Palabras de Jan Jarab para el Cuarto Foro Regional en Materia de Migración y Protección Internacional: Desafíos en el acceso a la justicia para niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad
Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Nashieli Ramírez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
Estimadas y estimados integrantes del Presídium,
Amigas y amigos,
Muy buenos días a todas y todos.
Es un gran honor y un placer estar hoy aquí con Ustedes. Permítanme, por favor, empezar expresando la satisfacción de mi Oficina – la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – de ser parte de este esfuerzo colectivo entre órganos jurisdiccionales, organismos y agencias internacionales y actores de la sociedad civil, y la satisfacción de que el concurso se consolide y expanda año con año.
Asimismo, quería expresar mi reconocimiento al Ministro Presidente, Luis María Aguilar, por el impulso que la Suprema Corte la ha dado a este concurso, sin duda una contribución notable de su gestión como presidente que valoramos mucho.
Es muy destacable el papel del poder judicial en la defensa de los derechos humanos – y en el año del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es aún más relevante que los derechos humanos se conviertan en el eje rector de toda actuación judicial.
También es destacable el creciente y esperanzador involucramiento del Poder Judicial en la agenda de los derechos de las personas en el contexto de la movilidad – incluso, niños, niñas y adolescentes, el tema del concurso de hoy – como lo evidencia la riqueza de resoluciones participantes, sentencias garantistas, inspiradoras e innovadoras.
Sin embargo, no podemos olvidar que la intervención del Poder Judicial es no solamente reactiva sino correctiva, lo que implica que ya ha habido personas lesionadas en sus derechos; por lo que es preciso insistir en el desarrollo de políticas públicas que prevengan la transgresión de derechos y respeten y protejan los derechos de la población migrante, sujeta de protección internacional o desplazada.
Hay que resaltar que las personas migrantes y sujetas de protección enfrentan barreras y obstáculos para acceder a la justicia – por ejemplo, si denuncian delitos de los cuales fueron víctimas, están en riesgo de ser detenidas ellas y no los perpetradores, por lo que debemos entender que las sentencias participantes son apenas la proverbial “punta del iceberg”. Ello nos debe llevar redoblar los esfuerzos para adoptar de medidas efectivas de acceso a la justicia.
No puedo dejar de mencionar que el contexto actual, de la transición política, nos ofrece una gran oportunidad para cambiar las políticas:
- Una oportunidad de reconocer la existencia de la brecha entre retórica positiva en foros internacionales y la realidad de las políticas enfocadas en control de migración – en los tres Ds: detección, detención y deportación – y de intentar de superar esta brecha.
- Una oportunidad de reconocer que estas políticas no sólo violan sistemáticamente los derechos humanos, sino que empujan a los migrantes a la clandestinidad cada vez más profunda, exponiéndoles entonces a riesgos por parte del crimen organizado, al riesgo de secuestro, trata y homicidios – y de empezar a construir una política distinta, con un enfoque de seguridad humana y de derechos humanos.
- Una oportunidad de reconocer que estas políticas deshumanizan los propios servidores públicos y que contribuyen a las prácticas de extorsión y muchos otros abusos que deben de ser erradicados.
- Una oportunidad de reconocer que las estaciones migratorias no representan “alojamiento” sino detención, privación de libertad; que las alternativas a la detención deben existir no sólo como proyectos pilotos; que la detención no debe ser la regla sino la excepción.
- Una oportunidad de reconocer – y establecer en la práctica – que el interés superior del niño prevalece sobre su estatus migratorio.
- Una oportunidad de garantizar el debido proceso en todos tipos de procedimiento.
- Una oportunidad de garantizar el acceso a la justicia para los migrantes (como víctimas de delitos), sin que sean ellos mismos denunciados a las autoridades migratorias, detenidos y deportados.
- Una oportunidad de garantizar el acceso al derecho a la salud, derecho de los niños a la educación y a otros derechos económicos, sociales y culturales, sin que los migrantes sean denunciados a las autoridades migratorias, detenidos y deportados.
- Y finalmente, una oportunidad de reconocer el fenómeno del desplazamiento interno forzado y desarrollar políticas para enfrentarlo.
En este último punto quería reconocer la iniciativa pionera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su propuesta legislativa en materia del desplazamiento forzado interno. Asimismo, quería saludar las medidas cautelares emitidas por la CNDH para los migrantes hondureños, integrantes de la caravana que se encuentra en la frontera entre Guatemala y México.
Muchas gracias por su atención.
Fin