Palabras de inauguración de Jan Jarab en el “Foro sobre Tortura y Desaparición Forzada y cometida por particulares en México”

La tortura y la desaparición de personas son dos conductas ampliamente repudiadas a nivel internacional. La normatividad supranacional es basta y la institucionalidad que promueve su erradicación, diversa y especializada. Sin embargo, los esfuerzos desplegados a nivel mundial han sido insuficientes para erradicar la tortura y la desaparición de personas – la desaparición forzada propiamente dicha, y también la desaparición cometida por particulares.

México no sólo no escapa a esta realidad sino que enfrenta una situación muy preocupante en ambas materias. Los organismos internacionales especializados en derechos humanos  lo han expresado en un concierto de voces. El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Comité contra la Desaparición Forzada; el Comité contra la Tortura; el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (por sí misma luego de su visita in situ de 2015 y a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), y el propio Alto Comisionado de la ONU para los Derechos humanos han coincidido en los últimos cinco años en un diagnóstico crítico, pero también –cabe subrayarlo- en el diseño de una ruta propositiva y constructiva, confeccionada desde la buena fe y con un ánimo de cooperación con el Estado mexicano.

Dicho concierto de voces sólo se explica gracias a la apertura del Estado mexicano al escrutinio internacional, al vigor de la sociedad civil y a víctimas valientes y decididas que han remontado el miedo, roto el silencio y demandado verdad, justicia y reparación.

La ruta diseñada desde el ámbito internacional nos impulsa a la transformación y a no caer en el fatalismo o la resignación. Para contribuir a la superación de los retos que enfrenta el país en materia de tortura y desapariciones de personas, los organismos internacionales de derechos humanos han formulado al Estado mexicano numerosas recomendaciones concretas. En ellas se llama a México, entre otros aspectos, a:

• reconocer la dimensión de ambas problemáticas, como paso necesario para su erradicación y solución;
• desarrollar políticas de prevención;
• investigar diligentemente la tortura y desaparición de personas a efecto de poner fin a la impunidad;
• garantizar el acceso efectivo a la justicia;
• adoptar todas las medidas necesarias para lograr una búsqueda efectiva que permita encontrar a las personas desaparecidas;
• brindar apoyo y protección a las familias y a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos;
• adoptar enfoques diferenciados que permitan proteger de manera especializada a las víctimas (adoptado un enfoque de género, garantizando el interés superior del niño y la niña, protegiendo a grupos especialmente vulnerables como las personas con discapacidad, reconociendo la dignidad de las personas de la diversidad sexual y las necesidades particulares que enfrentan las personas migrantes, por ejemplo);
• contar con registros efectivos de detención;
• regular el uso de la fuerza de conformidad con los más altos estándares internacionales;
• profesionalizar e independizar los servicios periciales y forenses;
• reparar de manera integral y adecuada a las víctimas.

La sociedad civil ha jugado un rol central en la detección de los problemas que enfrenta México en materia de tortura y desaparición de personas, al igual que en la formulación de alternativas para su superación. Su contribución ha sido notable:

• desde la documentación de casos;
• el acompañamiento a víctimas;
• la potenciación de un contexto de exigencia;
• hasta la formulación de propuestas transformativas;
• la creación de espacios y narrativas en favor de la memoria y en contra del olvido;
• la rendición de cuentas;
• y, evidentemente, el impulso de una conciencia pública, muestra de ello es este Foro en el que hoy nos encontramos.

Los retos para las organizaciones de la sociedad civil han sido múltiples. El universo de casos las ha colocado ante una demanda que en muchas ocasiones les desborda y que invariablemente les llama a una mayor especialización y profesionalismo.

De igual forma, las condiciones de violencia e impunidad que han fomentado y agudizado la práctica de la tortura y la desaparición de personas las ha llevado a enfrentar riesgos y descalificaciones que ameritan ser exorcizados desde el quehacer público. A las y los defensores de derechos humanos, varios aquí reunidos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos les reafirma su compromiso de seguir caminando juntos en la erradicación de tortura y desaparición de personas.

El gobierno mexicano, por su parte, ha tomado mayor conciencia del problema que enfrenta en materia de tortura y desaparición de personas. Se establecieran nuevas instituciones y políticas, destacando la adopción de los protocolos homologados a nivel nacional para la investigación de ambos delitos y la creación de entidades especializadas al interior de la Procuraduría General de la República. A nivel estatal también se registran nuevas medidas, aunque de manera dispar y sin las mismas capacidades que a nivel federal. En el ámbito legislativo hoy se debaten importantes proyectos de ley en materia de tortura y desaparición que espero pronto se adopten; confiamos en que retomarán los más altos estándares internacionales.

Dichas transformaciones normativas e institucionales -saludables y bienvenidas- deben traducirse en  acciones concretas y traspasar el ámbito de lo formal. En este contexto, es muy importante construir o fortalecer instituciones que podrían gozar de la confianza de las víctimas y del grande público, garantizando la imparcialidad, independencia y profesionalismo. Por ejemplo, como nuestra Oficina ya propuso varias veces, sería útil  crear una institución forense y pericial independiente y una organización  nacional de búsqueda de las personas desaparecidas.  Podemos añadir que también es importante garantizar que las comisiones estatales de derechos humanos sean encabezadas por  personas con un perfil y trayectoria distinguida en la defensa de  derechos humanos, y no por representantes de intereses políticos.

Para concluir, permítanme reiterar que la construcción e implementación de una agenda en favor de la erradicación de la tortura y la desaparición de personas solamente será posible si coloca a las víctimas de ambas calamidades en el epicentro de la conducta de todas y todos: autoridades nacionales y estatales, sociedad civil y organismos internacionales, nacionales y estatales de derechos humanos. Cabe recordar que son las víctimas y sus familiares quienes tienen la palabra final en cuanto a la actuación de las autoridades en la lucha contra la tortura y la desaparición de personas. Es la confianza de ellas la que las autoridades deben ganar a través de un desempeño cada vez mejor.

Además, debemos profundizar la lucha contra la aceptación social de la tortura y la desaparición – contra la convicción de una parte de la opinión pública que asume que estos atropellos únicamente afectan a los “otros”, a aquellos que se piensa “se los buscaron”. La lucha contra este prejuicio sigue siendo una tarea conjunta de todos los actores mencionados.

En nombre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el mío propio quiero expresar una vez más nuestra plena solidaridad y empatía con las víctimas de tortura, con las personas desaparecidas y con sus familiares. Con su ayuda seguiremos trabajando en diversos procesos y espacios a su lado; asimismo, buscaremos renovadas formas creativas para ser más efectivos.

¡Muchas gracias!