Palabras de Jan Jarab para el Foro: “Los retos de la Justicia Transicional en México”

Es para la Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos un verdadero honor participar en esta importante jornada. La satisfacción es doble. En primer lugar, por ser testigos de la acertada entrega del Premio Notre Dame 2018 al colectivo Solecito. Desde la Oficina saludamos el acierto de la Universidad de Notre Dame de entregar su muy prestigiado premio a un conjunto de personas valientes que han sabido portar con dignidad el terrible dolor que supone contar con un familiar desaparecido, al tiempo que reivindican con firmeza e inteligencia sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la memoria y a las garantías de no repetición.

Como ya apuntó la Señora Michelle Bachelet, en su importante mensaje en el que por primera vez se dirige directamente al pueblo de México en su calidad de Alta Comisionada para los Derechos Humanos, al igual que la mayoría de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, Solecito está integrado mayoritariamente por mujeres. Es muy destacado el papel que han desarrollado las mujeres en el combate de las desapariciones. Son ellas (ustedes, las mujeres) quienes se han puesto a la vanguardia de un movimiento de víctimas que movidas por el dolor y el amor a sus seres queridos han elevado la voz y reivindicado sus derechos. Se trata del movimiento más esperanzador que tiene México, el cual debe ser reconocido permanentemente y al que se le deben reconocer, resarcir y garantizar plenamente sus derechos.

La segunda razón por las que nos sentimos privilegiados de tomar parte en esta jornada es la temática que nos convoca. México, lo hemos dicho varios actores nacionales e internacionales, atraviesa por una grave crisis en materia de derechos humanos. Las más de 37 mil desapariciones oficialmente registradas (y sin duda muchas otras no registradas, no denunciadas), las fosas clandestinas, los homicidios y feminicidios, la tortura, el desplazamiento forzado interno, los ataques a periodistas y personas que defienden los derechos humanos (criminalización, asesinatos de defensores…), las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, sus tierras y aguas concesionadas,y de los refugiados y migrantes, también desaparecidos, asesinados, detenidos, son parte de un entorno que golpea a miles de personas, trastoca seriamente las relaciones sociales y corroe la confianza de la sociedad en las autoridades e instituciones del Estado ante la falta de soluciones que permitan revertir la situación.

La realidad nacional nos compele a concebir formas creativas que permitan al país remontar su momento aciago. Hay que reformar y fortalecer la justicia ordinaria y sobre todo la procuración de justicia – para que las procuradurías y fiscalías dejen de ser lugares de impunidad – pero también tenemos que pensar de mecanismos extraordinarios.

Por fortuna, el futuro gobierno parece que así también lo ha entendido y ha hecho anuncios tendientes a retomar las herramientas de la justicia transicional para superar el estado adverso de cosas. La coyuntura política actual abre una ventana de oportunidad para que la justicia transicional pase de ser algo abstracto y distante a una política pública verdaderamente transformativa para México. De las varias propuestas de cambios de políticas anunciadas por el próximo gobierno, las que entran en el ámbito de la justicia transicional son de las más alentadoras, pero al mismo tiempo serán de las más desafiantes.

Como todos sabemos, se trata de un tema en el cual México tuvo una experiencia desafortunada en los primeros años del siglo XXI, durante la administración del Presidente Vicente Fox. Las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la etapa de la así denominada “Guerra Sucia” no fueron cabalmente atendidas por la primera alternancia política del México contemporáneo. Aquel intento no trajo justicia, no reparó a las víctimas, no develó la verdad, no abonó a la construcción de la memoria, y (lo que hoy resulta dolorosamente evidente) tampoco brindó garantías de no repetición. El fracaso de aquel intento en alguna medida contribuyó a la generación de un contexto como el actual. Su descalabro mandó un poderoso mensaje simbólico de que la impunidad, la ausencia de rendición de cuentas, la falta de respeto a las víctimas y la desmemoria tienen una capacidad infinita para imponerse.

Fue inmediatamente después de consumado ese fracaso que se inauguró la sangrienta “guerra contra el narcotráfico” – una etapa caracterizada por el uso de la fuerza sin límites ni contrapesos, por la ausencia de controles efectivos y de una reproducción ascendente de la violencia. Una política que sacrificó a los derechos humanos al altar de la “seguridad”, pero la seguridad también empeoró, los homicidios triplicaron.

Desde la Oficina de la Alta Comisionada apoyaremos la intención de superar la lógica imperante en los últimos 12 años en materia de seguridad; superar la lógica disfuncional de combatir la violencia con más violencia, la lógica que sólo resultó en la normalización de la violencia cada vez más extrema. Lo que no implica, evidentemente, que se deba ensanchar la impunidad, sino al contrario, es preciso fortalecer la capacidad del Estado para superar también este flagelo que en parte significativa explica la reproducción de la violencia (y la aceptabilidad por amplios sectores de la población de la “mano dura”). Hay que romper este paradigma, este círculo vicioso, esta espiral de violencia caracterizada por la ausencia de rendición de cuentas y por demandas que apelan al uso desbordado de la fuerza y a la violación de los derechos humanos.

