente Iván Suástegui Muñoz, defensor de los derechos humanos. La narración de su defensa del territorio y los derechos de las comunidades frente al objetivo de construir la Presa La Parota, refleja la difícil realidad de las personas defensoras de los derechos humanos en Guerrero como en otros estados.

El informe no sólo nos recoge las violaciones a los derechos humanos sufridas por Vicente sino también por su familia, particularmente su padre, Pedro Suástegui, y su hermano Marco Antonio. Revela cómo se truncó su proyecto de vida en Estados Unidos y la necesidad de regresar a México para continuar la defensa de los derechos humanos, su desplazamiento forzado a Acapulco y su vida como taxista. Se trata de un relato que va entremezclando las violaciones a los derechos humanos, la criminalización, la detención… hasta su desaparición con las afectaciones a su vida diaria.

La libertad de expresión es la piedra angular de una sociedad democrática. Quienes defienden derechos humanos deben gozar de dicha libertad, de su derecho a la reunión pacífica, de la posibilidad de solicitar y transmitir información y de poder hacerlo en un entorno seguro. Las personas defensoras de derechos humanos evidencian injusticias, prácticas ilegales y violaciones de derechos humanos, papel fundamental para que otras personas puedan gozar de todos sus derechos humanos sin discriminación y en un entorno seguro.

El informe que hoy se nos presenta da vivo testimonio de la lucha de Vicente Suástegui por los derechos humanos, pero también denuncia las violaciones a sus derechos humanos, particularmente su detención arbitraria, su desaparición, las deficiencias en el trabajo de la Fiscalía y la incapacidad para dar con su paradero.

La obligación de proteger el derecho a la vida exige que los Estados adopten medidas especiales para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, cuya vida corra riesgo por amenazas o pautas preexistentes de violencia, como las personas defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, siguen en situación de alta vulnerabilidad, por su trabajo son víctimas de agresiones, intimidaciones, criminalización y hasta asesinatos y desapariciones, todo esto exacerbado por la falta de rendición de cuentas y una extendida impunidad. El caso de Vicente Suástegui refleja esta dura realidad.

Su desaparición nos da una perspectiva de la violencia de actores estatales y no estatales  contra quienes defienden derechos humanos, pero también sobre las vicisitudes en torno a la búsqueda de las personas desaparecidas en México.

Tras aprobarse la Ley contra la Desaparición Forzada y por Particulares en México, en 2017,  se esperaba que las autoridades encargadas de la investigación y la búsqueda enfrentaran de manera distinta sus retos. No obstante, el caso de Vicente muestra la ausencia de una implementación en el estado de Guerrero de protocolos de investigación y búsqueda, registro, política pública y medidas de no repetición.

El informe detalla, con habilidad etnográfica, la manera en que las jornadas de búsqueda se han realizado, tras la desaparición de Vicente el 5 de agosto de 2021. Nos sumerge en un contexto de inseguridad en territorios donde el Estado parece no tener control e incluso los vehículos oficiales no pueden transitar. La presencia de grupos armados que controlan el territorio mostraba su incomodidad frente a las acciones de búsqueda, iniciadas días después de su desaparición.

El principio rector número 14 para la búsqueda de personas desaparecidas del Comité contra la Desaparición Forzada, señala que la búsqueda debe de desarrollarse en condiciones seguras, lo cual incluye no sólo la coordinación interinstitucional de las autoridades intervinientes sino también la obligación de dotar de medidas de protección a las víctimas, para que puedan seguir realizando su búsqueda en espacios de participación efectiva. De acuerdo al informe, este principio ha estado muy lejos de cumplirse.

Permítanme citar el informe de Tlachinollan, al referir el camino de la búsqueda que ha tenido que pasar por “el calor, el suelo seco, charcos de agua, los arbustos, las espinas, vidrios, aguas negras, toneladas de basura, casas abandonadas en medio de los arbustos, caminos derrumbados, vehículos abandonados (…) ruidos de detonaciones de armas”, entre otros avatares. Se trata de un claro contraste entre lo que llaman el Acapulco turístico y el Acapulco rural, lugar sin servicios básicos, pero base del desarrollo turístico.