Pero hay que evitar la confusión entre las dos agendas, del cambio del modelo de seguridad y de la justicia transicional. La política de seguridad sí debe cambiar, y es un reto; y sin duda el cambio de esta política debe ser concebido como parte de las garantías de no repetición. Sin embargo, la justicia transicional no se puede considerar como parte de la política de seguridad. Cuando hablamos de la justicia transicional, no se trata de cómo vamos a enfrentar la delincuencia – hablamos sobre todo de la responsabilidad del estado, de sus corporaciones y de sus integrantes involucrados directa o indirectamente, por acción u omisión, en graves violaciones de derechos humanos.

Amigas y amigos,

La experiencia internacional, recogida por las Naciones Unidas en varios documentos puede ser útil. El acervo generado por la Relatoría Especial en la materia del Consejo de Derechos Humanos es igualmente valioso.

Evidentemente, los contextos son distintos en cada país y los modelos no se pueden transpolar de manera mecánica. Esto aplica aún más para el caso mexicano con sus peculiaridades. Sin embargo, la experiencia de otros sí debe ser analizada porque nos muestra que las soluciones no son sencillas, mucho menos mágicas; que los dilemas son múltiples, difíciles y dolorosos; de hecho, que no hay procesos de justicia transicional totalmente ajenos a la controversia. Dichas experiencias, por otro lado, nos han mostrado que hay errores ya identificados, los cuales deben evitarse a toda costa. Innovar, sí, pero sin ignorar las lecciones ya aprendidas.

De hecho, estamos convencidos que México no debe caer en la tentación de precipitar su proceso; que un proceso bien diseñado, con una evaluación profunda e inclusiva de los “pros” y los “contras” de cada opción, puede ser mucho más exitoso que un proceso apresurado. En la justicia transicional no caben los atajos. La desesperación es grande (lo sabemos), pero nunca tan grande como la desesperanza que se genera cuando un proceso de esta naturaleza, ambición y generosidad naufraga. ¡A la desesperación no cabe sumarle la desesperanza!

Como Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos nos permitimos colocar las siguientes doce propuestas o premisas sobre la justicia transicional, mismas que esperamos poder trabajar en el futuro próximo de manera colectiva:

1. Que toda medida de justicia transicional coloque los derechos y necesidades de las víctimas en el centro; garantice plenamente y de forma efectiva su involucramiento en su diseño, implementación y evaluación, y sea precedida de una consulta amplia, incluyente y participativa con ellas y con otros actores relevantes de la academia, la sociedad civil y entes públicos y privados especializados.
2. Que las políticas que lleguen a adoptarse en este ámbito partan de un enfoque holístico basado en cuatro pilares: justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.
3. Que en la determinación de las políticas de justicia transicional se definan claramente los objetivos buscados y los derechos que pretenden garantizarse sobre la base del reconocimiento y análisis objetivo del contexto específico que caracteriza al país.
4. Que las políticas de justicia transicional recuperen las lecciones aprendidas de otros países y ponderen las mejores prácticas a efecto de potenciar su viabilidad, materializar sus objetivos y mitigar los riesgos.
5. Que se desarrolle una política de persecución penal estratégica que permita investigar con eficacia y sancionar adecuadamente las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en México.
6. Que se establezca un mecanismo de combate a la impunidad, con posible participación internacional.
7. Que cualquier medida legislativa o administrativa que pretenda inhibir el deber del estado de investigar, juzgar y sancionar conductas delictivas se ajuste estrictamente al derecho internacional y, por tanto, no opere en favor de personas que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos o crímenes internacionales, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones o torturas. Las víctimas no piden venganza, exigen justicia; y los perpetradores ni siquiera están pidiendo perdón.
8. Que se establezcan mecanismos y procesos tendientes a garantizar el derecho a la verdad, tales como comisiones de la verdad y de investigación, así como medidas efectivas para tutelar el pleno acceso a todos los archivos públicos pertinentes.
9. Que se desplieguen medidas efectivas para garantizar el derecho a la memoria acerca de las graves violaciones a los derechos humanos.
10. Que se instrumente un programa administrativo de reparación integral a gran escala para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
11. Que las medidas específicas que se instrumenten abarque de manera especial el legado de la violencia política acaecido en la etapa de la así denominada “Guerra Sucia”.
12. Que las medidas que se adopten atiendan las necesidades específicas de ciertos grupos de población especialmente afectados por la violencia, tales como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes y pueblos indígenas.

Amigas y amigos,

El Solecito está integrado por personas que miran de frente a las estrellas, que han tomado el nombre de una de ellas, la que nos ilumina en esta tierra y nos da el calor que hace posible nuestra existencia. Mantengamos en este foro encendida la luz de la esperanza de salir de la oscuridad, como lo dijo Lucia Diaz. Las mamás de Solecito y de otros colectivos tienen derecho a la esperanza.

¡Muchas gracias!