Si bien dos personas han sido detenidas y se espera el cumplimiento de al menos cuatro órdenes de aprehensión, no se sabe aún el destino de Vicente. La descripción gráfica en el informe permite visualizar esa escena, de lo que es una playa paradisíaca con la evidencia de la realidad del estado en una lona con la foto de Vicente, mostrando cómo el turismo y la violencia son las caras de la misma moneda en el estado de Guerrero.

Como dice Marco Antonio, hermano de Vicente, la idea es sacar a Vicente de las “tinieblas para traerlo a la luz, en medio de las olas de sangre” en las que se sobrevive. El impulso que los familiares con el apoyo del Centro Tlachinollan ha sido fundamentales para que la búsqueda de Vicente se concrete y se haya llevado hasta lugares de difícil acceso, al tiempo que coloca nuevas perspectivas en los desafíos de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas en el país.

Otro capítulo relevante del informe se refiere a la violencia que se ejerce en contra de mujeres y niñas en la región de la montaña. Se trata de una “radiografía” de la geografía y las características de los feminicidios ocurridos en los últimos años, de aquellos que son documentados por medios y organizaciones, que desafortunadamente no son la totalidad.

Tlachinollan registró de 100 muertes violentas de mujeres y niñas entre 2004 y octubre de 2021, resaltando un importante incremento de la violencia contra niñas y adolescentes. El informe presenta numerosos casos que caracterizan las múltiples violencias que se sufren de manera cotidiana en la Montaña de Guerrero.

La violencia justificada en “tradiciones/usos y costumbres”, los feminicidios crecientes contra mujeres, niñas y adolescentes; las construcciones de hipótesis sobre presuntos suicidios que esconden la violencia machista y perpetúan la impunidad. Las víctimas indirectas, incluyendo niños/as testigas de los crímenes, que se enfrentan la discriminación, indolencia y revictimización por las autoridades encargadas de procurar justicia. La propia ONU DH ha tenido oportunidad de conocer de primera mano algunos de los casos litigados por Tlachinollan, en donde hemos podido confirmar la falta de debida diligencia con perspectiva de derechos humanos y género en las investigaciones.

También el informe alude a las consecuencias sociales por la presencia y acción del crimen organizado en la zona. El contexto de terror y de inseguridad, junto con la producción y consumo de sustancias y la creciente ocupación de los hombres de las comunidades en actividades ilícitas, generan descomposición social que redunda en aquellas poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad: las mujeres y las niñas.

A los casos de feminicidio y muertes violentas de mujeres, se suma el incremento de casos de violencia sexual, también de violencia obstétrica…donde  subyace una violencia institucional que no permite dar pasos firmes para combatir la discriminación y la impunidad.

Un elemento esencial sobre los casos que se presenta es su labor de acompañamiento psicosocial a las víctimas. Ha sido muy importante para quienes trabajamos en derechos humanos incorporar esta perspectiva adicional a los procesos jurídicos, aspecto poco conocido. Procurar recuperar las vidas de las víctimas indirectas, en su proyecto de vida pero también en lo comunitario, es parte fundamental de las medidas reparatorias pero no pueden esperar hasta que la sentencia las mandate. Por lo tanto el acompañamiento psicosocial es un pilar necesario en todos los casos.

Retomo un párrafo del informe, que considero que resume la problemática:

 “Todas las muertes violentas son inaceptables, más aún cuando se trata de homicidios dolosos que se perpetraron contra mujeres por razones de género (…). No debieron ocurrir, porque la mayoría podían haberse evitado: cuando, frente a actos de violencia previa a su muerte, las mujeres pidieron ayuda y no hubo una respuesta; cuando su situación no fue notificada a los servicios de procuración de justicia y por tanto no se dictaron medidas cautelares u órdenes de protección para protegerlas de sus agresores, cuando decidieron acudir a denunciar violencia a esos mismos servicios luego de ser abusadas física o sexualmente y las autoridades no les brindaron protección; cuando las autoridades no actuaron con la diligencia debida y perdieron la oportunidad de rescatarlas de los agresores y las revictimizaron actuando con prejuicios y estereotipos de género”[1].

El informe también hace referencia a la lucha inagotable de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú por la justicia. Los agravios en su contra llevaron, después de un largo y no sencillo camino, a una sentencia contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010, que determinó que había sido víctima de graves violaciones a los derechos humanos a una vida libre de violencia; a no ser torturada; a la integridad personal de sus familiares; a la protección de la dignidad y la vida privada; y al debido proceso y las garantías judiciales; en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”.

La sentencia determina 16 medidas reparatorias tanto individuales como comunitarias y a 11 años de su emisión, si bien se han cumplimentado algunas, resulta necesario insistir en la implementación y seguimiento a las medidas dictadas por la Sentencia. Es así que se puede garantizar la reparación integral con miras a la no repetición de los hechos.

En este 2021, se materializó el Centro Comunitario Guwá Kumá Inés Fernández Ortega “Casa de los saberes”, diseñado y acompañado por mujeres Mè’phàà, con la intención de que sea un hogar para el libre intercambio de ideas, para el acceso a la justicia y con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las mujeres en un contexto que se vuelve, lamentablemente, cada vez más violento y hostil contra ellas”.

Desde la ONU DH reconocemos el acompañamiento incansable de Tlachinollan en esta construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencia para mujeres y niñas en la Montaña de Guerrero.

Finalmente, también el informe aborda la situación de la población jornalera agrícola, donde se muestran las causas y consecuencias de una cadena de violaciones a los derechos humanos que se han agravado durante la pandemia.  Como causas quisiera resaltar la falta de respeto y protección a la libre determinación y desarrollo de los pueblos indígenas en sus tierras y territorios, la imposición de obras y acciones externas que les afectan, y el retraso histórico y discriminatorio en la garantía progresiva de los derechos sociales de esas comunidades, incluyendo sus derechos a acceder a un trabajo con condiciones dignas y con seguridad social.

Como lo describe el informe, estas condiciones han provocado la migración de muchas familias de la Montaña de Guerrero a otras partes de México y del extranjero en búsqueda de su subsistencia, sufriendo riesgos y agresiones en su camino, así como impactos diferenciados, por ejemplo para las mujeres que realizan trabajos de cuidado, sólo para terminar en esquemas de explotación y desatención aún más grandes que sus necesidades básicas como vivienda, agua y servicios de atención a la salud, que adquirieron mayor urgencia ante la pandemia. La ausencia de medidas sanitarias básicas provocaron múltiples contagios y pérdidas de vidas entre la población jornalera agrícola y de sus familias, cuya labor ha sido crucial para asegurar la alimentación de miles de personas, muchas de las cuales podían continuar sus labores desde casa, pero nunca sin alimentos.

Ante esta realidad, nuestra Oficina se une al llamado a que las autoridades den prioridad a los derechos sociales de la población jornalera agrícola, con acciones afirmativas para las mujeres jornaleras, a la par de atender las causas estructurales de su migración y que existan las condiciones adecuadas de desarrollo en sus propias tierras y territorios. Es fundamental que las autoridades fortalezcan los mecanismos de accesos a sistemas de salud y seguridad social de las personas jornaleras, y que se incremente y aseguren las inspecciones laborales a los campos de trabajo y en este sentido llamar a cuentas al sector privado.

Corresponde también hacer un firme llamado al sector empresarial vinculado con la cadena de producción agrícola a que verifique que se lleven a cabo adecuados procesos de reclutamiento y garantice que todas las condiciones dignas laborales, de salud y de vivienda estén aseguradas para las personas jornaleras, conforme  con la normativa laboral vigente.

No quiero tomar más tiempo de quienes nos escuchan. Finalizo felicitando a Abel y a todo el equipo de Tlachinollan por el excelente trabajo realizado a lo largo de este año y por este informe que sintetiza y muestra de manera ejemplar la situación de los derechos humanos en la Montaña de Guerrero.

Muchas gracias